La ley de desperdicio alimentario: una oportunidad que debemos aprovechar como país

La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario recientemente aprobada por el Consejo de Ministros es una oportunidad que debemos aprovechar como sociedad para asegurar un impacto positivo real en la lucha contra el desperdicio alimentario. El texto aborda materias esenciales que contribuirán a ello. Pero para asegurar nuestro liderazgo como país en un futuro, habrá que mirarse en el espejo de la experiencia internacional para evitar el riesgo de quedarnos atrás en la regulación de algunos aspectos que están siendo claves en la lucha contra el desperdicio de alimentos en otros países.

Según datos de la FAO, en España se tiran cada año más de 7,7 millones de toneladas de alimentos a lo largo de toda la cadena. Esto son más de 250kg de comida desperdiciada cada segundo. Esto ha llevado a España a ser el tercer país de la UE en regular la materia, después de Italia y también Francia, cuya ley fue aprobada en 2016 y ha inspirado los contenidos de la ley española. Pero, ¿qué podemos aprender de otros países para asegurar que España se mantenga entre los países líderes a la hora de abordar el desperdicio alimentario?

Desde que en 2018 aterrizamos como Too Good To Go en España para combatir el desperdicio de alimentos a través de nuestra app, planteamos la necesidad de una ley nacional que pusiera freno al desperdicio. El texto del proyecto de ley español es un buen punto de partida e introduce aspectos muy relevantes como la obligación de tener un plan de prevención, suscribir acuerdos de donación con organizaciones sociales o también con empresas para garantizar otros tipos de redistribución de los excedentes para consumo humano.

Sin embargo, sin perjuicio de estos avances que sin duda son positivos, podemos decir que aún hay mucho margen de mejora y hay tres aspectos clave que podemos analizar bajo la luz de la experiencia de otros países.

De acuerdo con el proyecto de Ley, la jerarquía de prioridades que debe guiar a los operadores de toda la cadena alimentaria sitúa la donación o redistribución de alimentos para el consumo humano a la cabeza de esta jerarquía. Ello generará un cambio de conciencia haciendo que las empresas prioricen la donación o redistribución ante cualquier otra solución para gestionar los excedentes alimentarios. El único precedente en este sentido a nivel comunitario es la ley francesa del 2016. La diferencia es que en el caso francés, la prevención ocupa el primer lugar en la jerarquía de prioridades. La prevención implica actuar antes para evitar la generación de residuos, asegurando un uso eficiente de los recursos desde el punto de vista medioambiental y económico. La primera versión de la ley española presentada en 2021 incluía la prevención como primera opción. En cambio, en la versión actual la prevención ya no está dentro de esa jerarquía, aun siendo uno de los principios rectores de la norma. Es posible que el hecho de que las empresas no deban prevenir antes de curar, suponga un obstáculo para ser algo más eficientes a la hora de gestionar los residuos alimentarios.

Otro aspecto clave previsto en la ley, es el de la fecha de consumo preferente. Y es que el etiquetado de fechas causa el 10% de la comida que se desperdicia en la UE, es decir, casi 9 millones de toneladas anuales. La ley parece reconocer la relevancia de este aspecto cuando incorpora como “buena práctica” el incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o caducidad próxima. Sin embargo, esta nueva versión se queda corta frente al texto propuesto en 2021. Ya no incluye como obligación que los productos con fecha de consumo preferente vencida se presenten separados y claramente diferenciados del resto de productos en el punto de venta final con bajada de precios o para donación. Y tampoco contempla la venta de productos con fecha de consumo preferente sobrepasada como sí ocurre en países como Austria o Grecia. La adopción de medidas efectivas que aborden la problemática que plantea la “fecha de consumo preferente” debería ser una cuestión de máxima prioridad y la opción de vender productos en perfecto estado con fecha de consumo preferente sobrepasada, podría evitar el desperdicio de toneladas de alimentos en nuestro país.

Junto con lo anterior, queda preguntarse si aún habría margen de introducir mecanismos para obtener la suficiente información a la hora de combatir el desperdicio de alimentos. Según el proyecto de Ley, los agentes de la cadena deberán colaborar con las administraciones públicas en la contabilización de los residuos alimentarios. Sin embargo, el texto prevé que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá únicamente contabilizar el desperdicio producido por el consumidor tanto dentro como fuera del hogar. Abordar este reto común desde la unión requiere de herramientas que ayuden a evaluar cómo estamos progresando toda la cadena agroalimentaria en su conjunto y no focalizar la responsabilidad en un solo eslabón.

Así parecen entenderlo también los distintos sectores económicos en Noruega, donde las asociaciones que representan a los agentes de la cadena alimentaria adquieren voluntariamente el compromiso de reportar anualmente a las autoridades los índices de desperdicio correspondientes a sus sectores, en virtud del Acuerdo de la Industria para la reducción del desperdicio alimentario suscrito entre cinco ministerios y las principales asociaciones representantes de los sectores agroalimentarios.

En definitiva, tenemos una oportunidad inigualable en la historia de nuestro país para abordar un problema que, actualmente, es responsable del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es responsabilidad de todos los actores que integramos nuestra economía y sociedad, elevar los mínimos estándares aplicables para marcar el camino por el que progresar en materia de desperdicio alimentario en nuestro país. Tomar como referencia la experiencia de otros países europeos, nos ayudará a mantener el liderazgo en la batalla contra el desperdicio, pues es cuestión de tiempo que el resto de países (sobre todo de la UE) impulsen medidas cada vez más efectivas con este propósito.