La ley de residuos amenaza 26.500 empleos en la industria alimentaria
Tanto la Ley de Residuos y suelos contaminados, que entró en vigor el 31 de marzo, como el Real Decreto de Envases y residuos de envases que prepara el Gobierno, ponen en riesgo muchos puestos de trabajo en el sector de la alimentación debido al elevado coste de adaptación, sobre todo de pymes.
La Ley de Residuos y suelos contaminados, que entró en vigor el pasado 31 de marzo, y el Real Decreto de Envases y residuos de envases amenazan la supervivencia de 2.400 empresas, la mayoría pymes, ponen en riesgo 26.500 puestos de trabajo y conllevan un impacto económico de más de 7.000 millones de euros. Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por la consultora AFI, especializada en finanzas, presentado recientemente en Madrid junto con Fiab (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas). Según Diego Vizcaíno, uno de los socios de AFI, la ley de Residuos y suelos contaminados supone un importante incremento de los costes de las empresas del sector agroalimentario, una considerable caída de márgenes, así como un descenso significativo tanto del consumo como de las ventas. Igualmente, tendrá un impacto negativo en el empleo y un impacto desigual en el poder adquisitivo de los consumidores. En lo tocante al Real Decreto de Envases, Vizcaíno sostiene que este “obligara a las empresas a abordar cuantiosas inversiones. Es un cambio sustancial en la operativa que no es inocua en términos de costes. Muchas empresas van a tener que adaptar sus líneas de producción a materiales alternativos. En definitiva, es un coste fijo que las empresas van a tener que internalizar, y no todas van a ser capaces de acometer estas inversiones sin perder rentabilidad. Se está poniendo en riesgo la viabilidad económica del sector y los empleos”. En concreto, según el estudio de AFI, afrontar las consecuencias de Ley de Residuos y del Real Decreto de Envases, le costará a la industria alimentaria 7.040 millones de euros y al consumidor 780 millones por impuestos sobrevenidos.
En relación al consumidor, el informe revela que el afectado promedio serán los hogares jóvenes y las familias con hijos menores de 15 años y el impacto será mayor en áreas urbanas de Madrid, el centro y Andalucía. En términos de PIB, se prevé un coste adicional de 1.640 millones de euros, el 6,3% del total; la pérdida del 6% del total de los empleos, y el cierre del 7,1% de las empresas del sector.
Malestar en el sector
El director de Fiab (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas), Mauricio García de Quevedo, ahonda en la misma dirección cuando afirma que ambos proyectos legislativos “llegan en el peor momento”, además de que van más allá de la propia directiva europea, por lo que “merman la competitividad de la industria y ponen freno a la necesaria recuperación económica del país”. La industria de la alimentación y las bebidas ha reiterado que su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular es firme y unánime, pero que se requiere de una transición justa, como se está planteando en otras industrias. Fiab pide al Gobierno que escuche al sector antes de poner en marcha futuras medidas, como el inminente Real Decreto de Envases y Residuos.
De cara a este último proyecto legislativo, desde Fiab consideran que es imprescindible que tanto el sector como el Ejecutivo se sienten a hablar para llevar a cabo medidas que favorezcan el reciclaje y la sostenibilidad, pero sin penalizar a las empresas, sobre todo a las pymes de la España Vaciada. Un reciente informe elaborado por esta asociación empresarial revela que la industria de alimentos y bebidas contribuye a evitar el éxodo rural en nuestro país, puesto que permite fijar una población de 834.737 personas y es capaz de generar más de 305.000 empleos directos en el campo, sobre todo en regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia y La Rioja.