El Gobierno abona las primeras 76.000 pagas del ingreso mínimo

El ingreso mínimo vital ya es una realidad en España y lo es más concretamente para las primeras 76.000 familias de nuestro país que lo reciben ya desde finales de este mes de junio, cuando se ha efectuado el primer pago de la serie histórica de esta nueva prestación que fue convalidada a comienzos de este mes por la totalidad del Congreso a excepción de las 52 abstenciones correspondientes a los diputados de Vox. Desde el pasado 15 de junio se inició el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, si bien estos primeros 76.000 hogares responden a concesiones de oficio que ha realizado la Seguridad Social sobre núcleos familiares que cumplen los requisitos de acceso a la nueva prestación del Estado.

El Gobierno aprobó este pasado mes el ingreso mínimo vital para 2,2 millones de ciudadanos de España como un instrumento para aplacar la pobreza extrema y las desigualdades entre los más vulnerables. “España tiene un problema de pobreza alta importante. Hay un problema de desigualdad, que emerge por la falta de acción del poder público. Desde el año 2014 el Consejo Europeo se ha estado dirigiendo a España diciendo que tenemos un problema aquí. Es importante diseñar bien las políticas”, explicaba el ministro arquitecto de la estructura del ingreso mínimo vital José Luis Escrivá. “Pensamos que podemos llegar a más de un millón de personas en situación de pobreza extrema lo que significaría reducir en un 80% el número de situaciones de este calibre”, aseguraba el ministro.

Según ha podido saber elEconomista por fuentes del Gobierno hasta un 30% de las personas sobre las que recaerá el ingreso mínimo serán menores de edad. Y es que la definición de la ayuda que viene avanzando el Ministerio de Seguridad Social trata con especial atención a colectivo de los menores y de los hogares monoparentales. Son los más vulnerables y ya en numerosas ocasiones los organismos internacionales como la Comisión Europea han instado al Gobierno a aplacar los elevados niveles de pobreza infantil que asolan nuestro país.

Además, según los detalles conocidos por este medio, de los 850.000 hogares que percibirán la ayuda, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. Y en ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer. “Existirá una diferenciación extraordinaria en función del tipo de hogar. Va a haber 12 tipos de hogares distintos que van a tener umbrales diferentes de renta que se les va a cubrir, con un foco particular en los hogares monoparentales porque lo hemos estudiado y se ha observado que hay una vulnerabilidad especial. Hay un plus adicional en la renta que se va a garantizar”, explicaba el ministro Escrivá. Un plus que tal y como confirmó el ministro se sustanciará en que la persona pueda compatibilizar el cobro de la prestación y de una nómina durante un periodo determinado, a pesar que la suma de ambos ingresos rebase el umbral mínimo vital.

¿Cómo funciona el ingreso mínimo?

El ingreso mínimo vital va a fijar un umbral para cada tipo de hogar (dependerá del número de miembros, y se establece un complemento adicional para las situaciones de monoparentalidad), de modo que el mínimo de renta necesario para acceder diferirá en función del tipo de familia. Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar (incluidas las salariales), el ingreso cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar. Las cuantías van desde el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo (unos 460 euros al mes en 12 pagas) a algo menos del SMI (1.000 euros al mes en 12 pagas). Recaerá en 2,2 millones de personas pertenecientes a 850.000 hogares con un coste anual de 3.000 millones de euros.

Ciertamente, son pocas las diferencias que existe entre el modelo de ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno y el que ya se encuentra vigente en el muchos de los países del entorno comunitario desde hace más de una década en muchos casos. Sin embargo, una de las cuestiones en las que difieren estos diseños es la periodo exigido de residencia en el país para poder acceder a la ayuda. Aquí, si los detalles que se han ido avanzando sobre la ayuda se sustancian finalmente, España será uno de los países más laxos del entorno comunitario a la hora de conceder el ingreso mínimo a aquellas personas que lleguen próximamente a nuestro país. Concretamene, según los detalles concretados el solicitante de la prestación debe residir en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud, mientras que las estancias en el extranjero no pueden haber superado los 90 días –si no tiene menores a cargo–, debe haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud de la ayuda.

“Un porcentaje significativo de beneficiarios serán de origen extranjero, siempre que se constate que tengan residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forman parte de un hogar durante un año y que cumplan las condiciones”, explicaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista publicada por El Periódico.

En otros países de nuestro entorno este requisito resulta más exigente. En el caso de Italia, el más paradigmático ya que su renta mínima fue aprobada en 2019 y se asimila mucho al modelo español, para acceder a la ayuda se debe justificar que se ha vivido al menos 10 años en el país y los dos últimos de maneran ininterrumpida. Lo mismo ocurre en el caso de Francia donde el solicitante de la prestación equivalente al ingreso mínimo vital debe presentar un permiso de residencia o de trabajo de cinco años antes al momento de la petición de la ayuda. En Alemania, donde se observan plazos más similares al caso de España, en el periodo de un año previo a la solicitud se debe haber cotizado a la Seguridad Social germana además de justificar la residencia ‘habitual’ en el país, a diferencia del diseño español donde el periodo de 365 días se refiere a residencia y no ha empleo. También se encuentran fuertes restricciones de acceso en el caso de Dinamarca que exige haber residido durante siete de los últimos ocho años en el país o Austria que fija un mínimo de cinco años de estancia antes de poder conceder la ayuda.

Pero más allá de la cuestión temporal, que en el caso de España responde una facilidad para el acceso en el momento de la aprobación que coincide con el estallido de la pandemia de COVID-19 y la crisis social generada, el ingreso mínimo vital que alumbrará el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en los próximos días tiene más similitudes que diferencias con los modelos europeos, de probado éxito y vigentes durante más de 15 años en algunos casos. De hecho, algunas de estas coincidencias se alinean directamente con el espíritu de la medida que verá luz verde en nuestro país y que servirá para reducir las elevadas tasas de pobreza que asolan nuestro país y que ha sido advertido por la misma Comisión Europea en reiteradas ocasiones.

Un tercio no son empleables

En este sentido, Los programas de inclusión que acompañarán el cobro del nuevo ingreso mínimo vital cuentan con un amplio espectro de actuaciones sobre diferentes ámbitos de necesidades que refieren las personas que son beneficiarias de la ayuda y que en muchas ocasiones se ven condicionadas en su futuro acceso al mercado laboral por cuestiones relativas a su situación personal vital. De este modo, algunas de las cuestiones que abordará el denominado itinerario de inclusión serán programas para tratar la drogadicción, terapias de tratamiento psicológico y programas de formación profesional para cubrir las lagunas educativas, antes de incorporar a los potenciales beneficiarios al mercado de trabajo. Concretamente, el Gobierno calcula que en esta situación de partida se encontrarían hasta un tercio de los beneficiarios que se encuentran en “la trampa de la pobreza”.

Así lo explicó este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde explicó todo el armazón con el que contará el ingreso mínimo vital para evitar el fraude en el cobro de la prestación. De este modo, defiende el ministro que no se trata solo de la incorporación final del beneficiario al mercado de trabajo sino de que lo haga en unas condiciones óptimas para su mantenimiento. Por ello, explicó que, en muchos casos, lo beneficiarios deberán recibir una asistencia previa en lo que se han previsto programas contra la drogadicción, otros de tratamiento psicológico y los de formación profesional.

“Sabemos que entorno a un tercio de los hogares que están en la trampa de la pobreza no son empleables como tal. Necesitamos tratamientos específicos en casos de tratamientos de dorgadicción, de problemas psicológicos o de formación por falta de educación académica”, explicaba el ministro asegurando que estas situaciones deberán ser atendidas antes de ir al mercado laboral, “por eso son itinerarios más amplios y por eso trabajamos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque tienen mas proximidad”.

Además, está en este punto de las políticas activas de empleo, cuyos itinerarios tienen que estar bien diseñados teniendo en cuenta la situación de cada tipo de hogar y persona. “La aproximación al tema va a ser científica, con uso de datos y trabajando con las administraciones responsables. Tenemos que terminar de aquilatar el estímulo de quien encuentra un trabajo y que pueda compatibilizar la prestación con el trabajo. Además, está la colaboración con el sector privado con el sello social con el que vamos a aportar una identificación mas fina y precisa de quienes van a necesitar la ayuda”, explicaba el ministro.

Y es que uno de los puntos de conflicto que ha generado la aprobación de la ayuda está en el impacto que puede tener en el mercado laboral y, más concretamente, en aquellos sectores donde el empleo es más precario, menos formal y cualificado, y con menores sueldos.