Castilla-La Mancha ocultó el fraude con los vinos de Valdepeñas
García Carrión denunció desde 2017 de forma reiterada tanto a la DO como a la Junta que se estaba vendiendo vino del año como si fuera reserva. La Audiencia Nacional lo investiga ahora
La Denominación de Origen Valdepeñas y la Junta de Castilla-La Mancha han tratado de ocultar durante años el fraude en sus vinos, que ahora investiga la Audiencia Nacional. El 9 de mayo de 2017, el grupo García Carrión denunció por primera vez las presuntas irregularidades ante la venta de vino del año como si fuera crianza o reserva, ante la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen, pero ésta decidió no actuar. Posteriormente, y ante la falta precisamente de respuesta, la empresa bodeguera que preside José García Carrión presentó una nueva denuncia dos años después, el 1 de abril de 2019 ante la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, que tampoco hizo nada al respecto pese a que se acreditó que se habían estado comercializando vinos de crianza “sin tener las condiciones específicas de envejecimiento en barricas de madera requeridas para tener tal calificación”.
Desde García Carrión han reiterado en varias ocasiones las críticas a la actuación de la Junta. “Pese a conocer perfectamente los hechos, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha no ha intervenido en los órganos de control de la DO Valdepeñas, ni ha auspiciado un funcionamiento democrático de la misma, ni el nombramiento de un presidente representativo de todos los sectores e independiente”, aseguran en la empresa.
Y es que la empresa se ha dirigido en los últimos años tanto al presidente de la región, Emiliano García-Page, como al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, “pidiendo medidas concretas dirigidas a garantizar la representatividad de la DO y la defensa de los intereses sectoriales, sin que se haya atendido ni una sola de estas peticiones”. La última de estas comunicaciones al presidente castellanomanchego fue, según precisa la empresa, el 1 de abril del año pasado, antes de que se iniciara la investigación en la Audiencia Nacional. Y fue precisamente, “ante la inactividad de la Administración y el bloqueo de la Junta Directiva de la DO por parte de Félix Solís,” lo que provocó que García Carrión acudiera a los tribunales en demanda de la implantación obligatoria de contraetiquetas específicas identificativas del tipo del vino y añada comercializado como única medida eficaz de control.
En julio de 2019, el sector productor, representado por Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha interpusieron una denuncia por los mismos hechos ya ante la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, con objeto de que se abrieran las oportunas diligencias de investigación por la comisión de un posible delito de fraude. Y apenas un mes después, García Carrión y la asociación Avival interpusieron otra ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha “por la presunta comisión de delitos continuados de estafa, publicidad engañosa y falsedad en documento oficial”, por comercializar supuestamente vino tinto con las marcas Casa Albali, Los Molinos, Viña Albali y Diego de Almagro, embotellado con las categorías de crianza y reserva “cuando en realidad su contenido no se corresponde con éstas calificaciones”. Fue poco después, en octubre de 2019 cuando la Fiscalía de Castilla-La Mancha decretó remitir las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, que abrió entonces diligencias penales de investigación.
Hace poco más de un año, en febrero de 2020, tras el primer análisis de la situación, la Fiscalía Provincial de Ciudad Real dictó decreto por el que se remitía todo lo actuado a la Audiencia Nacional, al considerarse que los hechos denunciados objeto de investigación afectaban no solo a todo el territorio nacional sino también al extranjero. Posteriormente, ya en abril, la asociación Avival presentó además una nueva denuncia ante la Fiscalía ya de la Audiencia Nacional a modo de ampliación de los hechos para que se investigue también la comercialización en 2019 de vino joven igualmente como crianza, tal y como había sucedido en 2018. En esta ocasión además se incluyeron todas las marcas que Félix Solís hace para las cadenas de distribución.
Ha sido ahora cuando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía para investigar no solo a Félix Solís, sino también a otras grandes bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas, incluida la propia García Carrión, la denunciante, además de Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro, así como sus administradores. El objetivo es saber si se han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos del año, sin envejecimiento alguno.
En el auto, solicita a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que practiquen diligencias para poder conocer las ventas de estas bodegas entre 2010 y 2019, ambos inclusive. Quiere saber tanto las ventas como las categorías de esos caldos (crianza, reserva o gran reserva), y la cantidad de botellas, así como los precios. García Carrión mantiene que “la depuración de cuantas irregularidades se hayan podido producir en la DO Valdepeñas pasan necesariamente por la democratización y representatividad paritaria de sus órganos gestores. Y parece mentira que después de cuatro años de denuncias por nuestra parte, la Administración se haya mantenido al margen del problema, y sin voluntad de arreglarlo, dejando la DO Valdepeñas sin intervenir, en manos de la principal empresa denunciada, Félix Solís”.