El sector privado censura la reforma del ahorro que impulsa el Gobierno

El Gobierno se ha adelantado algunos pasos en el arranque de la reforma de pensiones, que ya ha sido convalidada por los grupos en el Congreso de los Diputados y que supone un mandato oficial para el Ejecutivo de llevar a cabo los cambios normativos. Los primeros ladrillos de la reforma asoman en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con la subida de las pensiones un 0,9% conforme al IPC previsto para el próximo ejercicio, la aprobación de una transferencia de 14.000 millones de euros que cubrirá una primera parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social, y el despliegue de las medidas que tienen que ver con el ahorro privado destinado a la jubilación: con el recorte de incentivos fiscales a planes individuales de pensiones de un 75% para trasladarlos al sistema colectivo y el anuncio de aprobación de un fondo público de pensiones.

Ambas medidas suponen una revolución en el modelo de ahorro privado en España que por un lado apuesta decididamente por el impulso de la previsión social complementaria a través de los planes de ahorro de empresa, pero que por contra aplica un rejón a estos productos que puede suponer un golpe definitivo para la industria.

“Los planes colectivos en España suponen el 3% del PIB, unos 35.000 millones de euros, una cifra bajísima”, explicaba recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lo que refleja un “infradesarrollo” de los mismos. En Bélgica, Francia o Alemania “uno de cada dos trabajadores está en un plan colectivo, mientras que en España son uno de cada seis”, recuerda el ministro. Por ello, señala que el Gobierno quiere desarrollar los planes de pensiones colectivos para tratar de alcanzar a la mitad de la población ocupada, multiplicando por cuatro su penetración actual, llegando a sumar 9 millones de empleados.

Divorcio con el sector asegurador

Por su parte, el sector asegurador cree que el fondo de pensiones público que creará el Gobierno, con grandes economías de escala, tardará al menos cinco años -el Ejecutivo se ha dado un plazo de 12 meses- en dinamizarse, y critica que, mientras tanto, se estará penalizando el ahorro privado a largo plazo a través del alza fiscal sobre los individuales que se plantea en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Así lo pusieron de manifiesto el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, y la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, en una mesa de debate durante la celebración de una jornada sobre la situación del ahorro celebrada este mes. En este sentido, Martínez Aldama señaló como medida “muy positiva” la creación del fondo de pensiones de promoción pública recogido en el proyecto de los PGE, si bien aseguró que es una propuesta de “maduración lenta”. Y el presidente de Inverco también advirtió de que el mismo proyecto de PGE para 2021 recoge una noticia “muy negativa y de maduración inmediata” como es la reducción del atractivo fiscal de los planes de pensiones privados.

Cabe recordar que el Ejecutivo ha modificado los límites de aportaciones máximas a estos planes, rebajando de 8.000 euros a 2.000 euros el nivel de aportación que puede desgravarse en el IRPF para los individuales. Para González de Frutos, la única finalidad de este alza fiscal “es recaudatorio a corto plazo, no más allá del año 2022 o 2023”. En su opinión, si un sistema de pensiones público va a tardar al menos cinco años en dinamizarse, los ahorros privados de cerca de seis de cada diez trabajadores se van a ver penalizados durante este periodo.

“Creo que el tema no responde a la finalidad pretendida”, apostilló la presidenta de la patronal del seguro, añadiendo que, de ninguna manera, este “hachazo o latigazo” fiscal se verá compensado. González de Frutos contó cómo la historia de las grandes reformas de pensiones, como la sueca, la de Schröder en Alemania, la italiana, la noruega o las sucesivas en Holanda, han enseñado que “el gran acicate para un cambio es la situación comprometida de dichos sistemas”.

“Los sistemas de pensiones nunca se reforman ni se refuerzan en los momentos adecuados, porque esos momentos adecuados, los momentos del cuasi pleno empleo, de los incrementos de productividad y de la bonanza económica, son momentos en los que las pensiones no se tocan”, señaló, apuntando a los momentos de crisis como el correcto.

Presión de los autónomos

También la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) se sumó a las reivindicaciones de las asociaciones representativas de la previsión social complementaria, Inverco y Unespa, defiendendo el mantenimiento o la mejora del tratamiento actual de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria, en lugar de los recortes previstos. En este sentido, recuerdan que en España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se verán afectados.

Así, señalan que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite inferior, es “discriminatorio” para la gran mayoría de la población ocupada española. Afectaría especialmente a las 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente. “Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador”, sostienen desde ATA, Inverco y Unespa.