Ahora o nunca: el impulso definitivo para el sector agroalimentario español
El sector agroalimentario español se encuentra ante un momento crucial de su existencia. La Política Agraria Común (PAC) cumple 60 años en 2022, pero la llegada de nuevos fondos europeos supone una oportunidad única para que este sector, fundamental para la economía española, avance en su necesaria transformación y afronte con renovado optimismo los próximos años. Un impulso que, esta vez sí, no debe dejar escapar.
La pandemia ha servido para que todos los ciudadanos nos demos cuenta de lo esencial que resulta este sector para nuestras vidas. En mayor o menor medida, hemos aprendido a valorar el trabajo del conjunto de la cadena agroalimentaria, desde los agricultores, ganaderos y pescadores, hasta la industria y la distribución alimentaria. Y nos hemos sentido orgullosos de un sector estratégico por su capacidad para proveernos de alimentos sanos, seguros y de calidad, incluso en los peores momentos.
Hablamos de un sector estratégico para la economía española porque aporta en torno al 11% del PIB nacional y genera más de 2,8 millones de empleos, directos e indirectos, y que destaca por su vocación exportadora: España es el cuarto mayor exportador agroalimentario de la Unión Europea y el octavo del mundo, con un valor de las exportaciones agroalimentarias en 2020 de 53.848 millones de euros y un saldo positivo de su balanza comercial cercano a los 18.700 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estos datos demuestran la fortaleza del sector agroalimentario español, pero no es menos cierto que lleva décadas arrastrando los mismos problemas y afrontando los mismos retos que ninguna Administración ha conseguido resolver definitivamente.
Me refiero no solo a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad (económica, social y medioambiental) de un sector que siempre ha estado muy condicionado por las ayudas de la Política Agraria Común, sino también a poner en valor ante la sociedad española la importancia de disponer a diario, al alcance de nuestra mano y a unos precios razonables, una inmensa lista de productos nutritivos, producidos con los máximos estándares de calidad y seguridad alimentaria.
La PAC, que supone de media el 30% de la renta de los agricultores, cumple 60 años pero sus objetivos originales incluidos en el Tratado de Roma siguen estando muy vigentes a día de hoy: aumentar la productividad para abastecer a la sociedad de alimentos a precios asequibles, garantizar un nivel de vida justo para los agricultores y estabilizar los mercados. Me refiero también a otros retos, como el impulso del relevo generacional para que los jóvenes se incorporen a la actividad y aseguren una España rural viva, con oportunidades y con futuro.
Recuerdo las clases en la Escuela de Agrónomos de Madrid, a finales de los 90, del profesor D. Jaime Lamo de Espinosa, exministro de Agricultura con los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, donde insistía en la importancia de la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y nos recordaba que esto ya estaba recogido en los Pactos de la Moncloa, dentro de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y el Estatuto de la Explotación Familiar y de los Jóvenes Agricultores, aprobado en junio de 1981. Cuarenta años después, seguimos afrontando este reto, al que también hemos sumado, en la última década, el de la incorporación de la mujer.
El sector agroalimentario afronta una oportunidad histórica para conseguir sus grandes objetivos de rentabilidad, competitividad y sostenibilidad, en línea con los parámetros establecidos en el Pacto Verde Europeo y, más concretamente, en las estrategias de Biodiversidad y De la granja a la mesa. A los 47.724 millones de euros de la PAC que corresponden a España para el periodo 2021-2027 hay que añadir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinados a paliar los daños provocados por la crisis del Covid-19 y a construir un futuro más sostenible, a través de reformas e inversiones.
Según recoge CEOE en su primer informe de seguimiento de los fondos Next Generation EU en España, en 2021 se han publicado unas 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos por valor de 9.300 millones de euros, lo que supone cerca del 50% de los fondos recibidos hasta el momento, pero tan solo el 13% del total de subvenciones asignado a España (69.528 millones de euros).
De esta cantidad, según el Informe de Ejecución del Plan de Recuperación elaborado por el Gobierno en diciembre de 2021, los recursos del Plan asignados por el Ministerio de Agricultura a las Comunidades Autónomas, a través de las conferencias sectoriales, ascendían a 115,4 millones de euros. Aparte de la importancia económica de las ayudas, se tienen puestas muchas expectativas en aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.
Me refiero al anunciado Perte de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible, que permitirá, apoyándose en la digitalización, el conocimiento y la innovación, mejorar la sostenibilidad y competitividad de toda la cadena agroalimentaria, avanzar en la trazabilidad y seguridad alimentaria, y aumentar nuestra capacidad exportadora, no solo de productos sino también de nuevas tecnologías y servicios.
En definitiva, el buen aprovechamiento de los fondos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es la oportunidad diferencial que necesitaba este sector para llevar a cabo grandes proyectos transformadores, con la vista puesta en un futuro no muy lejano. Es la ocasión definitiva para impulsar las políticas que tanto han acusado la falta de financiación en los años más duros de las últimas crisis y para resolver, de una vez por todas, las carencias de un sector que, por su importancia y por su esencialidad para nuestras vidas, merece el reconocimiento con hechos y no solo con palabras.