La guerra del agua pone en evidencia la necesaria inversión en depuración
La guerra del agua que enfrenta a las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Andalucía con el Gobierno central y Castilla-La Mancha se ha convertido en la evidencia más clara de la necesidad de reforzar la inversión en depuración durante los próximos años.
El Ministerio de Transición Ecológica ha intentado un acercamiento político a un asunto que sabía de antemano que iba a provocar una airada reacción de los regantes. La vicepresidenta Teresa Ribera ha planteado un incremento del caudal ecológico del Tajo-Segura de forma progresiva. Esta medida, que no se produce en otros casos similares, trata de contener las protestas de los agricultores meses antes de las próximas elecciones autonómicas, pero los miedos están muy presentes porque las cuentas de este colectivo no salen.
El impacto de la medida según los cálculos del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) supondrá, en la práctica, la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable, la desaparición de más de 15.000 empleos, reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros y la eliminación de sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes. También alerta de que se incrementará el precio del agua de boca que paga el consumidor al aumentar la demanda de agua desalada.
Por el momento, la única solución que ha encontrado el Gobierno es ampliar las subvenciones para el agua desalada. La intención es incrementar la producción y el uso mediante este tipo de plantas. Ribera confía que el futuro incremento de las energías renovables permitirá reducir el coste de desalación y hacer así que el recurso que produzcan estas instalaciones pueda llegar a ser competitivo.
Mientras se confirma o refuta esta teoría -los precios de la energía se sitúan en niveles que siguen estando por encima de la media- y que ponen en duda su sostenibilidad.
Desde el sector del agua, las ideas están claras. Lo explica Félix Parra también en este número, la reducción de la cantidad de agua disponible por culpa del cambio climático hace necesaria una planificación hídrica adecuada. El sector lamenta la falta de inversión en sistemas para poder canalizar y mantener en buenas condiciones el suministro de agua de boca y, por eso, se hace completamente necesario un gran pacto del agua que sirva para poner fin a los constantes enfrentamientos políticos y sobre todo para buscar soluciones que permitan evitar crisis futuras y garantizar temas tan importantes como la autonomía estratégica en materia alimentaria de la que suponen un importante sostén las zonas de regadío que hoy afrontan una potencial reducción de su suministro de agua.