Agua: todos ética y moralmente obligados a su preservación
Cada 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, decisión que emanó de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Rio de Janeiro en 1992 y que ese mismo año instauró la Asamblea General. Se comenzó a celebrar en 1993.
Desde 2010 la ONU otorga al agua carácter de derecho humano y en 2015 el mundo expresó su compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) como parte de la Agenda 2030, que proclama el derecho de todos a disponer de un agua de calidad y al saneamiento.
Han transcurrido más de tres décadas desde aquel 22 de diciembre de 1992 y se sigue celebrando el Día Mundial del Agua, cada año bajo un lema; el de 2023 es: “Sé el cambio”.
Desde aquel entonces se han producido avances, pero no al ritmo y con la intensidad que el mundo necesita; la realidad es que sigue habiendo dos mundos, el desarrollado y el subdesarrollado, y que la distancia entre ambos es cada vez mayor. En aquel se han producido mejoras en el ciclo urbano del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración) como consecuencia de los avances en I+D+i, mientras que en este las cosas siguen tal cual, porque sin duda necesitan la ayuda gubernamental del primer mundo y esta es tan escasa que apenas se nota, lo que hace que destaquen las acciones emprendidas por las ONG serias que realizan proyectos de agua.
Las cifras son escandalosas: 2.000 millones de personas no tienen acceso directo al agua potable y 4.500 no tienen sistemas de saneamientos seguros, lo que hace que sean muchas las muertes por enfermedades. Es hora de que el mundo pudiente deje de lavarse las manos en este asunto.
Sin agua de buena calidad no hay progreso, ni se puede proporcionar a las personas el disfrute de un buen medio ambiente, ese que proclama nuestra constitución; por eso, en el caso de España, no se entiende bien que las inversiones en agua sigan siendo promesas mal cumplidas.
En el fondo de la cuestión subyace el precio del agua, que según la Directiva Marco del año 2000 debe incluir todos los costes, incluidos los de nueva instalación, que han de pagar todos los usuarios, sin perjuicio de los necesarios auxilios sociales en pro de los necesitados para, con ese dinero, seguir haciendo las inversiones precisas y la conservación y mantenimiento de las infraestructuras y su explotación. Pero la realidad es otra y, al menos en España, los precios son o tienen más de políticos que de reales, de modo que las tarifas a lo largo de su geografía son tan variadas y los servicios tan diferentes que hacen que se convierta en clamor la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua y, por ende, que se instaure la figura de un regulador único.
“Sé el cambio” es el lema de este año. Con él se está pidiendo que todos contribuyamos a usar bien el agua, sin despilfarros, sin acciones contaminantes, con aprecio verdadero a este bien imprescindible para vivir y disfrutar de una vida digna. En las épocas secas de escasez y también en las húmedas, cuando se producen inundaciones, el agua cobra toda su importancia. Tomamos conciencia de su valor y la respetamos; después, cuando cesan estas situaciones, ya no se habla del agua y siguen siendo habituales las malas prácticas. A cualquier hora que se abra el grifo, salvo averías, sale el agua de siempre, por eso es de suma importancia que las campañas de concienciación para usar correctamente el agua que hacen las instituciones públicas se mantengan en todo tiempo.
Para realizar todo el conjunto de actividades que demanda el ciclo urbano del agua son necesarios recursos económicos que, en general, vienen de los poderes públicos, entendidos en sentido amplio, o en su caso de la colaboración público-privada, que en España no acaba de desarrollarse de forma franca y para la que la Ley de Desindexación es un freno.
Lo ideal sería que esos recursos fueran el adelanto de los poderes públicos que luego recuperarían a través de lo que pagan los usuarios por el servicio que reciben, pero las cosas son de otra manera y el precio del agua, en muchos casos, es un precio político, lo que supone un flaco favor para todos. En todo caso, las inversiones públicas, una vez aprobadas presupuestariamente, deberían ser vinculantes, pero no lo son, quedando al albur del gobierno de turno, lo que no deja de ser un absurdo.
El tejido empresarial, los contratistas como colaboradores de las administraciones públicas en términos del Tribunal Supremo, es clave para la gestión del ciclo del agua. En nuestro mundo son las empresas las que se encargan de ejecutar las obras y mantener vivos los servicios; lo hacen con responsabilidad y empeño ejerciendo una función social imprescindible a cambio de la expectativa de un beneficio empresarial razonable; no son filibusteros, son colaboradores necesarios.
La función empresarial entraña un riesgo, aplica su arte a su trabajo y a veces se equivoca y llega la pérdida, situación que forma parte de su esencia; otras veces acierta y logra un beneficio.
En este vaivén es obligación principal de los gobernantes proteger a las empresas con leyes que las amparen y no que propicien lo contrario, interviniendo en su protección en las situaciones de riesgo imprevisible a las que son ajenas y que los llevan a sufrir unas pérdidas extraordinarias. Tal es lo que ha sucedido a partir de 2021 con las subidas de precios exorbitantes. Sin embargo, lo único que se ha hecho es reconocer una revisión de precios incompleta en el caso de las obras y dejar fuera de ella a los servicios, que quedan sin protección alguna y pone en riesgo de desaparición a las empresas que los gestionan.