Los supermercados no son los culpables de la inflación

Los supermercados están ahogados, ya no pueden hacer frente a más costes. Los márgenes de rentabilidad de las grandes cadenas de distribución españolas cerraron el último ejercicio en el 2,62% y un nuevo impuesto, tal y como propone Podemos, lo rebajaría aún más, otro punto porcentual, con lo que dejaría a muchas empresas al borde de entrar en números rojos. Debido al alza de los cereales, el transporte, los costes energéticos o de los carburantes han tenido que ajustar sus márgenes. Si se analizan los datos, los alimentos se han encarecido ya un 22% en el campo, antes de llegar a los supermercados. Teniendo en cuenta que el IPC de los alimentos está ahora mismo en el 15%, eso significa que las cadenas de distribución están contribuyendo a la contención de los precios a costa de sus márgenes. Los precios en el campo suben siete puntos porcentuales más, con lo que queda claro que, tal y como señalan una y otra vez desde la organización de fabricantes y distribuidores Aecoc, “el sector no es el culpable de la inflación, sino que es una víctima más”.

Está fuera de toda lógica que desde el Gobierno se señale a las empresas y se las culpabilice de la escalada de los precios. Es más, en lugar de aprobar nuevos impuestos para la distribución o fijar un tope a los precios, el Gobierno tiene disponibles 15.000 millones que en principio se iban a destinar mayoritariamente para contener el precio de la energía y ayudar a los ciudadanos para frenar la escalada del precio de los alimentos.

En el último año se ha aprobado un paquete de medidas con el objetivo de hacer frente a la inflación y combatir las consecuencias de la guerra en Ucrania por importe de 23.100 millones, que en la mayor parte de los casos tiene fecha de caducidad a 31 diciembre. A la espera de que se puedan prorrogar o no estas ayudas, el Gobierno cuenta con un colchón suficiente. El Ejecutivo, que dejó fuera de los Presupuestos el coste de las medidas extraordinarias para el año que viene, envió a la Comisión Europea un anexo a los mismos, que ponían sobre el papel un margen fiscal de entre 15.000 y 20.000 millones de euros derivado de unos primeros cálculos de ingresos más austeros. Y es que, según Hacienda, el impulso de los ingresos de la Agencia Tributaria iba entonces al doble de lo previsto por el departamento de María Jesús Montero, con una mejora del 18% hasta la elaboración de las cuentas de 2023.

Seguir señalando y acusando a las cadenas de supermercados, tal y como se está haciendo desde Podemos, solo servirá para ahuyentar a las empresas y frenar la inversión. Lo que hay que hacer es potenciar la competitividad entre las empresas y facilitar su trabajo dentro de las normas del libre mercado, no atacarlas.