La Junta moviliza mil millones para inyectar liquidez

Más de 8,3 millones de andaluces cumplieron ayer su segunda semana de confinamiento desde que el sábado 14 de marzo el Gobierno central aprobara el estado de alarma. Salvo excepciones, la sociedad andaluza está respondiendo de manera adecuada y responsable frente a la crisis provocada por la epidemia del Covid-19, cuyo paciente cero se registró en la comunidad el 26 de febrero en Málaga, la provincia que sigue contabilizando el mayor número de personas infectadas y de fallecidos.

El confinamiento de la población andaluza, que mantiene unos índices de infectados menor a la media nacional, ha sido puesto de ejemplo por los responsables del Gobierno español.

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido este fin de semana intensificar el Estado de Alarma y ha decretado un cierre total de la actividad económica salvo las esenciales. Esta medida había sido ya reclamada pr el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Sin embargo, ayer lamentó que se haya aprobado sin haberlo consensuado con las comunidades autónomas y que tampoco se haya dado un plaza de 48 ó 72 horas para que los empresarios puedan reaccionar y culminar algunas gestiones (desde guardar material a entregar pedidos).

Esta situación de encierro está teniendo, y va a seguir haciéndolo, unas duras repercusiones en la economía andaluza, una región que lucha desde hace años por converger con la media española y europea, pero que sigue a la cola en Producto Interior Bruto -no llega al 75% del PIB de la UE- y en desempleo, con una tasa de paro superior al 20%, con más de 80.000 personas sin trabajar.

Por ello, Andalucía puede ser una de las regiones que sufra en mayor medida este parón económico, para el que pocos organismos e instituciones se atreven a dar previsiones. El más contundente ha sido el banco norteamericano Goldman Sachs, que considera que la economía española se hundirá un 9,7% y el déficit llegará hasta el entorno del 10%.

La Junta tenía una previsión de crecimiento del 1,9% de la economía regional para 2020, así como del empleo, pero a estas alturas el Gobierno andaluz se prepara también para el peor de los escenarios: una fuerte recesión, aunque de forma temporal.

Ante a ello, el Ejecutivo de Juanma Moreno está reconfigurando sus presupuestos y modificando partidas para hacer frente a las dos grandes batallas: la sanitaria, prioritaria en estos momentos, y la económica y social, necesaria para salir de la actual situación de parálisis. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el segundo día del estado de alarma un primer paquete de medidas urgentes que movilizará unos 1.000 millones de euros.

El decreto ley aprobado incluyó, por una parte, actuaciones de apoyo financiero a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que suponen la movilización de 900 millones para respaldar su actividad y recoge, además, una dotación inicial de 100 millones para crear un Fondo de contingencia sanitaria destinada a reforzar plantillas sanitarias y comprar material. La Junta ha evaluado que deberá dedicar más de 341,5 millones al sistema sanitario para combatir la pandemia De esa cantidad, 183,4 millones serán gastos de personal; 133,6 millones, gastos en bienes corrientes, y 24,4 millones, inversiones.

Entre las medidas de apoyo a las empresas que recoge el decreto ley, se establece que la Junta no suspenderá los pagos a las empresas contratadas por la Administración a pesar de que éstas no puedan desarrollar sus actividades con motivo del cierre parcial de dependencias administrativas o entes instrumentales de la Administración autonómica, siempre que la empresa acredite la permanencia de la plantilla en las mismas condiciones laborales.

Además, en materia de respaldo financiero y para solventar eventuales problemas de acceso a liquidez, se concede una subvención de hasta 36 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de hasta 500 millones de euros.

La Junta articula, además, avales para dar respuesta a las necesidades de las empresas, destinando 20 millones a la línea Andalucía, financiación empresarial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. Se estima que esta medida tendrá un efecto multiplicador por cinco, de manera que posibilitará la concesión de préstamos por parte de las entidades colaboradoras por un volumen de hasta 100 millones dirigidos a las pymes y autónomos.

El decreto ley recoge asimismo actuaciones con el fin de favorecer la liquidez de las familias, pymes y autónomos en el ámbito de las competencias tributarias autonómicas. Así, plantea una ampliación del plazo de presentación y pago de tres meses adicionales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El impacto de esta medida asciende a unos 270 millones, que se inyectan en la economía andaluza por el retraso en el cobro de impuestos, lo que supone un préstamo a corto plazo y sin intereses a los sectores productivos.