La industria reclama una prórroga del impuesto al plástico de un año
El impuesto al plástico está generando un acalorado debate por el volumen de implicados en esta tributación, ya que afecta tanto a fabricantes como a consumidores y transportistas. El impuesto sobre los envases no reutilizables ha sido concebido como medida fiscal para incentivar la economía circular, junto con el impuesto sobre depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración. El primero pretende prevenir la generación de residuos gravando el uso de envases que contengan plástico no reutilizable y está destinado a fomentar la búsqueda de nuevos materiales de envasado y el reciclado de los residuos plásticos para frenar la contaminación derivada de este material, que no para de crecer en todo el mundo y cuyos volúmenes se han duplicado en apenas dos décadas.
El Gobierno comenzará a aplicarlo en enero de 2023 pese a las quejas de las organizaciones empresariales. Varias organizaciones agrarias y 15 patronales que representan a más de 40.000 empresas han pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aplace su entrada en vigor hasta 2024, cuando el encarecimiento de las materias primas y los costes energéticos se haya estabilizado, para poder hacer frente al incremento de costes que conllevará la nueva normativa.
Incluso Bruselas considera que la iniciativa es demasiado ambiciosa y cuestiona medidas como la prohibición del uso de sustancias tóxicas, los objetivos de reducción de residuos o la obligación de las empresas de financiar el coste de la limpieza de basura dispersa.
La ministra de Hacienda ha hecho caso omiso de estas propuestas, si bien desde Transición Ecológica recuerdan que algunos puntos del texto han sido modificados en relación con el proyecto que salió a exposición pública al inicio para adaptarlo a las peticiones de los sectores implicados. Por ejemplo, se ha rebajado del 50% al 20% el espacio que los supermercados con una superficie superior a los 400 metros deben dedicar a la venta de productos sin embalaje. También se han flexibilizado algunas medidas planteadas en torno a la reutilización de envases de bebidas, tanto para el canal horeca como para el doméstico. Pese a estas “concesiones” el sector de la distribución, la química, el motor, la droguería y la perfumería, además de la propia industria del plástico, han mostrado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con la nueva medida.
La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) advierte de que la medida puede suponer un coste de 5.000 millones de euros que deberán asumir las empresas del sector y recuerda que al impacto del Real Decreto hay que sumar otros 1.150 millones por la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor que se incorpora en la ley de residuos.