España merece una ley que haga que la donación de alimentos sea la regla y no la excepción
España se posiciona como el tercer país en Europa en lanzar un proyecto de Ley contra el desperdicio alimentario, después de Francia (2014) e Italia (2016). Un avance muy positivo y que merece la pena aplaudir, teniendo en cuenta el objetivo fijado por la Comisión Europea de reducir a la mitad el desperdicio alimentario antes del 2030. Es necesario dar respuesta a la necesidad social existente en España: más de 6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria por falta de recursos y se desperdician más de 1.300 millones de kilos/litros de alimentos. Lo que significa que se desperdicia la tercera parte de todo lo que se produce.
Por su lado, el Gobierno Español, ya demostró su interés por abordar el tema del desperdicio con la estrategia sensibilizadora que se lanzó en 2013 de “Más alimento, menos desperdicio”, que, aunque ha permitido avances, también ha demostrado que el autocontrol y autorregulación no son suficientes para alcanzar el ambicioso objetivo de la Comisión Europea.
Los grandes cambios en la sociedad pasan por ambiciosos cambios de las leyes. Por eso, es importante que nuestras instituciones generen un contexto legal que priorice el tema y que demuestre a la sociedad la gran envergadura del asunto. La ley no solo debe ser contra el desperdicio alimentario, tenemos que hacer que sea algo más: una ley contra el hambre, una ley por el bienestar y la justicia social de nuestro país.
Para que esta ley tenga los resultados esperados, hay que asegurarse de que realmente sea ambiciosa y no “descafeinada”. El Proyecto de ley aprobado el pasado 6 de junio de 2022 afirma que “Los distribuidores de alimentos con una superficie útil de exposición y venta al público superior a 1.300m2 tendrán la obligación de llegar a acuerdos o convenios para donar su excedente de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos”. España cuenta en la actualidad con 3.769 supermercados de más de 1.300m2, lo que representa el 15,2% del total de los 24.798. Esto significa que la ley deja fuera al 84,8% de los supermercados españoles. Algo que nos llama la atención porque se trata de un cambio significativo con respecto al Anteproyecto aprobado el pasado 11 de octubre 2021 donde se hablaba de puntos de venta de más de 400 m2 y no 1.300m2.
La donación de alimentos es una tarea difícil, arriesgada y costosa para muchas empresas. Donar significa asumir muchas responsabilidades: retirar los productos de las estanterías 48h antes de que caduquen, firmar acuerdos con asociaciones en la zona y organizar las recogidas en cada punto de venta, asegurarse de que se cumple con la cadena de frío durante todo el proceso, conservar los albaranes de entrega, solicitar el certificado de donación, etc. Operar todas estas tareas a gran escala es un reto para cualquier empresa de cierto tamaño y, en todo caso, supone una inversión en tiempo y dinero. Además, en según qué parte del territorio nacional se convierte incluso en una misión imposible por la falta de asociaciones y ONG con la capacidad operativa adecuada.
Cambiar esta realidad debería ser una de las principales prioridades del Gobierno: las donaciones de alimentos deben convertirse en la mejor opción. Y eso no va a conseguirse sólo con una ley más coercitiva que imponga obligaciones y multas. Por un lado, es muy importante que el Gobierno favorezca la capacidad de gestión de las donaciones por parte de las asociaciones en todo el territorio español. Esto puede conseguirse con subvenciones, ayudas para que más asociaciones puedan ser reconocidas de utilidad pública y formaciones y facilidades administrativas para que así dispongan de la capacidad logística para recibir y distribuir efectivamente los alimentos. Por otro lado, el Gobierno Español debería incentivar más las donaciones de alimentos, más allá de la deducción fiscal actual del 35% del valor de los productos donados.
En otros países como Francia, esa deducción fiscal es del 60%. En Colombia o Estados Unidos, también se proporcionan otros créditos fiscales estatales que complementan las deducciones fiscales que se ofrecen a nivel nacional. Según nuestros cálculos, haría falta que la deducción fiscal en España fuera como mínimo del 50% para que las empresas invirtieran en soluciones de gestión de excedente más efectivas y beneficiosas desde un punto de vista financiero, social y medioambiental.
La voluntad del Gobierno por actuar contra el desperdicio es una excelente base para empezar, pero no todo vale. Necesitamos una ley que incorpore obligaciones realmente ambiciosas para todos los actores de la cadena alimentaria, que a la misma vez facilite los recursos imprescindibles para cumplirlas sin que suponga un coste y esfuerzo inasumible.
En definitiva, el sector alimentario ha tenido que enfrentarse a una pandemia, a una guerra, a una subida continua de los costes de la energía y transporte, a una inflación descontrolada de los productos alimentarios básicos y cada vez más a la escasez de numerosos productos alimenticios debido a los eventos climáticos extremos en todo el planeta. El sector ya ha demostrado su gran capacidad de resiliencia hasta la fecha, de manera que si les damos los recursos necesarios para hacer frente al desperdicio alimentario, podemos confiar en su capacidad de ejecución y adaptación, incluso si las obligaciones que la ley imponga sean muy ambiciosas.