El impuesto al plástico no convence ni a Bruselas

La Comisión Europea, recientemente, ha respondido ante la propuesta española del impuesto al plástico. Desde Bruselas han propuesto eliminar los puntos más “ambiciosos” del Real Decreto de Envases. La respuesta del Comisario Thierry Breton, sin embargo, ha decepcionado a las organizaciones ecologistas que aseguran que esta respuesta ha sido influenciada por los lobbys europeos del plástico.

Desde Bruselas han reprochado al Gobierno de Sánchez el exceso de ambición en la lucha contra los plásticos de un solo uso ya que son argumentos poco sólidos y obsoletos. Entre los principales cambios se encuentran evitar la prohibición del envasado de frutas y verduras frescas y la obligación de venderlas a granel en lotes de menos de 1,5 kg. Asimismo, la Comisión Europea resalta su negativa a que las empresas tengan que pagar los costes de las recogidas de basura abandona en su entorno. También quieren anular la prohibición de sustancias tóxicas en los envases pues no se corresponde con la normativa comunitaria de 1994, y por último, se exige eliminar los objetivos de reducción de envases de botellas de plástico de un solo uso.

Estos lobbys europeos del plástico han elaborado un informe en contra del Real Decreto español. Así, alegan la cuestión del coste de oportunidad pues habrá que invertir más recursos para adaptarse a los requisitos españoles de etiquetado que no están disponibles para las empresas. Según recoge el informe “el actual dilema entre los precios de resina virgen y resina recicladas post consumo es de unos 500 euros por tonelada. Así, una empresa con 2.500 referencias en el mercado español gastará 3,75 millones de euros iniciales simplemente cambiando los archivos de impresión de material gráfico, incluso antes de cualquier otro coste”.

Las organizaciones ecológicas recriminan a la Comisión que no está teniendo en cuenta que determinadas medidas como el envasado de la fruta y hortalizas ya se está cumpliendo en países como Francia. Además, de que existen textos comunitarios que restringen el uso de las sustancias tóxicas, sobre todo flalatos y bisfenol A. “Es un argumento muy peligroso. Cada Estado debe definir su ambición con los objetivos de las directivas, y España tiene un claro problema con los residuos de plástico”.

Si no hay cambios, el 1 de enero de 2023 entrará en vigor el impuesto al plástico y amenaza con provocar una nueva subida de los precios. Esa es la advertencia que han lanzado por carta esta misma semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, 15 patronales que representan a más de 40.000 empresas del sector del motor, la alimentación, la distribución, la química, la droguería y la perfumería, además de la propia industria del plástico.

La misiva remitida a la ministra de Hacienda está firmada por Anfac, la patronal de los fabricantes de automoción; varias organizaciones de la distribución y la industria alimentaria -Aecoc, Aces, Anged, Asedas Fiab y Cooperativas Agroalimentarias-; la patronal de la industria química, Feique; la asociación de perfumería Stampa; la de los detergentes y productos de limpieza, Adelma y todas las representantes de la industria de los plásticos: EsPlásticos, Aimplas, Cicloplast, Plastics Europe y la Asociación Española de Industrias del Plástico (Anaip).

Este gravamen se sumará a la docena de impuestos ya existentes en toda la cadena de producción y distribución. En plena oleada de encarecimiento de las materias primas y de los costes de la energía, la industria alimentaria pide al Gobierno retrasar la entrada en vigor. “Se deberían suspender los impuestos especiales y aplazar la entrada en vigor de los nuevos”, alegan fuentes de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

45 céntimos por kilogramos de plástico de un sólo uso es lo que establece esta tasa, que deriva de la Ley de Residuos y Suelos contaminados. A nivel económico supondrá un ingreso de aproximadamente 2.000 millones de euros según el estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Además, según adelantó el presidente ejecutivo de Acoplásticos, Daniel Mitchell, en el foro “ABC de la reforma tributaria”, “el impuesto impactará inevitablemente en el precio final de los productos que se venden en empaques pequeños y subirán hasta 7%”.

De acuerdo con el estudio de Acoplásticos, los detergentes y productos de baño tendrán un incremento entre el 3% y el 5% del precio final. Las bebidas verán afectado su precio alrededor del 3% y 4%. Los precios de los lácteos (leche, queso y yogurt) crecerán algo menos, un 1% y 3%.

Más allá de los precios, son muchas las trabas que hay para la reducción del consumo de plásticos, que es lo que persigue el nuevo impuesto. Uno de los principales problemas, tal y como apunta la gerente de sostenibilidad de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), Cinta Bosh, es que “el plástico es indispensable para muchos usos e insustituible”. Además, a pesar de las variaciones de precios, otro de los inconvenientes es la escasez de producto reciclado que sea de calidad para poder abastecer a toda la industria alimentaria. Por lo que todo esto tendrá repercusiones negativas en la competitividad de las empresas.

Asimismo, Bosch pone el foco en la Responsabilidad Ampliada del Productor, una medida que puede costar 1.150 millones de euros al sector. Todo esto perjudica a las empresas, cuya competitividad se está viendo perjudicada a nivel europeo pues solo Italia tiene un gravamen similar.

Con la nueva normativa, por otro lado, se obliga a reducir a la mitad en 2025 la comercialización de aguas envasadas en botellas de plástico; el 80% para el envasado de cervezas y el 70% para bebidas refrescantes. Y a eso se suma la limitación a la venta de fruta y verdura en este tipo de envases, algo que quedará totalmente prohibido en el supermercado a partir de 2023.

El origen del impuesto está en Bruselas, cuando en 2020 se creó una nueva categoría de recursos propios de la Unión basada en contribuciones nacionales calculadas en función de los envases de plástico que no se reciclen, recuerda el informe, y añade que desde 2021 cada país tiene que pagar 0,8 euros por kilo de residuo que no se recicle.

Así, se están generando impuestos como el que contempla esta ley en otros países como Italia -con entrada en vigor prevista para 2023-, si bien también hay casos extra comunitarios como el de Reino Unido, que tiene una tasa similar desde abril de este año. Al margen de este impuesto del plástico, las Administraciones Públicas han acelerado en cualquier caso la espiral de costes en el sector del comercio en plena crisis energética y con los precios de los alimentos subiendo sin freno.

En el último año, las empresas se han visto afectadas en total por más de una treintena de medidas que, según denuncian, encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad, importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y altos costes de transacción ocasionados por la complejidad y fragmentación de las normas. Y eso, al margen de un aumento de las cotizaciones sociales que pagan las empresas.