España pondrá coto a la actividad en la superficie de los acuíferos
El ‘Plan de Acción de Aguas Subterráneas’ diseñado por el Miteco prevé establecer áreas de protección para prevenir los problemas derivados de la contaminación o la explotación no sostenible.
Las aguas subterráneas son un recurso esencial para la vida y una pieza fundamental para el correcto funcionamiento del ciclo hidrológico. Además de representar el 97% del agua dulce en estado líquido disponible para el consumo humano son el sustento de ríos, manantiales y de muchos humedales y ecosistemas de gran valor, pero también cumplen una función estratégica en situaciones de sequía debido a su menor vulnerabilidad y a la especial relevancia que adquieren en un contexto de cambio climático.
Con cerca de 800 masas de aguas subterráneas (MASub), España se posiciona como uno de los países del mundo con mayor cantidad de acuíferos. Estos recursos desempeñan un papel decisivo a la hora de suministrar agua de calidad a la población, ya que abastecen al 15% de los ciudadanos, y suponen además un input fundamental para la producción agrícola. Sin embargo, su gestión en las últimas décadas ha sido claramente deficiente.
La utilización intensiva de las aguas subterráneas en algunas zonas del país ha ocasionado que más del 40% de las masas no alcancen el buen estado requerido por la Directiva Marco del Agua, tal y como reconoce el Ministerio para la Transición Ecológica, debido a la “explotación no sostenible y la contaminación por nitratos”, con los consiguientes efectos negativos que de este hecho se derivan, tanto para la salud humana como para los ecosistemas y las aguas superficiales.
A la luz de estos datos, el Gobierno ha elaborado el Plan de Acción sobre las masas de agua subterráneas, una estrategia que pretende mejorar el conocimiento, gestión y gobernanza de este tipo de recursos con el fin de alcanzar el buen estado cuantitativo y químico y también de conseguir los objetivos marcados para las zonas protegidas y ecosistemas asociados, compatibilizándolo con una utilización sostenible de las aguas subterráneas para los diferentes usos.
Las medidas que define el plan han sido diseñadas para actuar sobre las carencias identificadas en el diagnóstico sobre la situación de las aguas subterráneas. De acuerdo con el informe de seguimiento de 2021 de los planes hidrológicos de segundo ciclo y los recursos hídricos en España, 413 masas de agua subterránea alcanzan el buen estado frente a las 349 masas que no lo hacen, una cantidad que, en extensión, supera los 140.000 kilómetros cuadrados y abarca casi el 40% del espacio total que ocupan todas las masas de agua subterránea en el territorio nacional, tal y como refleja el informe SOS Acuíferos elaborado por Greenpeace.
El documento también refleja que el 27% de las masas de agua subterránea en España están en mal estado cuantitativo, es decir, se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural; el 30% se encuentran en mal estado químico o, lo que es lo mismo, la contaminación supera el nivel máximo para preservar la salud humana, y el 14% se encuentra en mal estado cuantitativo y químico.
Contaminación difusa
El problema más común que impide alcanzar el buen estado químico es la contaminación por fuentes difusas, especialmente los nitratos procedentes de fuentes agrarias. En el caso de los problemas de estado cuantitativo, la causa fundamental es la extracción intensiva y continuada de estos recursos que registra elevados niveles de explotación y, en muchos casos, acaba afectando a las masas de agua superficial y a los ecosistemas dependientes. Esta circunstancia ha provocado que en la actualidad 25 masas de agua subterránea se encuentren declaradas en riesgo (cuantitativo, químico o ambos) en las diferentes demarcaciones intercomunitarias.
El alto contenido de nitratos es un problema persistente que se arrastra desde hace años en determinadas zonas como Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y la Región de Murcia. “30 años después de la promulgación de la Directiva sobre la contaminación por nitratos, el problema, aunque estancado en muchos casos, está lejos de resolverse. Además, otros problemas, como los relacionados con los plaguicidas, crecen en su problemática y no siempre existe el conocimiento adecuado de su situación, comportamiento y evolución”, expone el borrador del documento, que también señala que este hecho “influye directamente en la posibilidad de alcanzar el buen estado en un número importante de masas de agua”.
En este sentido, la estrategia prevé que para el año que viene la superficie declarada como zona vulnerable en España se haya incrementado en un 50% respecto a la actual, es decir, en unos 50.000 km2, obligando a los gobiernos autonómicos a implementar las directrices marcadas por las autoridades en materia hídrica, declarar en riesgo nuevos acuíferos, marcar un nivel máximo de nitrógeno al que pueden llegar las aguas para alcanzar los objetivos ambientales establecidos en los correspondientes planes hidrológicos y limitar o no autorizar aprovechamientos que puedan impactar sobre el estado de estos recursos.
Entre las medidas diseñadas para prevenir los problemas derivados de la contaminación o la explotación no sostenible, el documento apuesta por establecer perímetros de protección alrededor de los acuíferos que permitan “evitar el deterioro de las masas de agua subterránea”. Si bien reconoce que la implementación de esta figura no ha sido exitosa en el pasado, asegura que “su activación para los próximos años es uno de los retos que afronta este Plan de Acción”.
El perímetro de protección se define como un “área en la que, de forma graduada, se restringen o prohíben actividades potencialmente contaminantes, o en su caso, captaciones o extracciones. Es una figura administrativa basada en la prevención, ya que su objetivo es definir diferentes recintos de vulnerabilidad que permitan prevenir la contaminación de las aguas subterráneas”.
Esta medida de protección existe, al menos, desde la aprobación de la Ley de Aguas de 1985, pero para dotar a los perímetros de fuerza legal es necesario modificar el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
La desconfianza de Europa
La sobrexplotación y contaminación de las aguas subterráneas es un problema sabido en España desde hace más de cuatro décadas, pero hasta ahora se ha logrado poco y el tiempo para actuar apremia. La Directiva Marco del Agua exige que todas las masas estén en buen estado global antes de que finalice el año 2027, pero Europa tiene razones para pensar que esta exigencia no se va a cumplir en el caso español, tal y como ya ocurrió con los objetivos fijados para 2015 y 2021. El estudio elaborado por Greenpeace señala que el 19% de las masas subterráneas de España no espera cumplir con los objetivos medioambientales tampoco en 2027 y que el 43% de las masas que se encuentran en mal estado ya se ha acogido a una prórroga. “Hay demarcaciones que en sus planes de tercer ciclo no creen que se pueda alcanzar el buen estado en parte de su agua subterránea antes de 2033 o 2039”, asegura el documento. Las autoridades europeas han amenazado con tomar medidas más estrictas si se sigue haciendo caso omiso de las advertencias. El Tribunal de Justicia de la UE ya ha dictado sentencia contra España por no proteger Doñana de las extracciones ilegales de aguas subterráneas para regadío y las destinadas a abastecer el complejo turístico de Matalascañas. La intención de la Junta de Andalucía de ampliar la regularización de regadíos en el entorno del parque natural ha hecho que Bruselas se plantee elevar el caso de nuevo a la Justicia europea para reclamar una multa.