El comercio soporta cada día doce normas nuevas en su regulación

El covid está incrementando la enorme presión regulatoria a la que están sometidos habitualmente los supermercados en nuestro país, como lo demuestra el hecho de que, solo entre enero y finales de febrero de 2021, se hayan publicado 646 normas de aplicación o interés para el comercio (12,4 al día). Según datos de Wordlex, ofrecidos por Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), en 2020 se decretaron 2.686 disposiciones jurídicas relativas a la crisis sanitaria (7,3 nuevas al día). En total, sumando las de ámbito general y las relativas al Covid-19, el año pasado se establecieron un total de 3.276 preceptos normativos (8,9 al día), cuando en 2019 solo se publicaron 476 (1,3 diarios).

Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, entidad que agrupa a 19.500 tiendas que representan el 67,7% de la superficie de venta de alimentación de la distribución moderna, recalca que a la enorme cantidad de normas a las que tienen que hacer frente los supermercados, relacionadas con el medioambiente, seguridad alimentaria o calidad de los productos, han venido a sumarse ahora las relativas al Covid. “Esto ha supuesto una gran presión regulatoria que puede perjudicar mucho a un sector que está sometido a mucho estrés para ser competitivo y seguir prestando un servicio esencial a los consumidores que es todo un desafío en condiciones tan complicadas”.

Para reducir la presión regulatoria “de siempre y que ahora se ha incrementado”, ya sea en los ámbitos estatal, autonómico y municipal, García Magarzo insta a “que se confíe en los empresarios, que han demostrado que han actuado de forma extraordinariamente responsable durante la pandemia, y que, por tanto, se apliquen los principios de la Unión Europea de justificación, necesidad, proporcionalidad, y se generalice el silencio positivo”. El director general de Asedas advierte de que “se está generando una grandísima presión normativa que tiene un coste para las empresas”, a la hora de seguir los cambios y adaptarse a ellos.

García Magarzo considera que las autoridades deberían creer más en los empresarios, que frente al covid han sido capaces de garantizar la protección de sus trabajadores y clientes, o que han conseguido que hubiera mascarillas cuanto antes. “Yo creo que este sector se merece que se haga un ejercicio de revisión de la normativa para regular de una manera más sencilla y eliminar las normas innecesarias”, dice. El máximo responsable de Asedas entiende que las comunidades autónomas dicten normas en función de la evolución de los contagios, no así que haya unas diferencias tan grandes entre cómo se opera entre las diferentes zonas. Esto último, es especialmente gravosos para cadenas de supermercados que deben adaptar sus procesos a normas de diferentes comunidades autónomas.

Frente a una batería de disposiciones legales, “algunas más justificadas y fáciles de cumplir que otras”, García Magarzo subraya que los supermercados han sido capaces de garantizar una compra segura con la adecuada separación entre personas, la distancia en la línea de cajas, la frecuencia en el lavado de uniformes de los trabajadores, uso de mascarilla...” A tal fin, recuerda, el Ministerio de Sanidad y el sector del comercio pactaron una guía sobre lo que había que hacer o cumplir. “A partir de ahí cada empresa se ha adaptado a su modelo de negocio. Eso es lo que ha funcionado. A estas alturas podemos explicar que los establecimientos de alimentación son lugares seguros; no han dado problemas. No hay brotes asociados. Obviamente, no hay un riesgo cero, pero sí eso ha funcionado ha sido gracias a las medidas que han tomado los empresarios”, destaca García Magarzo.

El exceso normativo, que García Magarzo pide se racionalice y limite al máximo, y que ahora con el Covid dice tener la sensación de que no pasa nada por seguir incrementándolo, “por lo que parece que esto no va a tener fin”, le lleva a hacerse la siguiente pregunta: “¿Por qué no aprovechamos y hacemos una revisión profunda basada en los principios comunitarios de esa forma de regular?” Una revisión que, en su opinión, podría minimizar la previsible crisis económica que sucederá a la pandemia. “Parte de la revisión que tenemos que afrontar para evitar una crisis económica profunda se tiene que apoyar en una simplificación normativa”, avisa.

Servicio esencial

García Magarzo demanda que los trabajadores de los supermercados sean vacunados una vez cubiertos los grupos de más riesgo, como las personas vulnerables de contraer una enfermedad, sanitarios, policías o fuerzas de seguridad del Estado. “A partir de ahí, nosotros pensamos que la distribución alimentaria es candidata a que se incorpore al proceso de vacunación cuanto antes porque somos un servicio esencial. No porque tengamos más riesgo, ni porque seamos más vulnerables; puede haber quienes tengan más riesgo por su propia actividad, pero no son esenciales como la nuestra”. Una esencialidad que apoya en un criterio para él incontestable: “Si nos tenemos que volver a confinar, ¿quiénes son los trabajadores que no pueden teletrabajar ni se pueden quedar en casa?, los nuestros”. García Magarzo recuerda que Asedas se ha prestado, junto con otras asociaciones sectoriales del comercio, el gran consumo y la industria alimentaria, a agilizar o aliviar el proceso de vacunación de sus trabajadores apoyándose en las mutuas o los servicios de prevención de las empresas.