La movilidad requerirá de un consenso público-privado

Las ciudades del futuro no serán competitivas ni ‘amables’ con sus ciudadanos si no están dotadas de un plan para la movilidad sostenible. Pero este objetivo no pasa por implantar medidas de forma unilateral y discriminatorias. La movilidad ha de garantizarse para todo tipo de vehículos y responder a las necesidades del ciudadano de a pie, pero también de las empresas y los servicios que se establecen y se desarrollan en la ciudad.

El sector público y el sector privado, o viceversa, tendrán que alinearse en la búsqueda de soluciones que no perjudiquen a unos u otros. No servirá -como ha ocurrido en Barcelona durante el confinamiento- que se anuncie un plan de modificación de la movilidad con unas normas establecidas de un día para otro y que únicamente beneficien a una parte de los ciudadanos. Podría entenderse que los transportes alternativos ganen espacio en la ciudad en detrimento del vehículo privado que ha sido durante años quien a monopolizado el uso de las calles, pero no es comprensible que se le atribuya el papel de actor malvado.

Su limitación debe ir a la par con la implantación de una mayor oferta de líneas y de horarios del transporte público, especialmente el que conecta la ciudad con el área metropolitana desde donde se desplazan a diario miles de personas para trabajar en la urbe. Unos transportes a la vez más adaptados y con conexión con aquellos medios más sostenibles como la bicicleta o el patinete, lo que permitiría recorridos de más larga distancia. Aun así, el transporte público no subsana las necesidades de movilidad del sector económico. No se puede dejar la ciudad sin el reparto de productos o sin la atención de los servicios, por citar algunos aspectos que requieren y necesitarán del transporte privado. El aumento del e-commerce y de la logística de última milla también son parte de ese engranaje de la movilidad urbana.