Foro de sostenibilidad (sobra del sistema eléctrico)

El consejo de ministros ha aprobado, recientemente, la creación del fondo que sirve de título a este artículo. La mayoría de los medios de comunicación comentan que es para pagar las “subvenciones” de las energías renovables. Los que nos dedicábamos a las renovables cuando se promulga la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, no supimos encontrar un nombre más adecuado que “primas”, a las que mucha gente confunde con “subvenciones”.

Hasta esa fecha, la retribución de los kilovatios hora que generábamos, en su gran mayoría a través de las pequeñas centrales hidroeléctricas (la eólica estaba dando sus primeros pasos), se refería a la tarifa eléctrica. Era un porcentaje con descuento sobre la tarifa industrial. Rondaba las 10 pesetas (0,06 €).

Al establecerse el mercado de la electricidad y los Costes de Transición a la Competencia (los famosos CTCs) y referenciar estos a un precio en el mercado de seis pesetas, sin recoger las históricas, esas sí que subvenciones al sector llamado tradicional, y no incluir en ese precio las externalidades que el carbón, el gas, la nuclear, el fuel oil, etc. no reflejaban en su precio de coste y que las renovables no tenían, se les incluyó una, insisto mal llamada prima, que no una subvención, para compensar esos costes no internalizados, que eran costes evitados al sistema y que otras fuentes sucias de generación no pagaban.

En 1998, APPA promovió, junto con IDAE y cinco gobiernos regionales, un estudio que analizaba el ciclo de vida de siete tecnologías de generación, desde la hidráulica, la más limpia y eficiente, hasta el carbón, el más contaminante (350 veces mas) por cada kilovatio hora generado.

El año siguiente se pidió al consultor que realizó el trabajo de cuantificar en ecopuntos cada tecnología, que tradujera en pesetas esos costes.

Ambos estudios no tuvieron replica, porque estaban realizados con principios admitidos por la comunidad científica internacional, desechando otros en los que hubiera discusión.

Recuerdo que la nuclear no salía muy mal parada porque sus potenciales daños sobre enfermedades, muertes, contaminación permanente en cientos o miles de años, no había consenso para valorarla.

Para no extenderme, un kilovatio generado con lignito, tenía un coste externo no reconocido en el precio, superior a 26 pesetas. El precio en el mercado eran 6. Eso sí era una subvención y no las primas a las renovables.

En 2010, APPA presentó, después de obtener un consenso con las grandes eléctricas, una propuesta que llamamos “céntimo verde” para que no fueran solo los usuarios de electricidad los que pagaran la descarbonización de nuestra economía.

El Gobierno de entonces no consideró nuestra propuesta, si no recuerdo mal, porque los impuestos no pueden ser finalistas, según tuvo a bien contestarnos el Ministro.

Ahora, 20 años después, parece que se encuentra la solución, que me parece oportuna, aunque no resolverá el problema.

El informe que los expertos elaboraron y que seguirá bien guardado para que no se pierda, concluía que la política fiscal era el instrumento mejor para llegar a los objetivos de París.

Los que se escandalizan de que el fondo se nutrirá de ingresos provenientes de los consumidores de combustibles fósiles (gasoil, gasolina, gas) y electricidad (incluyendo la de origen renovable) parecen olvidar que esos mismos consumidores son también contribuyentes, así que si no sale de un bolsillo sale de otro.

Parece que ha llegado el momento de que no sean solo los consumidores eléctricos los que hayan contribuido en estos años con más de 30.000 millones de euros a retribuir a las energías renovables. Ahora precisamente que las petroleras se están convirtiendo en las más renovables del mundo, vendiendo electricidad limpia a sus clientes.

Espero que no tarde el Gobierno que le toque otros 20 años en aplicar esa fiscalidad a través de un instrumento, a mi juicio, mas transparente y eficaz: la HUELLA DE CARBONO.

Implantar una metodología para que el consumidor conozca esta huella en los productos y servicios que utiliza y establecer con este conocimiento el principio de quien contamina paga, debía haberse aplicado ahora y sería como se podría suministrar de un modo mucho mas universal ese bien nacido Fondo de Sostenibilidad, al que no le hace falta nada mas en su título.