Fernando P. Méndez, Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles. Profesor de la UB: La maldición del empleado ‘número cincuenta’

Es una obviedad que la buena salud económica de un país -y de todo lo que implica- depende del número de empresas y de que, además, gocen de buena salud. Las empresas proveen bienes y servicios al mercado -es decir, nos proveen de bienes y servicios-, innovan por exigencia de la competencia y...crean puestos de trabajo que, entre otras cosas, generan ingresos que constituyen el medio de subsistencia esencial de la mayoría de la población.

Si el componente esencial de la política consiste en conseguir que la población tenga un buen nivel de vida, que debe ser mejorado constantemente, la política económica debe tener como prioridad que las empresas gocen de la mejor salud posible, la cual se mide, básicamente, en términos de competitividad y, por tanto, de productividad, la cual determina, en última instancia, el nivel salarial así como el de empleo.

Para que el sistema funcione se requiere, además, una organización racional de la competencia, de modo que se genere la mayor rentabilidad social posible. Ello requiere una organización institucional que ajuste adecuadamente los incentivos y vigile el cumplimiento de las normas que los configuran y que estructuran el escenario competitivo, lo cual genera unos costes institucionales inevitables para las empresas y, en general, para los agentes económicos.

No es un sistema fácil de asimilar ni de gestionar, pero es el que ha posibilitado mayor progreso y bienestar en la historia de la humanidad.

Algunos de los problemas más importantes surgen cuando no se ajustan correctamente los incentivos, normalmente por presiones de grupos organizados con gran capacidad de interlocución política y, en consecuencia, se adoptan medidas normativas e institucionales que favorecen a esos grupos concretos, pero perjudican a la mayoría porque dificultan que las empresas sean más competitivas y, por tanto, generen más riqueza.

Hay un consenso entre los economistas -compartido por la Comisión Europea- en el sentido de que en España las empresas son demasiado pequeñas. Más del 98% son microempresas y, además, las empresas medianas son pequeñas en comparación con las de nuestro entorno, y eso las hace especialmente vulnerables frente a las crisis: tienen menos recursos y, además, mayores dificultades para acceder a la financiación.

¿A qué se debe esta situación? En primer lugar, a la existencia en nuestro país de la figura profesional del “autónomo”, muchos de los cuales -1.85 millones- no tienen ningún empleado, lo que indica que, más que una figura empresarial es una alternativa de empleo. En segundo lugar, y, con especial referencia a por qué las empresas medianas son más pequeñas, los expertos suelen apuntar varias razones, entre las que destacan las cargas regulatorias impuestas a partir de ciertos umbrales. Una de ellas es la denominada maldición del empleado número cincuenta.

La influencia de la regulación sobre el tamaño de las empresas ha sido destacada por diversos economistas. L.Garicano, C. Lelarge y J. Van Reenen, publicaron en 2016 en la American Economic Review un artículo -Firm Size Distortions and Productivity Distributions: Evidence fron France- que ponía de manifiesto cómo en Francia las empresas tienen incentivos para no llegar a los cincuenta empleados porque, a partir de ese momento, aumentan las cargas regulatorias -obligación de crear un comité de empresa, otro de seguridad y salud, información detallada sobre todos los empleados al Ministerio de Trabajo, etc.-. Muestran cómo se agolpan las empresas a las puertas de los 47-49 empleados, elevando la curva descendente de manera espectacular en ese umbral, y cómo, a partir de los 50 empleados el número de empresas cae estrepitosamente. Calculaban que todo ello, unido a la inflexibilidad de los costes laborales, tenía un impacto equivalente al 3.4 del PIB francés, que sería del 1.3 si los salarios fueran absolutamente flexibles. De ello concluían que los principales perdedores de esta regulación eran los trabajadores, también las empresas de mayor tamaño y los principales ganadores las empresas pequeñas.

Algo parecido sucede en nuestro país. Así, a partir de 6 millones de facturación, por ejemplo, la inspección fiscal, ya pasa a la Unidad de Grandes Empresas, lo que es un incentivo para que una empresa se fraccione antes de llegar a esa cantidad. Pero, al igual que sucede en Francia, los mayores costes regulatorios comienzan a partir del empleado número cincuenta, siendo costes regulatorios del mismo tipo -obligación de crear un comité de empresa, de realizar mensualmente los pagos del IVA, etc.-.

Al igual que sucede en Francia, en España conforme va aumentando el tamaño va descendiendo el número de empresas, pero, de repente, aumenta extraordinariamente su número en la franja de 47-49 empleados para volver a caer a partir de los 50, como resulta claramente de los datos de SABI, filial de Informa. Los gráficos demuestran claramente cómo las empresas se agolpan a las puertas de los 50 empleados para evitar los costes regulatorios que conlleva sobrepasar los 49 empleados.

Precisamente por ello, el Ministerio de Economía y Competitividad elaboró en 2017 un Informe que calculaba que si España tuviera la estructura media europea de tamaño empresarial ganaría un 3,35% de PIB, que sería un 7,49% si se copiara el de Reino Unido, donde más de la mitad del empleo lo generan las grandes empresas. Entre las normas que las empresas identificaban que les lastraban, en una encuesta a 15.200 compañías realizada por el ICEX, figuraban que solo las empresas con más de 100 trabajadores -y no 50 como en la actualidad- pudieran constituir un comité de empresa o reducir el número de liberados sindicales de las empresas medianas.

Si a todo lo expuesto añadimos que una de las principales debilidades de la economía española es el alto precio que paga en términos de empleo cuando llega una crisis -inevitable dada la naturaleza cíclica de la economía-, parece imprescindible llevar a cabo este tipo de reformas en todo caso y, máxime, en una situación tan grave como la que estamos atravesando.

No obstante, no parece que ninguna de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria esté interesada en llevar a cabo reformas de este calado, probablemente porque no quieren asumir el coste electoral que puede conllevar el mero hecho de proponerlas.