El exceso de burocracia normativa frena el desarrollo empresarial
El coronavirus no solo está lastrando la rentabilidad de miles de empresas y llevando a muchas de ellas a la quiebra. En el sector de la distribución alimentaria, menos castigado que otros, pero que ha sufrido también una fuerte subida de los costes, la pandemia está incrementando la enorme presión regulatoria a la que están sometidos habitualmente los supermercados en nuestro país. Solo en los dos primeros meses del año se han publicado un total de 646 normas de aplicación o interés para el comercio (12,4 al día). Y lo preocupante es una cifra que lejos de frenarse va a más cada día.
Según los datos de Wordlex, ofrecidos por Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), el año pasado fueron un total de 2.686 disposiciones jurídicas relativas a la crisis sanitaria (7,3 nuevas al día). En total, sumando las de ámbito general y las relativas al Covid-19, el año pasado se establecieron un total de 3.276 preceptos normativos (8,9 al día), ocho veces más que en 2019.
Resulta innegable que el coronavirus ha obligado a establecer regulaciones de carácter extraordinario para poder regular no solo los horarios y días de apertura en cada zona, sino también el surtido, teniendo en cuenta que en muchos lugares se ha limitado la venta de productos no esenciales durante muchos meses. Pero eso no quita tampoco que se haya creado una situación de inseguridad jurídica, con cambios constantes en la legislación y nuevas normativas, referentes ya no solo al Covid sino a muchos más ámbitos, que lo único que provoca es un freno en el desarrollo empresarial.
Para poder sortear la grave crisis económica que ha provocado la pandemia no solo bastan los préstamos avalados por el ICO o incluso las ayudas directas, sino que resulta también absolutamente necesario para facilitar el crecimiento y para impulsar la apertura de nuevas sociedades. La libertad de empresa va íntimamente ligada a las facilidades en materia normativa.
Tal y como señala en este número de la revista Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, las autoridades deberían creer más en los empresarios, que frente al Covid han sido capaces de garantizar la protección de sus trabajadores y clientes, o que han conseguido que hubiera mascarillas cuanto antes. “Yo creo que este sector se merece que se haga un ejercicio de revisión de la normativa para regular de una manera más sencilla y eliminar las normas innecesarias”, dice García Magarzo. Los empresarios van a jugar un papel fundamental en la recuperación y reconstrucción de la economía. Conviene no poner por ello más trabas y aligerar el peso normativo.