Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: “El Gobierno debe facilitar que hagamos obras público-privadas para reactivar la economía”
Tras un año y medio en la Consejería -pandemia incluida- ha puesto en orden las cuentas pendientes, ha reactivado numerosos proyectos y ha presentado una nueva Ley del Suelo con la que pretende simplificar y agilizar inversiones, pero reconoce que la incertidumbre presupuestaria actual le impide comprometerse a dar plazos.
El presidente de la Junta aseguró que Andalucía va a redoblar sus esfuerzos en inversión. ¿Cómo se va a hacer esto?
Se trata de ser eficaces y ejecutar el presupuesto. Hace un año y tres meses, cuando llegamos al poder, dijimos que nos comprometíamos a ejecutar el presupuesto del que dispusiéramos. Hasta ahora, se pintaban presupuestos muy importantes, pero no se ejecutaban, no se alcanzaba ni el 70%, y millones de euros se quedaban sin ejecutar. El presupuesto de 2020 está aprobado. No nos ha parado ni la Covid-19, y en estos meses hemos trabajado lo suficiente para que todo se cumpla. En el momento en el que se levantó la suspensión de la capacidad para contratar y licitar de la Administración, nos pusimos manos a la obra. En cuanto pudimos sacamos en tromba contratos de todo tipo, lo que supone una inversión de 268 millones de euros. Y 400 millones de euros son los que se han reactivado.
Entonces, ¿se va a mantener la inversión?
Hoy por hoy, primero hay que hacer frente a las facturas sanitarias. Aún no sabemos cómo va a ser el presupuesto de 2021 por la situación de incertidumbre económica en la que han caído los ingresos propios de la Junta; y también porque no sabemos qué va a hacer el Estado con Andalucía. Tampoco sabemos qué va a venir de los Fondos Europeos, ni en cuantía ni en proyectos, aunque parece que una gran partida vendrá destinada a la movilidad urbana, que ojalá llegue rápido para licitar las obras de esos proyectos. Por lo tanto, hay que esperar porque en estos momentos ahora hay nubarrones sobre la economía.
¿Se refiere a la paralización de nuevos proyectos o incluso a los ya en marcha?
Esta consejería, que es inversora, no contaba con un “banco de proyectos” para poder licitarlos de forma inmediata. Nosotros hemos tenido que actualizar algunos proyectos. Hoy mismo hemos anunciado el segundo contrato para actualizar el tramo Sur del Metro de Sevilla, un proyecto de 2011 que el Gobierno anterior dejó caducar. Lo que estamos haciendo ahora es un trabajo para tener proyectos de una forma continuada. Es momento de realizar proyectos medianos y no de grandes estructuras viarias, todo ello sin renunciar a la colaboración público-privada, a pesar de la norma estatal, que es un freno a la rentabilidad de las empresas y que hay que modificarla. El Gobierno debe facilitar que hagamos obras público-privadas.
¿Qué impide esas obras público-privadas?
El principal problema de la Ley de Desindexación es que no deja superar a las empresas o inversores el 2% de la rentabilidad que obtienen por esa colaboración. El propio Estado debería ser interesado en contar con carteras y fondos para invertir en infraestructuras. La colaboración público-privada es un mecanismo absolutamente legal que, con todos sus controles, nos ayudaría a sacar todos los proyectos adelante, sobre todo en estos momentos en los que las Administraciones no tenemos ingresos y los gastos en materia sanitaria y social se han disparado. Es la oportunidad para la reactivación económica no solo de Andalucía sino también del conjunto del país. Son muchos los inversores externos los que están mirando a España y a Andalucía, y son estos, a través de su colaboración, los que pueden generar nuevas oportunidades económicas y de creación de empleo.
El Pitma (Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía), ¿hay que revisarlo después de esta situación?
Bueno, está muy avanzado, incluso ya superó esa etapa de comparecencia con agentes sociales. Coincide con los intereses que está marcando Europa para su Plan 2020-2030. Hablamos de infraestructuras vinculadas a la movilidad, de transportes, de incentivar y mejorar nuestras conexiones de ferrocarril. Es un documento que está muy avanzado, de planificación 2021-2027, pero como todos los documentos son revisables.
En el caso del Metro de Sevilla, usted ha llegado a un acuerdo con el alcalde socialista y se siguen dando nuevos pasos, ¿no?
Era una ilusión que tenía la ciudad y que se aparcó hace años, tantos que se dejaron caducar sus proyectos, que costaron 17 millones, y ahora hay que actualizarlos. Hoy hemos adjudicado la actualización del proyecto del tramo norte de la Línea 3 del metro de Sevilla, desde Pino Montano al Prado de San Sebastián, mientras que se ha publicado la licitación la revisión del tramo sur hasta Bellavista. Estamos haciendo las cosas bien, porque el pasado año nos tocó abonar 166 millones de euros en concepto de reclamaciones de la empresa por sobrecostes de los retrasos que nos había dejado el Gobierno anterior. Además, no solo hemos actualizado los proyectos de 2011, sino que en el tramo Sur hemos planteado una ampliación del trazado original para llegar a Palmas Altas, sobre todo por la futura necesidad que requerirá la Ciudad de la Justicia y por el crecimiento y expansión de Sevilla.
¿Y el tranvía de Alcalá de Guadaíra?
Hemos dado también los pasos que nos ha pedido Europa. Han sido tres las visitas a Bruselas y hemos partido prácticamente desde cero, desde el abandono total de esta infraestructuras con vandalismo en sus obras. Estamos marcándonos la reprogramación con Feder porque no podíamos devolver esa importante inversión que ya está realizada. De momento, lo importante es que hemos recuperado la credibilidad en ese proyecto.
¿Qué le falta al tranvía de Cádiz?
La Junta ya ha cumplido con este proyecto y estamos pendientes de la firma de convenio con Renfe y Adif para su puesta en marcha. Son dos convenios que están muy avanzados y que espero firmar muy pronto. Sería un absoluto fracaso que no saliera adelante dada la situación en la que se encuentra. Se han aprobado ya todos los contratos de mantenimiento, se está formando al personal..., está todo muy avanzado. La Junta ya ha cumplido con su parte. Falta la parte que le corresponde al Estado.
El tercer tranvía sin uso es el de Jaén, y está ya terminado hace años...
En Jaén también hemos trabajado con lealtad con su ayuntamiento, y ahora han cambiado las tornas porque hay un Gobierno del PP y Cs con el que hemos sido capaces de entendernos para aceptar la propuesta histórica del ayuntamiento de un 75% - 25%, y que el Gobierno regional anterior siempre rechazó. Ese fue siempre el principal motivo de que esa infraestructura no sea hoy una realidad. Estamos avanzando para la firma de un protocolo primero y de un convenio después. Entonces tendremos que sacar a licitación la explotación y el servicio del tranvía de Jaén. La voluntad es que se ponga también en servicio cuanto antes. No podemos dejar en el aire una infraestructura que representa actualmente una inversión de más de 120 millones de euros. Ya hemos avanzado más en un año y tres meses que en toda una década.
¿Cuál es la prioridad en el Metro de Málaga?
La prioridad era completar las obras iniciadas hace una década que tenían abierta una ciudad en canal. Hemos hecho más en año y medio que en los últimos seis años. Nos hemos puesto al frente de la dirección de la obra y se controla todo semanalmente. Prefiero hacer anuncios cada seis meses. Llegamos a la Feria de 2019 con la apertura de la Alameda; en diciembre, con el alumbrado, despejamos la Calle Larios; luego nos marcamos junio de 2020 para despejar todo el Centro, respetando las bocas porque se sigue trabajando bajo tierra. Pues ni la Covid-19 nos ha parado y en julio queremos hacer un gran acto para terminar de despejar la avenida de Andalucía. En cuanto a la planificación del futuro, nos comprometimos a que las obras serían soterradas y que el metro llegaría hasta el Hospital Civil y el tercer hospital de Málaga, un proyecto muy importante que va a recoger un volumen de población muy importante. Hoy nos encontramos en licitación de la redacción del proyecto y seguimos avanzando con Málaga.
Ha presentado hace un mes una nueva Ley del Suelo de Andalucía. ¿Qué supone?
Es una reforma absoluta, una revolución en cuanto a la gestión y ordenación del suelo y del urbanismo. Hemos iniciado la elaboración de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Esta ley, que suplirá a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA), del año 2004 y la Ley de Ordenación del Territorio, de 1994, comparte la misma filosofía de reducción de la maraña administrativa del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva. En esta línea, derogará tres leyes y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones de 16 leyes y otros tres decretos. Estamos hablando que viene a organizar toda esa regulación que era dispersa, confusa y difícil de aplicar para particulares, inversores y ayuntamientos. El segundo objetivo es facilitar la aprobación del planeamiento urbanístico en nuestra comunidad. Hoy hay todavía casi 500 municipios que tienen en tramitación sus PGOU. Es un absoluto fracaso decir que dos de cada tres municipios andaluces no cuentan con sus planes generales. Y contamos con una cascada de planes que han tumbado los tribunales por sentencias. El tercer motivo es dar seguridad jurídica y certidumbre a los ayuntamientos en la aprobación de su planeamiento, pero también a los particulares y a los inversores. La idea es también reducir los tiempos de media de aprobación. 8 o 9 años de media para aprobar un planeamiento provoca que se pierdan en Andalucía demasiados proyectos. La nueva ley va a facilitar inversiones que dormían en los cajones.
La oposición y muchos colectivos temen que esa flexibilización permitan la especulación y la corrupción que ya vivimos a principiosde siglo. ¿Cómo prevé evitarlo?
En primer lugar, ejerciendo las competencias en materia de disciplina urbanística que tiene la comunidad autónoma. Muchos años se miró para otro lado. Pero ahora, esas competencias se clarifican en el nuevo texto y también se fortalecen. Se ha creado también un nuevo Cuerpo: la Subdirección Urbanística. Entendemos que no vale de nada aprobar normas, si luego no se vigila su cumplimiento. Y la época de los Algarrobicos y los Gil en Marbella, por ejemplo, tiene que acabarse. El cumplimiento pues de esa norma ha de estar vigilado por un cuerpo de élite.
¿Por qué recurren a la vía de urgencia?
No podemos esperar dos años y medio para tener esta ley. Los decretos leyes en estos momentos son muy necesarios para ayudar a la reactivación de la economía. El conjunto del Gobierno andaluz estamos trabajando de forma coordinada para reactivar nuestra economía y para crear empleo, y no nos va a parar nadie. Ni el Gobierno de España con sus amenazas, ni el PSOE andaluz ni ningún grupo.
¿Han variado las reivindicaciones de Andalucía con respecto a las inversiones prioritarias del Gobierno central?
Desgraciadamente son las mismas porque no ha habido ningún avance. Este Gobierno andaluz no ha parado ni una sola obra. Esta es la diferencia con el Gobierno anterior, que en 2008, en plena crisis, paró todas las obras. Sin embargo, el Gobierno de España sí que ha parado ahora. No sabemos nada de los túneles de la SE-40 en Sevilla o del proyecto alternativo; no sabemos nada de la conexión de Santa Justa con el aeropuerto; no sabemos nada del AVE en la provincia de Almería. Mientras las infraestructuras de la Junta han avanzado y han tenido un impulso muy importante, las del Estado o tienen un retroceso absoluto o están en punto muerto.