Los costes legislativos ahogan el margen del súper a un ritmo de dos normas al día

Casi un millar de nuevas normas se aprobaron en 2022. Con un ritmo medio de 2,7 normativas cada día, el doble que las registradas en 2019, cuando fueron 476. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas, recuerda que en los dos últimos años se batieron récords en normas debido a la pandemia, con una media diaria de 8,9 en 2020 y 7,5 en 2021. Sostenibilidad y crecimiento económico son factores, según el director general de Fiab (Federación de la industria de alimentación y bebidas) Mauricio García de Quevedo, necesarios para garantizar un futuro.

Las empresas cada vez tienen que hacer frente a más costes, como el encarecimiento de la energía, la falta de las materias primas, los problemas con el transporte y ahora también el impuesto al plástico. Ante este panorama, el director general de la asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc), José María Bonmatí asegura que “los costes legislativos que se están incorporando son difíciles de asumir en un entorno en el que las empresas están sacrificando márgenes”.

Las patronales de sector siguen cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a pesar del contexto de inflación. No obstante, consideran necesario el apoyo de la Administración Pública, ya que tienen objetivos comunes. Así desde Fiab aseguran que “necesitamos trabajar codo con codo, respetando la unidad de mercado y la seguridad jurídica”. Además, el sector considera imprescindible ir a la par que Europa e irse adaptando a las necesidades y circunstancias de cada momento.

“Forzar costes adicionales en un periodo de guerra con precios disparados en energía y materias primas no es lo más apropiado si queremos seguir aportando riqueza al mercado español”, añade García de Quevedo. El director general de Aecoc, en este sentido, pone el foco en la fiscalidad para gestionar las normativas medioambientales, pues al final tiene un impacto negativo en la competitividad de las empresas españolas frente al resto de países, algo que “no es bueno a medio plazo”, puntualiza Bonmatí.

Desde el punto de vista de las administraciones autonómicas, el director de la Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, reconoce que “nuestra responsabilidad es intentar hacerlo fácil y acompañar tanto a las empresas como a la ciudadanía, por lo que con cada norma debe haber una interpretación consensuada y unas acciones que permitan aplicarla”. Del mismo modo, el propio Peraire ha pedido a las compañías que no vean estos nuevos impuestos ambientales como un castigo al sector, “sino que parten del principio de quien lo hace mal debe pagar”.