Un pacto por el agua para afrontar los problemas y retos que tiene España por delante
Las advertencias se cuentan por docenas. Lo que hasta hace no demasiados años eran previsiones más o menos oscuras, se han convertido ya en alarmas que apuntan a que nuestro país se encamina hacia una profunda desertificación. Según el último informe del IPCC, España será, en apenas 25 años, mucho más cálida y seca, y deberá relacionarse con el agua como un recurso escaso y comprometido. En la línea de los avisos que puntualmente firma también la Organización Meteorológica Mundial que también anticipa una altísima incidencia del cambio climático en la península ibérica en los próximos años, el satélite Copernicus, de la Unión Europea, avanza también registros de temperaturas sin precedentes en nuestro país antes de rebasar la barrera de 2050. En este contexto, las predicciones que dibujan un futuro sin retorno parecen no calar lo suficiente ya no en unas sociedades que, acostumbradas a asomarse a catástrofes ajenas, pudieran llegar a leerlas bajo cierto grado de anestesia, sino en unos gobiernos instalados tantas veces en cortoplacismos electorales.
No obstante, y tal vez por estar viviendo una de las sequías más prolongadas y evidentes de las últimas décadas que han afectado, además de a los ecosistemas, a la propia marcha de la economía y directamente al sector primario, el Gobierno central ha ampliado una política que atiende a lo que desde hace décadas les ha sido reclamado a los gobiernos españoles: programas de inversión para la modernización de las infraestructuras hídricas.
Dotado de 2.190 millones de euros, el Ejecutivo ha firmado con carácter de urgencia un Real Decreto-ley para afrontar los estragos de la sequía y aumentar la disponibilidad de los recursos hídricos. Por el adelanto electoral anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, esa orden ha estado a punto de descabalgar, pero por atender una situación realmente extrema, finalmente es la Diputación Permanente del Congreso la que, aun con el Parlamento disuelto, termina de darle curso.
Casi la mitad de ese presupuesto está destinado a sostener y, en muchas ocasiones, a rescatar, un sector primario que ha visto perdidas sus cosechas o que ha soportado gastos extraordinarios en alimentación para sus animales ante la falta de pastos, pero 1.400 de esos millones van a alimentar la que supone la mayor partida unitaria y dispuesta de urgencia por La Moncloa para actuaciones urgentes en política hídrica. Así, el Ministerio escribe como líneas prioritarias la construcción de nuevas infraestructuras como plantas desalinizadoras, procurar el duplicado de la reutilización de aguas urbanas y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. Por la actual sequía, la construcción de determinadas infraestructuras va a ser acelerada para atender las necesidades que son ya una realidad. La pena es que parece que haya que esperar a ver las orejas al lobo para actuar en lugar de buscar un pacto de estado.