Rafael Climent, ‘Conseller’ de Economía de la Generalitat Valenciana: “Hay que tomar conciencia de una vez de lo que nos puede aportar una tasa turística”

Además, su conselleria impulsó, entre otras, las ayudas para autónomos que completaron el “gran vacío” que detectó en el decreto estatal. Y para compensar este esfuerzo público, el dirigente de Compromís no se esconde: aboga por la introducción de impuestos compensatorios, y entre ellos se atreve a proponer la tasa turística -rechazada por sus socios del PSPV- en medio de la grave crisis que afecta al sector en la Comunitat.

En cinco meses han gestionado ERTEs que afectan a más de 420.000 empleados valencianos ¿Ha sido esta pandemia su mayor reto desde que es ‘conseller’ de Economía?

Sí. Hemos tenido que ser gestores de una realidad muy dura. Ha habido mucho trabajo organizando los ERTE. Hasta la fecha habíamos tenido alrededor de mil empresas al año afectadas por un ERTE, y en estos meses han sido más de 65.000 los expedientes, que han afectado a más de 420.000 personas. Hemos llegado a tener 184 personas trabajando en la gestión de estos expedientes para tratar de agilizarlos, para ser rápidos y que el Sepe pudiera hacer efectivos los pagos a los afectados. La gestión de los ERTE es singular, es individual. Tuvimos que recurrir a las TIC -tecnologías de la información y comunicación- para que nos ayudaran a agruparlos por códigos CNAE y así poder ser ágiles en la tramitación. Esto nos ayudó a que, en poco tiempo, alrededor de dos meses, tuviéramos prácticamente el 90% de los ERTE resueltos.

¿Qué otros retos han tenido que afrontar en estos meses?

Nos dimos cuenta de que se quedaban sin amparo muchos trabajadores autónomos, que ahí había un gran vacío en el primer decreto del Gobierno central. Por ello, mediante el diálogo social con la patronal CEV y los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV, acordamos aprobar ayudas de entre 750 y 1.500 euros con una partida de 57 millones de euros que sabemos que no llega a la totalidad de los afectados, pero que es histórica. Es la primera vez que una cantidad de esta magnitud llega a los autónomos valencianos. 42.500 personas han tenido acceso. A su vez, para atender a los trabajadores de rentas bajas, destinamos 30 millones para hacerles llegar 150 euros mensuales más a este colectivo; y lanzamos también ayudas a la conciliación y a la dependencia para atender las necesidades de emergencia generadas.

Usted que ha visto sufrir a las empresas: ¿Cree adecuado subirles ahora los impuestos, tal y como ha advertido el ‘Govern del Botànic’?

Es una cuestión de retroalimentación del sistema. Si la administración proporciona dinero para paliar la situación de los más vulnerables deberá ingresarlo de alguna manera. Tenemos que buscar una fiscalidad adecuada que, desde mi punto de vista, deberá ser progresiva, para que quien más tenga sea quien más aporte en estas circunstancias excepcionales, que no tiene por qué ser necesariamente una pandemia -ante cualquier crisis sanitaria o motivada por el cambio climático-. Hay que ser capaces de estructurar el sistema para que se retroalimente y podamos llegar a quienes más lo necesitan.

¿Qué impuestos quieren crear o subir? ¿Creen que se puede hacer sin perjudicar a empresas afectadas por la pandemia?

Este es un tema que están abordando con mayor profundidad los grupos parlamentarios en Les Corts Valencianes. Desde mi punto de vista requiere un estudio previo de la fiscalidad para ver en qué medida se pueden poner impuestos que afecten lo mínimo posible al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el impuesto verde es un impuesto que tendríamos que poner, sobre todo para que nos ayude a concienciarnos de que estamos en un escenario de emergencia climática que exige una transición ecológica. Este impuesto puede ayudar a abordar proyectos determinados en esa transición y ayudar a concienciar muchísimo a la gente. Además, yo creo que hay que buscar impuestos que impacten menos en quienes más pueden aportar al conjunto de la sociedad. Es evidente que no vamos a condenar a que aporten más al sistema a quienes menos tienen. Han de hacerlo los que más capacidad tienen para contribuir. En este sentido aparece siempre la tasa turística como uno de los ingredientes fiscales de este debate.

¿Es partidario de introducir ahora la tasa turística?

Yo creo que, de una vez por todas, tenemos que ser conscientes de lo que puede aportar la tasa turística al conjunto del turismo y tomar conciencia de que, por esa cantidad de dinero, uno no deja de hacer turismo. Yo he estado en Portugal y he pagado tres euros de tasa turística por día, y no por ello he dejado de ir a Lisboa. Lo que aquí se está planteando es introducir un importe mínimo que podría repercutir en positivo en el propio sector turístico.

Las competencias de Turismo penden de Presidencia, y su secretario autonómico, Francesc Colomer, rechaza la tasa turística ¿Qué le hace pensar que puede cambiar justo ahora de opinión?

Hay un acuerdo de gobierno, que es el Pacte del Botánic, y que, según tengo entendido, va a revisarse. Yo creo que ahí es donde debemos abordar qué queremos hacer en el futuro y que es ahí donde se debe abordar la cuestión de la fiscalidad. Yo no sé si serán o no reticentes, pero sí creo que la tasa turística sería buena para un sector que aporta casi el 15% del PIB de nuestro territorio y que tiene una ocupación que debemos mejorar, porque cuenta con mucha precariedad y temporalidad. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo para ganar en calidad, pero que tenemos que intensificarlo. La fiscalidad puede ser una herramienta para hacerlo.

Pero la visión actual de Presidencia es la contraria, la de no introducir impuestos en un sector que está sufriendo -más ahora con las restricciones de Reino Unido-.

Si queremos salir de una crisis determinada haciendo las cosas que hemos hecho siempre, no saldremos. Yo creo que esto nos ha demostrado que no estamos preparados para abordar situaciones de crisis que afectan de una manera muy clara a diferentes sectores de nuestra economía y que nos indica que debemos hacer las cosas de otra manera. No podemos continuar con un modelo en el que más del 73% de nuestro PIB tiene que ver con el sector servicios. Así solo funcionamos bien siempre y cuando no falle nada, en el momento que falla alguna cosa que impacta en los servicios ya tenemos un problema grave. Debemos trabajar en los ámbitos de la innovación, la digitalización y la descarbonización de la economía, apostar por una industria limpia y potente, ya que es el sector que más ocupación de calidad y estable genera, y seguir trabajando la agricultura, que se ha demostrado estos meses que es un sector esencial para la vida. De lo contrario tendremos problemas. Que nadie piense que esta crisis sanitaria va a ser la última.

¿Cuánto le preocupa la situación de Ford y del conjunto del sector del automóvil?

Ford me preocupa mucho por su gran peso en la economía valenciana como empresa tractora de un sector, el del automóvil, que aglutina 40.000 puestos de trabajo, el 12% de nuestro PIB y, hasta hace poco, el 27% de las exportaciones de nuestro territorio. Un único sector representa prácticamente lo mismo que nuestro comercio, que es un 12,9%, o prácticamente lo que nuestro turismo, cuyo porcentaje no está tan lejos. Por ello nosotros estamos muy pendientes de facilitar que el sector avance en sintonía con los cambios en materia de movilidad, que pasan por la innovación y por el coche eléctrico e híbrido.

¿Cómo va el proyecto para captar la creación de una gran fábrica de baterías?

Nosotros llevamos prácticamente cuatro años trabajando en este tema, y lo estamos haciendo con toda la discreción del mundo, porque no es fácil. Es verdad que dentro del marco europeo alguna gigafactoría de baterías llegará a España. La conexión de Europa es con el Gobierno central, y nosotros hemos estado trabajando para atraer esta inversión, pero hay diferentes territorios en el estado que también la quieren -el sector de la automoción está presente en diez autonomías-. Vamos a seguir trabajando con la discreción que nos ha caracterizado en contacto con el ministerio, y vamos a ver si es viable que se ubique esta gigafactoría aquí. En el ámbito privado también hemos recibido en la oficina de atracción de inversiones a empresas interesadas en ubicar aquí una gigafactoría, y también estamos trabajando con empresas valencianas interesadas en desarrollar este proyecto. Estamos trabajando en muchísimas vías. ¿Significa esto que ya la tenemos? Pues no podemos decirlo, pero estamos trabajando en esta línea. Es todo lo que puedo contar.

Ha querido frenar la ‘conselleria’ de Obras Públicas (PSPV) el plan sectorial de comercio de su departamento (Compromís)?

El Patsecova responde a la necesidad de regular el espacio comercial que nos exige la ley, y tan solo pretende regular suelo de impacto territorial. El plan responde a cinco años de trabajo con los actores implicados en un sector tan poliédrico como el comercio, y ha contado con dos exposiciones al público y todos los informes favorables. Todo se ha hecho conforme toca. Yo no entiendo nada.

¿Qué no entiende? ¿Los reparos de sus socios de Gobierno? ¿Cree que hay algo en el Patsecova que no gusta al PSPV?

Esa pregunta no me corresponde contestarla a mí, porque yo solo podría hacer mi interpretación, haría hermenéutica de lo que pudieran pensar. Yo solo digo que es un documento muy bueno para el comercio, que estructura territorialmente muy bien el comercio y que genera seguridad jurídica para saber dónde y cómo se pueden establecer los operadores comerciales.

¿Se sentirían culpables en Compromís si hubiera que indemnizar a Intu con dinero público por el veto a su proyecto en 2016?

En absoluto, porque esto es una cuestión de Gobierno. Quien decide recurrir es el Consell. Y la Generalitat tampoco, porque si hemos recurrido ha sido porque consideramos conveniente recurrir al entender que el pronunciamiento no tenía que ver con los planteamientos técnicos y jurídicos de la iniciativa. El dictamen lo que nos dice es que tenemos que hacer una nueva evaluación ambiental del proyecto. Pues la haremos, y no pasa absolutamente nada.

Bueno... la sentencia dice precisamente que se debió corregir el proyecto en 2016 en vez de rechazarlo de plano. Aquel veto lo ha tenido cuatro años en el limbo...

Nosotros hacemos las cosas pensando que las hacemos bien, y para eso está el orden judicial, para decirnos en un momento determinado si algo no es correcto. Hay muchas de nuestras decisiones que han sido recurridas y que la Justicia ha dictaminado que eran correctas. En eso consiste una sociedad de derecho. Pero, en cualquier caso, hay que subrayar que nosotros no hacemos las cosas por ir contra nadie, las hacemos a favor de, y en este caso a favor de un modelo determinado de comercio, que es el que recoge el Pacte del Botànic.

¿Es esta pandemia una oportunidad para revitalizar el sector textil valenciano?

Es una oportunidad para la relocalización de la industria en general, para apostar por una industria de proximidad. No puede ser que dependamos del exterior para la producción de artículos imprescindibles para la vida. ¿Si China no hubiera controlado la pandemia en su territorio qué habríamos hecho sin material sanitario? Es importante reflexionar al respecto y actuar en consecuencia.