Doñana necesita un acuerdo a largo plazo y menos batallas políticas
El Gobierno y la Junta de Andalucía se han enzarzado en una nueva guerra del agua en la que lejos de buscar el interés general parece que los partidos tratan de afrontar la situación con una visión más partidista a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales.
El origen de la polémica se encuentra en la proposición de ley para ampliar los regadíos en la corona norte del Parque Natural de Doñana presentada por el Partido Popular andaluz con el apoyo de Vox en la Comunidad. El texto pretende reconocer como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva). No obstante, un informe elaborado por WWF apunta que, en la práctica, el número de hectáreas de cultivos ilegales que podrían ser regulados superaría las 1.900 hectáreas.
La propuesta de la Junta andaluza plantea resarcir a centenares de pequeños agricultores que se vieron excluidos del Plan de la Fresa diseñado por el anterior Gobierno regional socialista en 2014. Así, el Ejecutivo popular de Juan Manuel Moreno Bonilla pretende beneficiar a esos cultivos, principalmente dedicados al fruto rojo, que necesitan grandes cantidades de agua. En la actualidad, centenares de pozos, muchos de ellos ilegales, se nutren sin control de las aguas subterráneas para regar los cultivos, si bien la aplicación del Marco de Actuaciones de Doñana ha procurado ya la clausura de 701 pozos ilegales mientras otros 428 tienen el proceso de cierre ya iniciado.
La propuesta del Gobierno andaluz puntualiza que ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana será autorizada en virtud de la ley. Contempla, más bien, que en situaciones de superávit sean utilizadas aguas superficiales mediante un nuevo trasvase procedente de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras. El hecho de no estar en servicio esta infraestructura está siendo usado como ariete contra el Gobierno central.
No obstante, la polémica generada en España y, también, el hecho de que haya trascendido las fronteras nacionales, han suavizado las posiciones de la Junta de Andalucía. Moreno Bonilla ha pasado de atacar al Gobierno a buscar “alternativas imaginativas” para solventar la situación de los regadíos en el entorno del Parque. En este sentido, la propuesta planteada por el exvicepresidente del Gobierno y presidente durante años del Patronato de Doñana, el socialista y andaluz Alfonso Guerra, de permutar o comprar a los regantes los terrenos afectados por el plan de reordenación, no ha sido descartada ni por la Junta andaluza ni por el Gobierno central, al menos de momento. Tampoco por el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que ha recordado que dicha alternativa ya había partido de su Grupo en el Parlamento regional. Llega la hora de sentarse y buscar una solución a largo plazo para Doñana.