Lealtad de ida y vuelta
Cuando el 14 de marzo, el presidente Pedro Sánchez anunció el estado de alarma en España, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, declaró la total lealtad de su Ejecutivo autonómico y subrayó que Andalucía estaría al lado del Gobierno central. También convocó de urgencia en el Palacio de San Telmo a los líderes de las cinco fuerzas con representación en el Parlamento Andaluz para trasladarles personalmente la situación e intentar crear un clima de colaboración. Desde entonces, Moreno ha mantenido un tono moderado y colaborativo que le llevó, junto a su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijoó, a apoyar sin fisuras a Sánchez frente a las exigencias de Cataluña y País Vasco en las primeras reuniones semanales del Gobierno con las Comunidades.
Sin embargo, ese tono y esa lealtad andaluza no se están viendo correspondidas desde el Palacio de la Moncloa, donde se siguen tomando decisiones de forma unilateral, que Pedro Sánchez anuncia por televisión a los españoles y de las que informa al día siguiente a los líderes regionales. El presidente andaluz ha llegado a plantearle al jefe del Ejecutivo central que esas videoconferencias semanales se celebren antes para poder participar en la toma de decisiones o, al menos, ser escuchados previamente. Pero el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos prefiere negociar solo entre ellos.
Más allá del problema de formas, desde Moncloa se están tomando decisiones que afectan directamente a la gestión de la crisis sanitaria y económica en Andalucía y que la propia Junta ha tenido que salir a denunciar. La más clara fue que el propio presidente Juanma Moreno lamentara que Andalucía ha tenido que conseguir el 85% de sus mascarillas y que Inditex le ha conseguid más (un 9% del total) que el propio Gobierno central (7%), además de criticar que Sánchez le había prometido 100 millones para gestionar la crisis “y han llegado cero”.
Posteriormente, la Junta tuvo conocimiento por la prensa de que el Gobierno había decidido anular unilateralmente los 430 millones previstos por Andalucía para Políticas Activas de Empleo -tras nueve años de paralización de los cursos de Formación debido a los casos de corrupción-, para dedicarlos al pago de las prestaciones por desempleo. Y el último caso de esta falta de lealtad institucional se ha producido con el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, una de las medidas estrellas del Gobierno de Juanma Moreno en esta legislatura para la simplificación administrativa y la eliminación de burocracia. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez ha solicitado un informe al Consejo de Estado para recurrirlo, sin ni siquiera haberse puesto en contacto con la Junta para pedir información adicional o mostrar su disconformidad con esta norma autonómica. No parece que el Gobierno central haya entendido que la lealtad institucional y política que ha reclamado reiteradamente sea un camino de ida y vuelta.