Europa amplia el ‘derecho a reparar’ para reducir la basura electrónica

Los dispositivos electrónicos y los equipos eléctricos se han convertido en el máximo exponente de la sociedad contemporánea. En las últimas décadas el desarrollo tecnológico ha ido conquistando poco a poco distintos ámbitos de la vida hasta el punto de transformar nuestro modo de pensar, sentir, actuar o relacionarnos y en los países desarrollados es ya prácticamente imposible imaginar nuestro día a día sin lavadoras, ordenadores o teléfonos móviles.

El uso abusivo que en muchos casos hacemos de los dispositivos, el vertiginoso ritmo al que evoluciona la tecnología y la cada vez más extendida obsolescencia programada hacen que el ciclo de vida de estos aparatos sea cada vez más corto, por lo que no es de extrañar que cada día se desechen en el mundo toneladas de productos electrónicos. Según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) a nivel global se generan cerca de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos cada año.

En la Unión Europea la electrónica es la fuente de residuos que más crece y los últimos datos disponibles señalan que en 2017 se recogieron más de 3,5 millones de toneladas de las que solo se recicló el 40%.

La basura electrónica genera un problema medioambiental y económico, ya que la Fundación Energía e Innovación Sostenible calcula que una familia de cuatro miembros puede llegar a gastar a lo largo de su vida 50.000 euros a causa de la obsolescencia programada. Pero también constituye un obstáculo para la UE en su transición hacia un modelo de economía circular que, siguiendo las directrices del Pacto Verde Europeo, busca alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Además, una reciente encuesta del Eurobarómetro muestra que el 77% de los consumidores preferiría reparar sus dispositivos, pero tiene que comprar otros o tirarlos, debido a los costes de reparación y a la falta de servicios prestados.

En consonancia con sus objetivos ecológicos, la Unión Europea pretende ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva de diseño ecológico que establece normas para mejorar el comportamiento medioambiental de determinados productos y que fue actualizada en 2020 para impulsar la reducción de este tipo de residuos. La norma expone objetivos inmediatos como el “derecho a la reparación” y la mejora de la reutilizabilidad en general, la introducción de un cargador común y el establecimiento de un sistema de recompensa para fomentar el reciclaje de productos electrónicos.

Ahora, la Comisión Europea quiere ir un paso más allá y tiene previsto presentar antes de que acabe el año una propuesta legislativa sobre el derecho de reparación para incluir requisitos adicionales que garanticen la sostenibilidad de los dispositivos. Esta iniciativa es fruto de los llamamientos realizados por los grupos de defensa de los consumidores, que desde hace tiempo cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo.

Un régimen mejorado

La propuesta europea pretende que los productos sean reparables de forma segura, se desmonten fácilmente y duren más tiempo. Concretamente consideran conveniente extender la vida útil de los aparatos hasta los cinco años de media como medida para reducir los costes energéticos y la necesidad de materias primas.

Asimismo, pide que la nueva ley incluya incentivos para que los consumidores opten por reparar en vez de sustituir los productos y también que se obligue a los fabricantes a poner a disposición de los usuarios todo lo necesario para que sus dispositivos puedan ser reparados por profesionales o por ellos mismos durante al menos cinco años. Entre esos repuestos se incluirían los más sensibles como la batería, la pantalla, las cámaras, los puertos de conexión y carga, los botones físicos, los micrófonos o los altavoces.

Los eurodiputados también quieren que los fabricantes garanticen las actualizaciones informáticas durante al menos tres años para el sistema operativo, y un mínimo de cinco años en el caso de los parches de seguridad; también plantea otras cuestiones como el diseño de normas armonizadas sobre información al consumidor respecto a la reparación de los productos, así como la ampliación de las garantías.

Apple ha sido una de las primeras empresas en ofrecer a sus clientes un programa de reparación. Su servicio Self Service Repair permite a los usuarios particulares obtener las piezas necesarias y el manual de instrucciones para reparar en casa sus dispositivos. Microsoft, por su parte, se ha asociado con iFixit para garantizar que los servicios técnicos independientes puedan acceder a la compra de herramientas y repuestos oficiales. Y Samsung ha lanzado un programa que permitirá reparar algunos de los productos de su catálogo.

Otros fabricantes, en cambio, no se han mostrado tan colaboradores con la causa. Los representantes de Xiaomi en Europa señalan que las actualizaciones no siempre dependen del fabricante, sino de terceros, y que en muchas ocasiones esto obstaculiza la posibilidad de actualizar. En esta misma línea Haidian ha declarado que las reparaciones siempre deben estar garantizadas por reparadores autorizados y utilizando repuestos originales.

Más protección para los consumidores

Los estados miembros de la Unión Europea y también Reino Unido han implementado la Directiva de Diseño Ecológico existente y en algunos países como Francia, Bélgica o Italia se ha reforzado añadiendo normas nacionales e incluso imponiendo infracciones por su incumplimiento.

En el caso de España recientemente se ha actualizado la Ley General de Defensa de los Consumidores para incluir modificaciones que protejan el derecho a reparar de los consumidores.

Así, la garantía obligatoria para cualquier bien de consumo duradero se ha ampliado de dos a tres años con la intención de cubrir los defectos de fábrica que se puedan producir durante este periodo. Además, el fabricante también estará obligado, por ley, a mantener disponibles sus piezas de repuesto durante diez años (el doble que antes), con el objetivo de facilitar la reparación.

Uno de los principales hitos que recoge la reforma de la Ley de Consumidores es la regulación sobre contenidos digitales. Ante el auge del comercio online en España, especialmente durante el último año, el Gobierno ha ampliado a dos años la garantía de esos productos (como las apps, los juegos, las plataformas de música o los libros electrónicos) y ha establecido que “tengan las cualidades de durabilidad, accesibilidad, continuidad, compatibilidad y seguridad”.

Como complemento a esta norma, el Ministerio de Consumo está trabajando en un Índice de Reparabilidad destinado a clasificar los productos eléctricos o electrónicos.

La iniciativa consiste en la creación de un sello que acompañará al producto en su embalaje y que ayudará a los consumidores a tomar mejores decisiones en el momento de la compra. El objetivo es incentivar, tanto en consumidores como en fabricantes, la reparación frente a la obsolescencia, como forma de reducir la huella ecológica.