La inacción de Castilla-La Mancha por el fraude del vino no tiene justificación
La Audiencia Nacional ha decidido investigar el fraude en los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas ante las reiteradas denuncias de la empresa García Carrión de que se estaba vendiendo vino joven como si fuera de crianza y, en algunos casos, incluso, como vino de reserva. Unas denuncias que se remontan nada menos que a 2017 y que se interpusieron tanto ante la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen como ante la Junta de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García-Page. Es decir, pese a que el gobierno regional conocía perfectamente los hechos, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha no ha intervenido en los órganos de control de la DO Valdepeñas. La razón de esta inacción es algo que, además de no entenderse, perjudica gravemente a la denominación, ya que la falta de honestidad de algunos bodegueros acaba arrastrando a quienes hacen las cosas bien.
No ha sido únicamente García Carrión quien ha denunciado las citadas irregularidades. Lo han hecho también todos los agentes del sector productor, caso de Asaja, Coag, UPA, Avival y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. A todas ha hecho oídos sordos el Gobierno regional. Este posible fraude “por la comisión de delitos continuados de estafa, publicidad engañosa y falsedad documental oficial” por comercializar supuestamente vino tinto con determinadas marcas, y embotellarlo con las categorías de crianza y reserva, cuando en realidad no se corresponde con estas calificaciones, ha afectado tanto al vino vendido en España como al exportado.
Esto último agrava más si cable la gravedad del presunto fraude, puesto que afecta a la reputación y fama de los caldos españoles en el exterior. No hay que olvidar que nuestro país es uno de los principales productores y exportadores mundiales de vino. Si en los mercados internacionales dejan de confiar en el vino español, el daño al conjunto del sector puede ser irreparable. Y quien sabe si incluso se puede extender a otros productos agroalimentarios españoles.
Ahora, aunque tarde, pero confiando en el que el daño se pueda subsanar en cierta medida, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha admitido a trámite la denuncia presentada por la fiscalía para investigar a cuatro grandes bodegas de la DOP Valdepeñas, así como a sus administradores, para saber cuáles han sido las ventas y categorías de esos caldos (crianza, reserva o gran reserva), así como la cantidad de botellas y precios. Junto a esto, para el principal denunciante, García Carrión, la depuración de cuantas irregularidades se hayan podido producir en la DO Valdepeñas también “pasan necesariamente por la democratización y la representatividad paritaria de sus órganos gestores”.