La Junta abre la batalla contra la burocracia y elimina 100 normas

Desde hace años, una de las reclamaciones más recurrentes del sector privado en Andalucía ha sido el exceso de burocracia de la Administración pública autonómica, que se ha convertido en muchas ocasiones en una gran barrera en lugar de una aliada para los empresarios y los autónomos que quieran poner en marcha una actividad económica en una región necesitada de empresas. La promesa de reducir la burocracia también ha sido recurrente en todas las campañas por todos los partidos políticos, incluido el PSOE, pero no ha llegado a materializarse nunca.

Por eso, el Gobierno de Juanma Moreno hizo de esta idea uno de sus ejes de actuación y así lo anunció en su discurso de investidura de enero de 2019. Apenas un año después, el Gobierno de PP y Ciudadanos ha aprobado un Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, que agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.

El Gobierno quiso escenificar la importancia de esta medida con una comparecencia del vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, y otros cinco consejeros -Presidencia, Economía, Hacienda, Fomento y Agricultura- el día 10 de marzo.

Como ejemplo de lo que supone este cambio, Marín explicó que el decreto ley supone la derogación de la declaración de los proyectos de campos de golf como “interés turístico”, una norma que reclamaba tal cantidad de requisitos que, en los últimos 12 años, desde 2008, “se han presentado 44 solicitudes distintas para 33 proyectos, se han aprobado tres y no se ha construido ninguno”. Ahora, se espera que se puedan llevar a cabo buena parte de los proyectos de campos de golf que la Consejería de Turismo tiene encima de la mesa, generando una importante inversión, creación de empleo y atracción de visitantes de alto poder adquisitivo.

En materias como el comercio, el decreto también supone una revolución, ya que se incrementarán los días de apertura autorizados al año en los establecimientos con una superficie útil superior a 300 metros cuadrados, pasando de los diez domingos y festivos actuales a 16. Además, Con esta medida se adapta, además, la normativa regional a la estatal, que tiene establecido ese cupo de días. Los comercios con unas dimensiones inferiores a 300 metros cuadrados mantienen la autorización de apertura para cualquier domingo o festivo. Esta flexibilidad favorecerá que el tejido comercial pueda competir con las grandes plataformas de venta electrónica sin establecimiento físico.

Esta reforma legal ha sido coordinada por la Consejería de Economía, cuyo titular, Rogelio Velasco, estimó que “acercarse a la media europea en cuanto a nivel regulatorio puede elevar el PIB per cápita alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años”. Paralelamente a ello, esta Consejería viene trabajando en la revisión de 872 procedimientos que afectan a la actividad empresarial, estimándose que un 25% de los mismos pueda simplificarse.

Tanto PSOE como Adelante Andalucía han pedido al Gobierno andaluz la retirada del decreto “por responsabilidad”, al considerar que, en estos momentos, en pleno estado de alarma motivado por la pandemia del coronavirus, “no es urgente ni prioritario”.

La oposición plantea al Ejecutivo de Juanma Moreno que lo tramite “como ley”, para que los grupos lo puedan trabajar en el Parlamento con sus aportaciones “una vez pase esta crisis”, y para “planificar unas medidas económicas en un escenario que ha cambiado” con la irrupción del Covid-19.