Los regantes logran que se revise el trasvase a Portugal
La presión ejercida por los agricultores y los efectos del cambio climático han hecho que los dos países se planteen modificar las condiciones del Convenio de la Albufeira.
Con un registro pluviométrico un 25% más bajo de lo habitual, el año hidrológico 2021-2022 ha finalizado como el segundo más seco desde que hay registros en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El preocupante estado de los embalses -que se encuentran en su nivel más bajo desde 1995-, y las malas previsiones para el otoño, han obligado a limitar el uso de agua en determinados sectores, especialmente el agrícola, donde los regantes llevan meses midiendo cada una de las gotas que dedican a los cultivos.
Aunque la cuenca del Guadalquivir es la más afectada por la sequía, toda España está sufriendo las consecuencias de esta situación pero, además, las cuencas que limitan con Portugal han visto cómo sus reservas mermaban considerablemente debido al trasvase que cada año deben realizar al país luso para cumplir con el Convenio de la Albufeira. Este hecho provocó las protestas de los agricultores de la zona que se manifestaron por las calles de León e incluso anunciaron medidas más contundentes como cerrar las compuertas de los embalses leoneses de Riaño y Porma por miedo a perder las cosechas de la proxima campaña debido a la sequía. También se quejaban de que el agua se desembalsaba para producir electricidad y no para consumo humano o riego agrícola.
Las movilizaciones y la cada vez más preocupante sequía que atraviesa nuestro país llevaron al Miteco a paralizar el trasvase a finales de septiembre y, además, los gobiernos de España y Portugal se han comprometido a revisar los términos del acuerdo para salvaguardar la disponibilidad de agua y enfrentar los efectos del cambio climático. En un comunicado conjunto ambas partes han señalado que “están decididas a analizar la situación y buscar soluciones que minimicen los impactos de la escasez de agua”. También han acordado “celebrar, a lo largo del próximo trimestre, una reunión de alto nivel para evaluar el año hidrológico 2021/22 y planificar el futuro del problema de la escasez de agua y la sequía en la Península Ibérica”.
Un acuerdo obsoleto
El tratado internacional, que data de 1998, regula la gestión de los cinco ríos que comparten los dos territorios y obliga a España a garantizar tierras abajo unos 2.700 hectómetros cúbicos de agua al año de las cuencas del Duero, Guadiana, Tajo y Miño-Sil.
El acuerdo establece caudales mínimos en diferentes puntos de los ríos implicados, pero permite incumplir esos porcentajes si durante el año hidrológico en curso ha llovido un 35% menos de la media registrada en los diez últimos años. Cuando la falta de precipitaciones impide alcanzar el caudal acordado se impone una penalización económica equivalente a la electricidad que ese caudal puede producir en las presas hidroeléctricas que se ubican en la frontera portuguesa.
El problema aparece cuando, como ha ocurrido en 2022, la cifra no se alcanza por muy poco, ya que las precipitaciones del año hidrológico que acaba de terminar han sido un 32,12% más bajas que en la década anterior.
En este contexto, a mediados de julio comenzaron a producirse desembalses en diferentes pantanos de la cuenca del Duero. Los primeros perjudicados fueron los agricultores de Salamanca, con los desembalses extraordinarios de Santa Teresa, Águeda e Irueña y unas semanas más tarde el problema se extendió a León, con las sueltas en los embalses de Riaño y Porma. En principio estaba previsto trasvasar entre 340 y 400 hectómetros cúbicos, pero el desembalse se ha parado en los 200.