Los partidos piden a Escrivá que informe por carta de la jubilación

Los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo exigen al Gobierno que cumpla con el mandato de la Comisión que tanto en el reciente acuerdo de finales de octubre como en el alcanzado en 2011 piden a los responsables de la Administración de la Seguridad Social que informe por carta, tal y como ocurre en numerosos países del entorno comunitario, de la proyección de la pensión pública que recibirá durante la jubilación. Así aparece recogido en el documento de recomendaciones aprobado en el seno de la Comisión después de nueve años de ausencia de consenso hace escasas semanas, y con lo que se busca poner una suerte de alerta para los trabajadores que se aproximan a la jubilación.

“La Comisión insta al Gobierno a dar cumplimiento a las obligaciones de información contenidas en el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión”, apuntan los partidos representados en la Comisión sobre esta información. Este es el punto que implica el cumplimiento del acuerdo de 2011, pero sin embargo desde el sector asegurador recuerdan a elEconomista que esta es precisamente una de las promesas incumplidas del Ejecutivo desde entonces, y que implicaría el envío del conocido como sobre naranja.

Adopta ese nombre por el color que se le da al sobre físico en otros países donde los trabajadores reciben periódicamente proyecciones sobre su paga de jubilación por correo. Y lo que es más importante, esta resulta una información crucial de cara a tomar medidas complementarias de ahorro para tratar de completar la paga que otorga el Estado tras el retiro. Y que en nuestro país conforma un sector altamente subdesarrollado: el sistema de previsión complementaria -ahorro privado-.

Ahora, el Pacto de Toledo reconoce el esfuerzo del Gobierno en tratar de hacer llegar esta información al ciudadano, si bien es cierto que para personas de avanzada edad o con una formación digital escasa o nula resulta inaccesible al final del día. Por ello, desde el sector privado y asociaciones de jubilados reclaman esta información de forma palpable que facilite la comprensión de todos los interesados.

De este modo, el Pacto de Toledo apunta que la Administración de la Seguridad Social ha potenciado el uso de las nuevas tecnologías para la difusión de su información y ha posibilitado que las relaciones con los trabajadores, pensionistas y demás usuarios también se lleven a cabo a través de Internet. Y recuerda que “las nuevas tecnologías también han favorecido el cumplimiento de las obligaciones de empresas y trabajadores autónomos con la Seguridad Social, a través del desarrollo de servicios electrónicos de consulta de información y de gestión de trámites para los actos de inscripción de empresas y afiliación de trabajadores. En materia de cotizaciones se ha establecido un sistema ágil, sencillo y seguro -el sistema de liquidación directa- basado en la facturación de las cuotas a las empresas por la Administración de la Seguridad Social a través de medios electrónicos”.

De este modo, “como ya hizo en 2011, la Comisión reitera la necesidad de concienciar a los ciudadanos de la importancia de sus carreras de cotización para sus futuras pensiones de jubilación; con ese fin, debe facilitarse de forma permanente información, tanto de los periodos cotizados a lo largo de su vida laboral, como del importe de las cotizaciones efectivamente realizadas”, apunta el documento al que ha tenido acceso este medio.

Más incentivos al ahorro

En este punto, para la recomendación sobre sistemas de pensiones complementarios, la formación Ciudadanos había presentado ya un voto particular para que el nuevo Pacto de Toledo valore “la necesidad de seguir fomentando” los planes de ahorro privados y que los incentivos dirigidos a los mismos “se articulen de manera integral y coordinada” con los sistemas de pensiones de empresa. Al igual que el PP, que presentó un voto para que se mantengan los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales, que el Ejecutivo ha recortado un 75%.