La nueva Ley de la Cadena alimentaria debe premiar a la innovación
El Gobierno aprobó el pasado 3 de noviembre el proyecto de ley de modificación de la Ley de Cadena Alimentaria. Una ley que cambia la anterior, que data nada menos que de 2013 -el sector agroalimentario ha evolucionado notablemente desde entonces- y que se encuentra en trámite parlamentario con la intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de este año.
En un país en el que tanto se ensalza la innovación, mientras que apenas se invierte en ella, la nueva ley supone una oportunidad para regular mejor las relaciones entre los fabricantes de productos de gran consumo y las cadenas de distribución, o lo que es lo mismo, la relación entre las marcas de los fabricantes (MdF) y las marcas de los distribuidores (MdD). Así lo entiende Promarca, la asociación que engloba a los fabricantes de productos de gran consumo líderes de alimentación y bebidas, que ha presentado tres enmiendas a la ley: que esta extienda la prohibición de la venta a pérdidas al consumidor, que no se pueda abusar de un proveedor dependiente económicamente, y que los distribuidores actúen de “buena fe” o “hagan sus mejores esfuerzos” para referenciar las innovaciones.
Y es que actualmente las grandes cadenas de supermercados e hipermercados marginan -no todos en la misma medida, hay que decirlo- a las innovaciones de las marcas de los fabricantes en favor de sus marcas blancas, incluso en el caso de marcas de fabricantes con las que trabajan. Lo hacen dándoles menos visibilidad en los lineales, no referenciándolas o haciéndolo en un porcentaje mínimo, o aplicándoles un margen mayor. Incluso muchas veces, como denuncian en Promarca, “quitan la innovación original y meten su marca”, una vez copiada, “lo cual es el colmo de la competencia desleal”.
Como recuerdan en Promarca, citando un estudio de la consultora KPGM, una bajada o subida del 30% en el número de innovaciones referenciadas por las cadenas de distribución implica 35.000 puestos de trabajo anuales y 4.000 millones en PIB. En este sentido, la asociación recuerda que las marcas del fabricante han desempeñado a lo largo de los años un papel esencial a la hora de mantener viva la España rural, pues contribuyen a garantizar los ingresos y el empleo gracias a la implantación de sus fábricas en algunas de las zonas menos densamente pobladas del país. Un ejemplo de esto último podría ser la empresa Galletas Gullón, ubicada en la localidad palentina de Aguilar de Campoo, que emplea 1.600 personas en una localidad que tiene alrededor de 6.800 habitantes. Otras compañías de referencia en el sector, caso de Capsa Food y Pascual, están apostando por apoyar a startups que innovan en alimentación, algo fundamental para impulsar a economía española. Premiemos la innovación.