La sequía enciende el debate político sobre la gestión hídrica

Las advertencias se cuentan por docenas. Lo que hasta hace no demasiados años eran previsiones más o menos oscuras, se han convertido ya en alarmas que apuntan a que nuestro país se encamina hacia la desertificación. Según el último informe del IPCC, España será, en apenas 25 años, mucho más cálida y seca, y deberá relacionarse con el agua como un recurso escaso y comprometido. En la línea de los avisos que puntualmente firma también la Organización Meteorológica Mundial que también anticipa una altísima incidencia del cambio climático en la península ibérica en los próximos años, el satélite Copernicus, de la Unión Europea, avanza también registros de temperaturas sin precedentes en nuestro país antes de rebasar la barrera de 2050. En este contexto, las predicciones que dibujan un futuro sin retorno parecen no calar lo suficiente ya no en unas sociedades que, acostumbradas a asomarse a catástrofes ajenas, pudieran llegar a leerlas bajo cierto grado de anestesia, sino en unos gobiernos instalados tantas veces en cortoplacismos electorales.

No obstante, y tal vez por estar viviendo una de las sequías más prologadas y evidentes de las últimas décadas que han afectado, además de a los ecosistemas, a la propia marcha de la economía y directamente al sector primario, el Gobierno central ha ampliado una política que atiende a lo que desde hace décadas les ha sido reclamado a los gobiernos españoles: programas de inversión para la modernización de las infraestructuras hídricas.

Dotado de 2.190 millones de euros, el Ejecutivo ha firmado con carácter de urgencia un Real Decreto-ley para afrontar los estragos de la sequía y aumentar la disponibilidad de los recursos hídricos. Por el adelanto electoral anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, esa orden ha estado a punto de descabalgar, pero por atender una situación realmente extrema, finalmente es la Diputación Permanente del Congreso la que, aun con el Parlamento disuelto, termina de darle curso.

Casi la mitad de ese millonario presupuesto está destinado a sostener y, en muchas ocasiones, a rescatar, un sector primario que ha visto perdidas sus cosechas o que ha soportado gastos extraordinarios en alimentación para sus animales ante la falta de pastos, pero 1.400 de esos millones van a alimentar la que supone la mayor partida unitaria y dispuesta de urgencia por La Moncloa para actuaciones urgentes en política hídrica. Así, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) escribe como líneas prioritarias la construcción de nuevas infraestructuras como plantas desalinizadoras, procurar el duplicado de la reutilización de aguas urbanas y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. Por la actual sequía, la construcción de determinadas infraestructuras va a ser acelerada para atender las necesidades que son ya una realidad. Con un presupuesto de 35,5 millones de euros, el Miteco pretende generar bombeos de emergencia y adecuar tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses en las cuencas ya afectadas por la falta de lluvias.

Más allá, y en lo referido a nuevas infraestructuras que puedan entrar en funcionamiento en el medio o largo plazo, se han declarado obras de interés general tres desalinizadoras en la costa mediterránea. El Estado va a asumir la construcción de una planta en Tordera, Cataluña, con un coste de 220 millones, y otras dos en Málaga y en Almería, por 200 millones. Además, se van a invertir 224 millones en los trabajos necesarios para que Alicante pueda reforzar sus proyectos para la reutilización.

Además, la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) ha recibido ya el permiso para que comience a licitar la construcción de más plantas desalinizadoras alimentadas por energía solar fotovoltaica. Podrá hacerlo en virtud de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con un presupuesto de 600 millones.

Es también intención del Gobierno combinar con esta política estructural impulsar la reutilización de aguas urbanas. Para ello, y para asumir también las normativas y recomendaciones comunitarias, queda modificada la Ley de aguas para que las reutilizadas aumenten un 150%, de los actuales 400 Hm3 al año a los 1.000 Hm3 en 2027, representando así un 20% de los recursos hídricos totales para el abastecimiento de las poblaciones.

Políticas a medio plazo

Más allá del decreto de urgencia, el Gobierno subraya que la inversión en materia de agua es un compromiso que se extiende en el tiempo. Recuerda el Miteco que, además de haberla duplicado desde 2018, de los 362 millones hasta los 541 invertidos en 2022, en esta legislatura “se han sentado las bases de un potente refuerzo de las actuaciones” a través de los Planes Hidrológicos que, hasta 2027, prevén desembolsos de 22.844 millones, y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla otros 3.167 incluyendo además un PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

No obstante, y por la inminente celebración de elecciones generales, cobra todavía más importancia, antes incluso de comenzar la campaña electoral, atender cuáles son las propuestas en materia hídrica del partido que aspira a construir un Gobierno alternativo a partir del 24 de julio: el Partido Popular.

Alberto Núñez Feijóo ha criticado de forma contundente las decisiones para afrontar las consecuencias de la sequía adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándole de enfrentar a las Comunidades Autónomas usando como herramienta, precisamente, la falta de agua. Ha criticado también que, en lugar de apostar por medidas estructurales, la Moncloa haya procurado con su decreto de emergencia “engatusar” a los agricultores con ayudas directas para soterrar una “desidia” sostenida durante los últimos cinco años. Haciendo pivotar sus argumentos sobre la idea de que “el agua es un problema de país”, el PP propone un Pacto Nacional del Agua y crear una Autoridad estatal, convocando antes una Conferencia de Presidentes autonómicos.

Más allá, propone establecer una planificación para depurar todo el agua de las depuradoras y que esta sea apta para ser reutilizada en la agricultura. Además, entiende que a través de un programa de modernización de los sistemas de abastecimiento, se lograría “no perder entre un 20 y un 30% de agua en cañerías antiguas y rotas”.

Por último, y criticando el plan de inversiones por entenderlo insuficiente, se compromete a aprobar un presupuesto de entre 40.000 y 50.000 millones de euros para políticas hídricas.

El Gobierno hoy ya en funciones, por boca de la vicepresidenta para la Transición Ecológica Teresa Ribera, ha cargado duramente contra las posiciones de Núñez Feijóo. Le ha recordado, por un lado, que el plan nacional del agua ya existe, y que se ejecuta a través de los Planes Hidrológicos. Entiende Ribera que Feijóo plantea derogar estos planes que, ahora, contemplan los distintos escenarios climáticos y están avalados mayoritariamente por las autoridades de cuenca.

España se asoma estos días al inicio de una campana electoral que se promete ardua, también en lo referente a la confrontación de políticas hídricas si se atiende a las líneas ya disparadas durante la campaña de las autonómicas y municipales. Siempre que las lluvias, cuando vuelvan, no agüen un debate, el de la política hídrica, que sólo despunta cuando falta precisamente de lo que se habla: el agua.