Cataluña invierte 140 millones en su plan para prevenir inundaciones

El clima mediterráneo ha presentado, tradicionalmente, un registro de lluvias irregulares. Los periodos más o menos extensos de sequías y los episodios de tormentas que provocan inundaciones relevantes son una constante en el litoral, si bien es cada vez más habitual que fenómenos meteorológicos extremos se presenten con mayor asiduidad cada temporada, espoleados por el cambio climático.

Cataluña es una de las regiones españolas más expuestas a las inundaciones. Gran parte de su territorio está vertebrado por el río Ebro, el más caudaloso de España y, por eso, el que con más probabilidad puede provocar la inundación de las zonas que atraviesa. Municipios como Deltebre y San Jaume d’Enveja, por ejemplo, mantienen a más del 85% y a casi el 65% de sus poblaciones, respectivamente, en alto riesgo de inundaciones.

Además, Girona es una de las cinco capitales de provincia que cuenta con más superficie en riesgo de inundación. La ciudad está atravesada por cuatro ríos y gran parte de su superficie se levanta sobre zonas inundables. Su orografía es asimismo un factor que precipita un gran peligro y, además, el municipio está expuesto a una climatología que provoca que los ríos puedan crecer en poco tiempo y desbordarse.

Cataluña se asoma al Mediterráneo a lo largo de unos 800 kilómetros de litoral que tampoco es ajeno a una evidente subida del nivel del mar. Numerosos estudios apuntan a que esta marca ha escalado aproximadamente diez centímetros en los últimos 30 años y las proyecciones menos optimistas adelantan que, a final de siglo, lo habrá hecho hasta un metro.

Ante estas realidades, y contando también con las perspectivas que apuntan los análisis científicos sobre los efectos del cambio climático, la Generalitat de Cataluña ha aprobado el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) y su Programa de medidas para el ámbito de las cuencas internas, que establecerá las pautas a seguir hasta 2027, en paralelo a la recién aprobada planificación hidrológica.

Dotado de una inversión superior a los 140 millones de euros, la mayoría aportados por la Agencia Catalana del Agua, contempla medidas concretas de actuación y, también, un cariz analítico, dispuesto a examinar los efectos del cambio climático en las inundaciones fluviales y a preparar medidas de adaptación a más largo plazo.

Procurando implicar a todas las Administraciones públicas e instituciones relacionadas con la gestión de episodios de inundaciones (ordenación territorial, urbanismo, protección civil, etc.), el PGRI recién aprobado define una serie de objetivos generales que pivotan sobre los criterios de planificación multisectorial.

En primer lugar, se plantean pautas para mejorar la capacidad predictiva frente a las avenidas y el incremento de la percepción del riesgo de inundaciones.

Además, se amplían las recomendaciones y la información a compartir con la población, pensando en su autoprotección, y se plantean las acciones para reducir los riesgos y recortar la vulnerabilidad de los elementos ubicados en zonas en peligro de inundación.

En concreto, y para prevenir los riesgos, las medidas se concentrarán en el estudio de los criterios de ordenación territorial, procurando (entre otras líneas) la mejora de los sistemas de drenaje urbano. En cuanto a las acciones para la protección, se despliegan planificaciones para la gestión de cuencas, actuaciones en los cauces y gestión de las aguas superficiales.

El Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de Cataluña también recopila planificaciones y protocolos de recuperación y revisión que deben llevarse a cabo después de los desbordamientos, implicando en la proyección y ejecución de estas tareas a sectores como el de la agricultura, la ganadería o los seguros.

Cataluña se arma contra las inundaciones pero, en estas semanas, debe seguir enfrentando el fenómeno diametralmente opuesto: la sequía derivada de un periodo de ausencia de lluvias inédito desde 1905, hace más de un siglo.

Con sus embalses superando a duras penas el 25%, y en una situación de alerta enquistada desde el mes de noviembre, las restricciones de agua para la mayoría de los catalanes se mantienen activas y sin visos de ser levantadas, al menos, en el territorio al completo.