Canarias quiere alcanzar la neutralidad climática en 2040
La recién aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética se adelanta diez años al límite que se ha marcado la Unión Europea y el resto de España.
El riesgo de la erosión de suelos fértiles, los fenómenos marítimos adversos y su amenaza a playas y costas y los daños ocasionados por los episodios de lluvias torrenciales son, si bien los más relevantes, únicamente tres de los efectos del cambio climático que más palpitan en el archipiélago canario.
Territorio especialmente expuesto a los efectos del calentamiento global, está calculado que desde los años 80 el nivel del mar se ha elevado en el archipiélago entre cinco y diez centímetros, y las previsiones apuntan a que lo habrá hecho, al menos, hasta medio metro antes de que termine el presente siglo.
Ante esta perspectiva, el Parlamento de Canarias acaba de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la más ambiciosa de España y redactada con la voluntad de adelantarse una década a los compromisos del país y de Europa por aspirar a conseguir la descarbonización de las islas en 2040.
El texto articula obligaciones tanto para el sector público como para el privado. En primer término, establece que en 2030 todas las instituciones públicas de las islas deberán ser abastecidas al 100% por fuentes de energías renovables, quedando sustituidos los equipos que se alimenten con combustibles fósiles.
Además, todos los organismos deberán reemplazar sus flotas de vehículos actuales por otros de emisiones nulas en un plazo máximo de diez años.
Por otro lado, y sobre el alumbrado público, deberá quedar implantada una red que observe la eficiencia energética y de neutralización de la contaminación lumínica antes de 2040.
En virtud de la nueva Ley de Cambio Climático de Canarias, se va a crear también el Registro de la Huella de Carbono, una herramienta diseñada para cuantificar el total de emisiones contaminantes con el fin de poder realizar un seguimiento de los objetivos generales.
A este registro deberán inscribirse, obligatoriamente, todas las explotaciones turísticas (tanto de alojamiento como de no alojamiento y complementarias), así como las empresas dedicadas a la actividad pesquera, la acuicultura y las actividades industriales y de comercio, quedando recogido el mayor porcentaje de compañías que operan en el archipiélago.
En materia de agua se creará la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas, un organismo con personalidad jurídica y autonomía administrativa y económica, que se encargará de las acciones de mitigación, adaptación, gobernanza y comunicación reguladas por la nueva legislación.
Los objetivos, en cifras
La Ley marca como ambición general que las emisiones, en 2040 se reduzcan un 90% respecto a 1990 y que, al menos, el 10% de las remanentes sean absorbidas por sumideros, logrando así la neutralidad climática. De esta forma, Canarias pasaría a emitir de 13,3 millones de toneladas de dióxido de carbono a 862.000 toneladas en la fecha límite.
Por otro lado, y en lo referente a la implantación de energías renovables, se reafirma el compromiso ya recogido por el Plan de Transición Energética de Canarias, que dibuja un consumo final del 37% en 2030 y de un 92% en 2040. En la actualidad, el apoyo de las renovables en la generación de electricidad en el archipiélago se queda a las puertas del 20%, frente al casi 48% en el sistema eléctrico nacional.
En el apartado de movilidad sostenible, el objetivo de reducción de emisiones escala hasta el 84,2% en la fecha límite de 2040, quedando prohibido superar las 480.000 toneladas de CO2. Para ello, los principales generadores de movilidad, tanto pública como privada, deberán redactar planes de sostenibilidad en el plazo de cinco años. De forma concreta, las empresas de alquiler de vehículos deberán contar con flotas de emisiones directas nulas en el plazo máximo de 15 años.
Además, la Ley insta a que los presupuestos regionales sean escritos, desde ahora, con una perspectiva climática, y reclama que el 2% del PIB de la Comunidad sea destinado a medidas de acción concretas en este sentido.
Celebrada como una Ley de consenso por el Gobierno regional, aunque ha recibido multitud de enmiendas de los partidos de la oposición, el texto ha sido finalmente aprobado incluyendo más de 384 aportaciones ciudadanas recopiladas durante los dos periodos de exposición pública.