La UE ultima una ley pionera para frenar la deforestación importada
El reglamento, que previsiblemente se aprobará en junio, obligará a las empresas que comercializan productos críticos como la soja, el cacao o el café en el mercado comunitario a rastrear su origen y demostrar que no están vinculados a la destrucción o degradación de los bosques tropicales.
Objetivo: preservar los pulmones del planeta. Y es fruto del compromiso pero, también, un ejercicio de reparación para con las masas forestales del mundo. La Unión Europea es, sólo por detrás de China, el mayor responsable de la deforestación tropical, con un total del 16% del total mundial (más de 200.000 hectáreas deforestadas sólo en 2017 y un nivel de emisiones de CO2 asociadas de 116 millones de toneladas). Por eso, los Estados miembros han suscrito un acuerdo con rango de ley que pretende poner freno a la tala de árboles, estableciendo una regulación diseñada para asegurar que las empresas que quieran comercializar en el mercado europeo hasta siete productos entendidos como clave -además de sus derivados- deberán certificar que con su producción no se ha contribuido ni a la deforestación ni a la degradación de los bosques del planeta.
Asimismo, la Unión Europea acaba de adoptar un pacto por el que marca como obligación a sus miembros el aumentar en un 15% los sumideros de carbono para los sectores del uso de la tierra y la silvicultura de cara a 2030.
La sobreexplotación de los recursos naturales es uno de los factores que con más virulencia está provocando la pérdida acelerada de las masas boscosas y de, por tanto, la biodiversidad que atesoran. Esta realidad, sumada a las evidentes consecuencias del cambio climático, sirven de resorte para que las instituciones hayan comenzado a adoptar medidas destinadas a interrumpir y, en la medida de lo posible, revertir los efectos de políticas económicas que ponen en jaque la propia supervivencia de las sociedades.
La FAO, el Departamento de Agricultura y Alimentación de la ONU, establece que el mundo ha perdido 420 millones de hectáreas de bosque (una superficie similar a la del conjunto de la Unión Europea) en apenas 30 años, los comprendidos entre 1990 y 2020. El mismo organismo concluye que la gestión de las tres cuartas partes de los bosques depende directamente de los gobiernos, siendo las masas más castigadas las que corresponden, precisamente, a las tres grandes cuencas forestales del mundo: la del Amazonas en América del Sur, la del Congo en África Central y las del Sudeste Asiático.
La primera ley contra la deforestación
“Combatir la deforestación es una tarea urgente para esta generación y un gran legado para la siguiente”. Es la conclusión repetida de forma recurrente por Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde Europeo. Más allá de suponer una sentencia que resalta lo evidente, ha servido también de acicate para que el Consejo y el Parlamento Europeo hayan suscrito una regulación que permita frenar su hasta ahora gran contribución al proceso de deforestación y degradación de los bosques tropicales.
Esta nueva regulación, cuya aprobación está prevista para el próximo mes de julio, exigirá a las empresas que comercialicen en el mercado comunitario determinados productos un certificado que confirme que no provienen de bosques sobreexplotados. La lista se ha confeccionado teniendo en cuenta cuáles son los bienes más importados que, según un estudio de impacto de la propia Comisión, se trata del aceite de palma, la soja, la madera, el cacao, el café, el caucho y el maíz. También están incluidos algunos derivados como el chocolate, los cosméticos, los muebles, los materiales de papel impreso, los productos de cuero y la carne de res.
Es compromiso de la UE revisar esta lista y actualizarla puntualmente, teniendo en cuenta los cambios en los patrones de consumo y de deforestación, y también estudiar si transcurridos dos años las normas se debe ampliar a otras masas boscosas o a espacios no necesariamente forestales, sino únicamente de alto valor para la biodiversidad o relevantes para el almacenamiento de carbono.
A la luz de esta nueva Ley, pionera en el panorama internacional, toda empresa que trabaje con estos productos y quiera hacerlos circular por las economías de los 27 deberá hacerlo acompañándolos de una etiqueta que certifique que han sido producidos en espacios que no hayan sufrido procesos de deforestación desde el 31 de diciembre de 2020 y que, más allá, observan la posible legislación medioambiental de los países de origen. Asimismo, los bienes deberán recoger información precisa sobre los terrenos de cultivo y un rastro que facilite la comprobación del cumplimiento de todas las normas.
Por último, la nueva norma, que por su formulación no requiere que sea transpuesta a las legislaciones nacionales (facilitando así su adaptación), contempla además procesos de disuasión y sanción a las empresas que la incumplan.
Timmermans confía en que, más allá, esta ley sirva de ejemplo y de motor para que otros países se sumen al compromiso europeo, confiando en que los efectos comiencen a percibirse pronto en el espacio de los 27. “Mientras realizamos la transición verde, queremos asegurar que nuestras cadenas de valores se hacen más sostenibles”, concluye.
Más sumideros de carbono
El Parlamento Europeo acaba también de aprobar la revisión del Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), cuyo objetivo es potenciar los sumideros de carbono naturales y convertir así a la UE en el primer espacio climáticamente neutro en 2050. Bruselas fija como objetivo que la absorción neta del sector UTCUTS sume 10 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2030, lo que supone un aumento del 15% respecto a la marca actual.
El reglamento obliga a los Estados miembros a redactar y aplicar objetivos nacionales para el sector UTCUTS antes del final de esta década. Estas pautas serán calculadas en función de los niveles de absorción actuales y los posibles márgenes de mejora y tendrán que comenzar a aplicarlas a partir de 2026, contando con un presupuesto para su ejecución que se desplegará hasta 2029.
Para facilitar la consecución de los compromisos vinculantes, los 27 podrán comprar y vender créditos de absorción de carbono entre el nuevo Reglamento UTCUTS y el Reglamento del reparto de esfuerzo. La Unión también contempla mecanismos de compensación para los Estados que sufran catástrofes como incendios naturales, consciente de que estos eventos dificultarán la consecución de los compromisos de forma involuntaria. Asimismo, los países quedarán expuestos a sanciones en casos de incumplimiento: si un país rebasa el porcentaje durante el periodo 2026/2029, su objetivo para 2030 se verá incrementado en una cantidad equivalente al 108% de los gases de efecto invernadero excedentarios.
Este acuerdo se suma al recién desbloqueado pacto para vetar la venta de vehículos de combustión en 2025 y a la ampliación de los objetivos nacionales de reducción de las emisiones en los transportes, los edificios, los residuos y la agricultura, integrados en el paquete de medidas Objetivo 55.