Gonzalo Velarde

La reforma de pensiones dará más peso al sector privado

El Pacto de Toledo y el Ministerio de Seguridad Social parecen decididos a dar un impulso a los planes de pensiones de empresa para aumentar la base de ahorro privado en España

Los tambores de la reforma del sistema de pensiones retumban cada vez con más fuerza tras cuatro años de abordaje por parte de los partidos políticos y con una situación social y económica que urge medidas en la materia tras el impacto de la pandemia para despejar el horizonte financiero de la Seguridad Social. Varias son las líneas de actuación que los miembros del Pacto de Toledo recogerán las recomendaciones que emanen de las negociaciones que se aceleran a marchas forzadas. Más aún con el horizonte de aprobación de Presupuestos Generales que deberán ser enviados a Bruselas a mediados del mes de octubre. Una de estas líneas que se prentende impulsar es la de la estrategia para aumentar la base de ahorro privado entre los ciudadanos españoles, muy por debajo de la media de los países vecinos de la Unión Europea. Este punto está recogido en el borrador de recomendaciones que cayó en saco roto en febrero de 2019 y que se mantendrá en el documento que elaboran ahora los partidos y busca impulsar en España la utilización de los planes de pensiones de empresa o de empleo, en el ámbito labora, preponderándolos sobre los instrumentos financieros de previsión social complementaria individuales.

Y esta es precisamente la intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Un plan, que de sustanciarse en medidas concretas supondría aumentar la participación del sector privado en la financiación de las jubilaciones a través de la gestión de los ahorros acumulados por lo trabajadores en los planes de pensiones de empleo y que restaría presión para las Cuentas de la Seguridad Social que soporta el pago de millones de pensiones de jubilación y de otros tipos.

“Resulta absolutamente necesario que los sistemas obligatorios de pensiones (primer pilar) se complementen con unos sistemas profesionales de pensiones colectivos (segundo pilar) y con los productos adicionales individuales del tercer pilar”, apunta al respecto la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos.

En este sentido, cabe señalar que en España sólo el 26% de la población en edad de trabajar está cubierta por un instrumento de previsión social privado. “Desde el sector asegurador estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de impulsar el segundo pilar, pero en nuestra opinión ello no debe hacerse a expensas del tercer pilar, reduciendo los incentivos a este último. Tanto el segundo como el tercer pilar deben ser impulsados, y el tratamiento fiscal de estos instrumentos es una variable relevante para el fomento de los mismos, como señala la Recomendación de la Comisión Europea de 29 de junio de 2017”, argumenta la presidenta de la patronal aseguradora.

“El sector privado tiene un papel más que relevante en la provisión de servicios básicos en España, tales como educación, sanidad, seguridad, infraestructuras, ¿Por qué no ha de tener esa relevancia también en la gestión de las pensiones? Esto ya sucede en 2 de cada 3 países de la OCDE en los que los fondos de pensiones pagan a los jubilados entre el 14% y el 72% del total de sus pensiones y el resto el sistema público de reparto”, apunta el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama.

Además apunta que “los planes de pensiones individuales son imprescindibles si queremos extender un complemento de pensión capitalizada a la pensión pública, especialmente a 6 de cada 10 trabajadores en España (autónomos, a tiempo parcial y temporales) que o nunca podrán tener un plan de pensiones de empresa o sectorial, o nunca tendrán una acumulación de capital mínima adecuada. Además, si siendo imprescindible para todos los trabajadores por cuenta ajena cuyas empresas no tienen un plan de pensiones de empleo”, poniendo así en valor desde la patronal de las gestoras el actual comportamiento de los sistemas de ahorro financiero individual y ante la dificultad de aplicar el modelo de ahorro en la empresa por la propia naturales del tejido productivo español, como sí ocurre en otros países con éxito probado como es el caso de Reino Unido.