Presente y futuro del sector del huevo
El sector del huevo se encuentra actualmente en una encrucijada ante el reciente anuncio de la Comisión Europea sobre la presentación de una propuesta legislativa de aquí a 2023 para eliminar progresivamente el uso de jaulas acondicionadas en toda la Unión Europea, como parte de su estrategia “De la granja a la mesa”.
Para situar al lector, hay que hablar previamente de las grandes cifras del sector del huevo y de la posición tan importante que ocupa nuestro país en la UE. España es el cuarto productor, con una exportación de 182.000 toneladas de huevos y ovoproductos en 2020 y una facturación de 1.154,30 millones de euros de valor de la producción final en 2020, un 19.8% más que en 2019. Además, genera riqueza y empleo en el medio rural y en la España vaciada (unos 15.000 puestos de trabajo directos y en torno a los 60.000 empleos indirectos).
Además, podemos decir que la avicultura de puesta española está entre las más modernas, dinámicas y exigentes del mundo. Se enmarca en el Modelo Europeo de Producción agroalimentaria, que se traduce en numerosas regulaciones que garantizan el respeto al bienestar animal y al medio ambiente, la seguridad alimentaria y la sanidad animal, además de favorecer la elección del consumidor.
Los sistemas de producción han ido evolucionando con los años para atender las demandas de los consumidores, y por ello están creciendo progresivamente los censos de gallinas en sistemas alternativos como suelo, campero o ecológico. Sin embargo, para llevar a cabo esta reconversión plena es imprescindible contar con una evaluación de impacto completa e independiente, basada en evidencias científicas y técnicas sólidas, que ayude a entender los riesgos, costes y necesidades que implica la norma para el sector.
Y es que España tiene aún el 78% de sus gallinas en el sistema de jaulas, y sustituirlas por sistemas alternativos implica una inversión de reacondicionamiento de las granjas de unos 1.000 millones euros, el equivalente a la facturación del sector durante todo un año.
Es importante señalar que la sanidad y el bienestar de las gallinas es una prioridad absoluta para los productores de huevos españoles, independientemente de cuál sea el sistema de producción. Desde el 1 de enero de 2012, todas las granjas españolas están adaptadas al Real Decreto 3/2002, que establece estrictas condiciones a las granjas de gallinas, entre ellas las alojadas en las llamadas jaulas acondicionadas, únicas jaulas permitidas en la UE.
La avicultura de puesta de nuestro país está compuesta de unas 1.400 granjas, en su mayoría pymes familiares, para adaptar sus instalaciones a la nueva normativa de 2012 sobre bienestar animal tuvieron que acometer fuertes inversiones estimadas en unos 600 millones de euros. Inversiones que, en la mayoría de los casos, todavía no se han amortizado.
La Interprofesional del huevo, Inprovo, que engloba a la mayor parte de las empresas del sector, no se opone a la propuesta de la Unión Europea, pero sí pide que la reconversión se realice con ayudas públicas, tal y como recoge la propuesta de Resolución de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, quien cita textualmente, “Insta a la Comisión a que garantice un apoyo suficiente y un período de transición para la adaptación gradual de los agricultores y ganaderos, que tenga en cuenta el ciclo de inversión de los agricultores, así como mecanismos de financiación con vistas a facilitar la transición, al tiempo que se mantiene la competitividad y la resiliencia social del sector agroalimentario de la Unión”.
Es la única forma de que el sector sea sostenible y en el caso de no ser así, esta reconversión supondría la desaparición de muchos de los operadores actuales, especialmente por parte de las explotaciones pequeñas y medianas que no cuentan con recursos para adaptarse oportunamente.
Teniendo en cuenta que los ciclos de producción son alrededor de 80 semanas, otro aspecto crítico para nuestro sector, es que se contemple un adecuado el período de transición y se faculte la implementación escalonada para la aplicación de los nuevos sistemas de cría, junto con una adecuada y justa distribución de los costes y los beneficios a lo largo de la cadena alimentaria.
Lógicamente, estos cambios no van a ser gratis ya que producir en sistemas sin jaula supondrá un aumento de los costes de producción de en torno al 20% para los huevos de suelo y el 35% para los camperos, que deberá repercutirse en el precio de venta en origen. Es imprescindible garantizar que se podrán repercutir los mayores costes de producción a los clientes, y que no habrá competencia desleal en el mercado de la Unión Europea de productos de países terceros que no cumplen con las exigencias del Modelo Europeo.
Es necesario un compromiso social en el que todos seamos responsables de garantizar la sostenibilidad de la producción, la autonomía alimentaria y el mantenimiento del tejido productivo nacional en el tiempo. Solo así podremos afrontar el futuro con garantías de viabilidad y sostenibilidad del sector. Los productores españoles no pueden quedar abandonados a su suerte en este proceso.