La Seguridad Social gastará este año 51.000 millones en créditos ‘extra’

La Seguridad Social recibirá un nuevo préstamo de 6.000 millones de euros para hacer frente a la paga extra de Navidad de los pensionistas, que se abona en noviembre y que provoca que la factura en esta partida ascienda a 20.000 millones de euros. Supone el cuarto crédito que el Estado concede al Sistema para hacer frente a estos pagos ordinarios y también a aquellos causados como respuesta a la pandemia, principalmente correspondiente a las ayudas para empresas y trabajadores. En suma, cuatro préstamos que ascienden a 51.000 millones de euros en lo que va de año, que significa que la Seguridad Social habrá precisado al cierre del presente ejercicio de financiación extra por valor de 4,2 puntos porcentuales del PIB.

El Ejecutivo se apoya así en un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, que incluye ese suplemento de crédito extraordinario de 6.000 millones de euros para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la Covid-19. Y que el organismo justifica porque en los últimos meses se han desarrollado diversas medidas de protección de rentas por la pandemia que han tenido impacto sobre los ingresos y los gastos del sistema, mientras se continuaban atendiendo a las prestaciones habituales, como las pensiones o la prestación por nacimiento de hijo.

“Entre las medidas de protección de rentas por la pandemia, destacan las prestaciones extraordinarias para autónomos -fruto del consenso con las asociaciones de este colectivo- y las exoneraciones de las cotizaciones sociales en los Erte para los sectores más afectados por la crisis o con limitaciones de actividad o impedimento, una regulación especial que se pactó con los agentes sociales. Ambas medidas se han extendido hasta finales de enero”, apuntan desde el Gobierno como principales causantes de las necesidades de financiación.

Cuatro (y último) préstamo del Estado

Este último préstamo de 6.000 millones completa, no obstante, los otros tres recibidos por la Seguridad Social durante este año, pero será el último que reciba en este ejercicio y en los próximos venideros. Cabe recordar que en virtud de los acuerdos del Pacto de Toledo, las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y como ya recoge el proyecto de Presupuestos Generales para 2021 el año que viene se realizarán transferencias, que no repercuten en el pasivo de la Seguridad Social y que se fijarán de manera ordinaria como parte de la financiación del Sistema. Así, en el Proyecto de Ley de Presupuestos de Generales del Estado para 2021 se incluye como novedad una transferencia de 13.929 millones para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo sobe separación y clarificación de fuentes.

En suma, la Seguridad Social habrá dispuesto a finales de 2020 de hasta cuatro créditos del Estado procedentes del Presupuesto General. Cabe recordar que el primero de ellos, el liberado en abril por valor de 13.800 millones de euros, ya se encontraba recogido en las Cuentas aprobadas en 2018 por Cristóbal Montoro y que aún permanecen prorrogadas, y por lo tanto no computa como incremento de la deuda. A este se sumo en mayo, otros dos préstamos de 14.002 millones y 16.000 millones ya no aparecen en el cuadro presupuestario por lo que impactarán directamente en un repunte del déficit público y un incremento de la deuda. En suma, tres crédito en un solo año por valor de casi 45.000 millones de euros para afrontar los gastos de la Seguridad Social, a los que suma último elevando la financiación a 51.000 millones que es casi cuatro veces más la financiación extra que necesitó en el pasado ejercicio 2019.

El Sepe recibe 2.300 millones

Además de este préstamo para afrontar la extra de Navidad de los pensionistas, el Gobierno aprobó este martes un crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para que el servicio público de empleo (Sepe) pueda hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios derivados de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) y de otras ayudas puestas en marcha, como la de los empleados de hogar. “Todas estas actuaciones que permiten proteger a personas (como los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), las prestaciones para autónomos o las medidas de alivio instrumentadas con exoneraciones de cotizaciones sociales) generan esta necesidad de financiación de la Seguridad Social que queda garantizada con esta operación”, subrayó María Jesús Montero ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros que dio luz verde a las medidas.

Además, Montero puso de relieve que estas acciones muestran el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad a medio plazo del sistema de Seguridad Social, y particularmente con el sistema de pensiones, para mantener la red de seguridad de millones de personas y que nadie se quede atrás.

Cabe recordar que en los últimos meses se han desarrollado diversas medidas de protección de rentas por la pandemia que han tenido impacto sobre los ingresos y los gastos del sistema, mientras se continuaban atendiendo a las prestaciones habituales, como las pensiones o la prestación por nacimiento de hijo.

Entre las medidas de protección de rentas por la pandemia, destacan las prestaciones extraordinarias para autónomos -fruto del consenso con las asociaciones de este colectivo- y las exoneraciones de las cotizaciones sociales en los ERTE para los sectores más afectados por la crisis o con limitaciones de actividad o impedimento, una regulación especial que se pactó con los agentes sociales. Ambas medidas se han extendido hasta finales de enero del próximo año.

Cabe recordar que la Seguridad Social se financia con cargo a los recursos del sistema, principalmente mediante cotizaciones de trabajadores y empresas, y con transferencias por parte de la Administración Central. En este sentido, en el Proyecto de Ley de Presupuestos de Generales del Estado para 2021 se incluye como novedad una transferencia de 13.929 millones para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo. Con ello se busca dar un nuevo paso para que las políticas no contributivas que realiza el sistema de la Seguridad Social las financie la Administración Central y para dar certidumbre sobre nuestro sistema de pensiones, que se sustanciará en la réplica de esta misma transferencia en los sucesivos Presupuestos Generales y que será aplicada de manera ordinaria en adelante.