Estado y retos de los servicios de agua urbana

Recientemente, hemos publicado el XVII Estudio Nacional de Saneamiento de Agua Potable y Saneamiento 2022, que permite conocer el estado de los servicios públicos del agua urbana, encomendados por ley a los ayuntamientos, aunque existen excelentes modelos de concentración: metropolitanos, regionales o autonómicos, o aquellas agrupaciones operativas sostenidas por empresas privadas que aportan economías de escala. Los datos corresponden al año inicial de la pandemia, donde el sector hizo un gran esfuerzo para mantener la prestación de los servicios sin merma de calidad y sin problemas para los ciudadanos. Sin duda, hay que agradecer a los operadores la agilidad para preparar planes de contingencia, la adaptación de sus organizaciones para prestar los servicios esenciales en condiciones extremas y la cooperación asociativa que se acrecentó en beneficio de los servicios de menor capacidad.

Se identifican algunas singularidades en los resultados del estudio. Así, frente a una continuidad de reducción del consumo doméstico −lo hemos ido reduciendo paulatinamente desde los 162 litros/habitante/día en 2006, hasta los 128 en 2018− el dato ha repuntado ligeramente para situarse en 131 litros/habitante/día en 2020. Esto se debe a que los ciudadanos hemos pasado más tiempo en casa y, por tanto, hemos tenido que consumir más en nuestros hogares.

Por otro lado, los operadores del sector, con indiscutible vocación de servicio público, están alineándose con los objetivos que marca Europa respecto a las acciones para luchar contra el cambio climático y con la estrategia de economía circular. En efecto, el estudio indica que entre los operadores más cualificados se están generalizando los planes de adaptación y mitigación en materia de lucha contra el cambio climático e impulso de la descarbonización. Se incrementa el porcentaje de operadores que calcula su huella de carbono, hasta el 79%. La emisión de CO2 desciende hasta los 23,14 kg de CO2 equivalente habitante/año, lo que supone una reducción de 10 puntos. La huella total per cápita nacional es de 5.030 kg de CO2 equivalente al año. También se incremente el porcentaje de operadores que dispone de un plan para mitigar o compensar la emisión de CO2, hasta el 73%. Además, pasa del 19 al 31% el porcentaje que inscribe su huella de carbono en el registro oficial de la Oficina Española de Cambio Climático, y el 29,4% del parque de vehículos es eléctrico o híbrido.

En sintonía con la Estrategia de Economía Circular hay que destacar que, según los datos del estudio, en España se reutilizaron 343 hm³ de agua depurada y regenerada -el 8,1% del agua total suministrada− lo que confirma una tendencia ligeramente ascendente durante los últimos años. Estas aguas regeneradas se destinan un 61,9% a la agricultura, el 18% al riego de jardines y zonas de ocio, el 17,4% a la industria, el 2% a la limpieza de alcantarillado y limpieza urbana, y el 0,8% a recarga de acuíferos, en este caso, todavía en proyectos experimentales.

En España, la media de consumo energético se sitúa en 1,0 KWh/m³, lo que para el ciclo integral del agua es reducido. El porcentaje de operadores que cuenta con dispositivos de aprovechamiento energético −energía verde y renovable− pasa del 69% al 80%. La generación eléctrica del sector se ha incrementado de nuevo respecto al anterior informe y se sitúa en torno a los 787 GWh/año, cifra equivalente a suministrar energía eléctrica durante un año a 580.000 habitantes.

Las formas de aprovechamiento en el sector se centran en la producción y uso del biogás generado en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), en el potencial hidroeléctrico de los caudales de agua empleados en el ámbito del abastecimiento urbano, en los procesos de secado térmico de lodos y en la instalación de energía solar en terrenos afectos a las infraestructuras y las cubiertas de edificios.

Los últimos años han estado marcados por un fuerte impulso de la digitalización dentro del sector del agua urbana y puede considerarse una tecnología madura entre los operadores líderes. Esto sin duda ha sido un factor trascendente, junto a la necesidad de conocer fielmente los usos del agua, para que se haya decidido la puesta en marcha del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las tarifas del agua siguen siendo muy bajas e insuficientes para garantizar la sostenibilidad de los servicios. La media ponderada nacional, en este año 2022, es de 1,97 €/m³ (sin IVA). Las tarifas son muy heterogéneas en función de la localidad y no cubren todos los costes de los servicios de agua urbana, lo que está repercutiendo en el progresivo deterioro de las infraestructuras.

Dado el carácter vital y esencial del agua -servicio público y derecho humano- tradicionalmente los operadores del agua urbana cuentan con mecanismos de acción social que consisten en bonificaciones de la tarifa de agua y/o Fondos de Solidaridad, correspondiendo a los poderes y administraciones públicas la determinación de los beneficiarios. Mecanismos que superan las condiciones legales establecidas por el Gobierno para luchar contra la crisis provocada por el Covid.

Insistimos en que es necesario establecer una estructura de costes y tarifaria, clara y transparente para el usuario, para que el precio del agua refleje su valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las necesarias inversiones para actualizar el complejo patrimonio, y frenar el deterioro con el que las entregaremos a las siguientes generaciones. Reiteramos que debería producirse una subida tarifaria escalonada, controlada y progresiva en los próximos 10 años, que iguale a España con los niveles europeos; y dar así cumplimiento a preceptos de la Directiva Marco del Agua como la “recuperación de costes”, la “adecuada contribución del usuario” y “quien contamina paga”, que cumplen los países más avanzados del norte de Europa. Económicamente, el sector apenas representa el 0,68 del PIB y para una familia el agua urbana solo supone el 0,9% de su presupuesto de gastos. Esta escasa repercusión puede explicar el olvido social del agua. Se hace imprescindible un pacto social y político para que el agua recupere su importancia en la agenda pública de nuestra sociedad.