Las comunidades receptoras se levantan en armas por el agua del Tajo

Cuando quedan poco más de tres meses para que se celebren las elecciones en la Comunidad Valenciana y Murcia, las autonomías más afectadas por el recorte del trasvase Tajo-Segura hacen acopio de todo el arsenal posible para enfrentar la que, probablemente, sea la última batalla derivada de la actual “guerra del agua”.

Tras meses de debates, protestas, alegaciones y negociaciones políticas, el pasado mes de enero el Consejo de Ministros aprobaba el plan hidrológico del Tajo, un proyecto que ha generado gran polémica porque contempla recortar progresivamente el agua del trasvase al Segura. El documento introduce por primera vez un caudal ecológico para el Tajo que aumentará desde los seis hectómetros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez (Madrid) hasta los 8,65 en 2027, pasando por los siete en 2023 y los ocho en 2026.

La medida ha levantado ampollas entre los regantes de Alicante, Región de Murcia y Almería. Según argumentan, la fijación de ese caudal ecológico tendrá consecuencias devastadoras para la industria agroalimentaria. Las estimaciones realizadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) señalan que el recorte de los caudales en las tres provincias implicadas suma un total de 105 hectómetros cúbicos (hm3), una cantidad que supone 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento. El sindicato asegura que, en la práctica, la disminución de agua se traducirá en la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable, la desaparición de más de 15.000 empleos, reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros y la eliminación de sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes. También alerta de que se incrementará el precio del agua de boca que paga el consumidor al aumentar la demanda de agua desalada.

El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, alega que la actualización del plan responde al cumplimiento de la legislación -tanto europea como española-, a las recomendaciones del Consejo de Estado y a las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a establecer un caudal ecológico para mantener el ecosistema del Tajo. De hecho, éste era único río que no tenía un caudal ecológico fijado y también el único que alcanzará el nivel establecido de manera progresiva, ya que en el resto de ríos los porcentajes se establecerán íntegramente desde la entrada en vigor del plan de cuenca correspondiente.

Todo parece indicar que el Miteco habría realizado esta concesión con el objetivo de paliar las consecuencias económicas que la medida tendrá en el sector agropecuario levantino ya que, según refleja el informe técnico elaborado por la Cátedra del Tajo para el Consejo de Estado, “el establecimiento de caudales escalonados en el tiempo no tiene justificación legal, ni técnica ni científica”.

Una guerra sin siglas

El recorte del trasvase ha conseguido poner de acuerdo a un destacado barón socialista, el presidente de la Generalitat Valenciana y aspirante a la reelección Ximo Puig, y a una figura también relevante en el panorama territorial del PP, el presidente de Murcia y candidato a revalidar el cargo al frente del Gobierno autonómico Fernando López Miras. Dejando a un lado las siglas de sus respectivos partidos y coordinados con el también popular Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, han presentado batalla pública y aireado sus discrepancias tanto con el líder regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como con el Ministerio de Teresa Ribera y, por tanto, con el Ejecutivo nacional.

“He dado la orden a los servicios jurídicos de la Comunidad para emprender un recurso ante el Tribunal Supremo para lograr revertir por la vía de la Justicia lo que la política no ha conseguido frenar”, fue la inmediata reacción de López Miras tras la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca.

La Junta de Andalucía seguirá el mismo camino que Murcia y también interpondrá un recurso ante el Supremo, mientras que Ximo Puig pretende generar la “menor crispación posible” y ha optado por rebajar el tono de sus reivindicaciones, si bien todavía no ha dado la causa por perdida. El presidente valenciano continúa insistiendo en que el trasvase es “irrenunciable” y anunciaba recientemente que ha encargado a la Abogacía de la Generalitat redactar un informe que recoja lo que se considere “lesivo” del decreto con el objetivo de recurrir todo aquello que perjudique los intereses de la Comunitat.

También Emiliano García-Page ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Gobierno regional para que se personen en los tribunales competentes, pero en este caso, para defender el acuerdo aprobado por Gobierno central respecto al Plan Hidrológico del Tajo.

En paralelo, el sector de los regantes ha emprendido su propia batalla legal y según anunciaba el presidente de Scrats, Lucas Jiménez, también denunciarán en el Tribunal Supremo el recorte de la transferencia hídrica por “la visceralidad de Ribera”.

Agua desalada como alternativa

Uno de los puntos clave de la nueva planificación hidrológica se basa en sustituir el porcentaje recortado del trasvase por agua desalada. Para ello, el Gobierno central ha acordado invertir “la mayor cantidad de recursos jamás destinada”, 8.000 millones de euros, a infraestructuras hidráulicas que fomenten la desalación, la reutilización y faciliten la conexión entre desaladoras. De esta cantidad, 1.100 millones se destinarán a “garantizar” el acceso al agua en Murcia, 540 millones se han adjudicado a Alicante y más de 44 millones a Almería.

Según la ministra Teresa Ribera, estos recursos adicionales permitirán obtener “como mínimo” 140 hectómetros cúbicos nuevos, es decir, un volumen “superior al agua que se dejaría de trasvasar incluso en época de sequía”. Asimismo, ha subrayado que el Gobierno no quiere que estos recursos supongan una “carga inasumible” para los agricultores y se ha comprometido a poner un precio tope de 34 céntimos para el agua desalada, a incrementar las inversiones en renovables y a mejorar la eficiencia del regadío. “Alicante tendrá agua, Murcia tendrá agua, Almería tendrá agua”, ha recalcado la ministra para la Transición Ecológica.

En un intento por acercar posturas con Madrid e intentar calmar los ánimos de los agricultores, Ximo Puig ha declarado que seguirá ayudando al sector agrario y ha anunciado que el Gobierno regional rebajará en diez céntimos el precio del agua desalada fijado por el Ejecutivo nacional, con lo que pasará de 34 céntimos por metro cúbico a 24.

Sin embargo, los regantes insisten en que el agua desalada no es una alternativa “ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental”. Aseguran que es un 500% más contaminante y que, además, va a suponer un coste inasumible. Como prueba, recuerdan que la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) afirma en su planificación 2022-2027 que estas aguas “sólo son competitivas en situaciones puntuales de muy grave escasez, producciones de alta rentabilidad, o en caso de disponibilidad de agua con otro origen y a coste inferior para su mezcla”.