El Gobierno debe poner freno a los ataques de Garzón
Primero fue el sector del turismo y la hostelería. Ahora el de la alimentación y el de los juguetes. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, parece estar dispuesto a arrasar con todo el tejido empresarial español. Urge por ello que el Gobierno en su conjunto, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, le pongan freno antes de que los daños sean irreparables. El sector agroalimentario es absolutamente estratégico para nuestra economía y, por lo tanto, también para el empleo, pero la situación no es fácil y lo que menos conviene ahora es que un ministro se dedique a atacar a las empresas desde su puesto, imponiendo limitaciones a la publicidad y criminalizando a las empresas por la obesidad. La industria alimentaria española cerró el año pasado un ciclo de cinco años consecutivos de crecimiento positivo y cifra los datos de afiliación en 431.800 trabajadores directos, con un descenso del 1,1%. Si bien, hay que señalar que el empleo en el sector ha resistido de mejor forma que lo ha hecho el resto de la economía y que la recuperación de trabajadores de los ERTE está evolucionando positivamente, no conviene ni mucho menos confiarse.
En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector industrial, según los últimos datos de Estadística Estructural de Empresas del INE, con 130.795 millones de euros de cifra de negocios, lo que representa el 23,3% del sector industrial, el 22,1% de las personas ocupadas y el 19,2% del valor añadido. El sector agrupa a más de 30.000 empresas y, lo que es más importante, el 96,1% de ellas son firmas con menos de 50 empleados, es decir pymes.
Es un tejido empresarial clave por el que el Gobierno debe preocuparse y ocuparse. Urge por ello parar a Garzón. La autoregulación en términos de publicidad, con el Código Paos a la cabeza, ha funcionado y funciona. No se trata de establecer más prohibiciones. Se trata, al contrario, de promover hábitos de vida saludable, de fomentar el ejercicio físico, de concienciar a la población más joven de los problemas derivados de una mala alimentación. Ese es el camino y no otro. Culpabilizar a las empresas o a las marcas de una mala estrategia política solo puede traer consigo un freno a la inversión y al empleo. Las ocurrencias de Garzón no van a ninguna parte, como tampoco lo van sus llamadas a las huelgas de juguetes por un supuesto contenido sexista. Cuando alguien en el Gobierno se convierte en el problema y no en la solución, el presidente Sánchez no puede ponerse de perfil y debe asumir responsabilidades. Garzón debería ser apartado cuanto antes del Ejecutivo. O, al final, seremos todos los que acabemos pagando sus ataques. No es solo una cuestión del turismo, de la hostelería, de la alimentación o de los juguetes. Es algo que va mucho más allá.