El sector industrial se rebela contra el impuesto al plástico

España enfrenta los últimos compases de un año marcado por la guerra en Ucrania y se asoma a un 2023 en el que la incertidumbre económica va a ser, como en la mayoría de los países occidentales, la nota predominante.

Las previsiones macroeconómicas se suponen y se contestan: al 2,1% del crecimiento del PIB previsto por el Gobierno se contraponen los pronósticos de la mayoría de los agentes internacionales (la OCDE cifra el aumento en un 1,5% y el FMI en un 1,2%) y también de los observadores nacionales (el Banco de España vaticina un 1,4% y el IEE anticipa una subida del 1,2%).

Los pronósticos sobre el dato de la inflación tampoco son halagüeños: el mismo Banco de España no estima una moderación por debajo del 5,6% en todo el próximo año, y otras voces como la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal considera, incluso, que se producirá una recesión técnica en nuestro país.

Todos estos factores, sumados a subida de los tipos de interés y al cambio de ciclo en la política monetaria, dibujan un escenario de gran incertidumbre en el que también se deberá hacer frente a las tensiones geopolíticas y la escalada de los precios energéticos.

El panorama desde el punto de vista empresarial no pinta mucho mejor. Los nuevos impuestos a la banca, a las empresas energéticas, el de solidaridad y el del plástico tendrán un coste de 4.235 millones de euros para las compañías, según calcula el Instituto de Estudios Económicos.

Una medida excesivamente ambiciosa.

El impuesto al plástico está generando un acalorado debate por el volumen de implicados en esta tributación, ya que afecta tanto a fabricantes como a consumidores y también a transportistas. El Gobierno comenzará a aplicarlo en enero de 2023 pese a las quejas de las organizaciones empresariales. Varias asociaciones agrarias y 15 patronales que representan a más de 40.000 empresas han pedido a María Jesús Montero que aplace su entrada en vigor hasta 2024, cuando el encarecimiento de las materias primas y los costes energéticos se haya estabilizado, para poder hacer frente al incremento de costes que conllevará la nueva normativa.

Incluso Bruselas considera que la iniciativa es demasiado ambiciosa y cuestiona medidas como la prohibición del uso de sustancias tóxicas, los objetivos de reducción de residuos o la obligación de las empresas de financiar el coste de la limpieza de basura dispersa.

La ministra de Hacienda ha hecho caso omiso de estas propuestas, si bien desde Transición Ecológica recuerdan que algunos puntos del texto han sido modificados en relación con el proyecto que salió a exposición pública en inicio y adaptarlo a las peticiones de los sectores implicados.

Por ejemplo, se ha rebajado del 50% al 20% el espacio que los supermercados con una superfie superior a los 400 metros deben dedicar a la venta de productos sin embalaje. También se han flexibilizado algunas medidas planteadas en torno a la reutilización de envases de bebidas, tanto para el canal horeca como para el doméstico.

Precios al alza.

Pese a estas “concesiones” el sector de la distribución, la química, el motor, la droguería y la perfumería, además de la propia industria del plástico, han mostrado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con la nueva medida.

Una de las más afectadas, la industria alimentaria, avisa de que su aplicación repercutirá en el precio final de los productos que integran la cesta de la compra. Isabel Goyena, directora general de Cicloplast, calcula que podría aumentar hasta un 2% el precio de los productos alimentarios, especialmente aquellos más baratos, donde “el envase es casi más caro que el producto en sí”, y un estudio elaborado por Acoplásticos hila todavía más fino: los detergentes y productos de baño sufrirán un incremento de entre un 3% y un 5%; el precio de las bebidas subirá entre un 3% y un 4% y el importe de los lácteos (leche, queso y yogur) crecerá entre un 1% y un 3%.

La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) advierte de que la medida puede suponer un coste de 5.000 millones de euros que deberán asumir las empresas del sector y recuerda que al impacto del Real Decreto hay que sumar otros 1.150 por la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor que se incorpora en la ley de residuos.

“Es el momento de ayudar a las empresas, no de ponerles trabas, ya que está en juego la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos”, señalaba Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, en una jornada organizada recientemente por la Federación para analizar las consecuencias que la nueva normativa tendrá en el desarrollo de esta actividad.

Frenar la contaminación.

El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables ha sido concebido como medida fiscal para incentivar la economía circular, junto con el impuesto sobre depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración. El primero pretende prevenir la generación de residuos gravando el uso de envases que contengan plástico no reutilizable y está destinado a fomentar la búsqueda de nuevos materiales de envasado y el reciclado de los residuos plásticos para frenar la contaminación derivada de este material, que no para de crecer en todo el mundo.

Y es que según un informe publicado recientemente por la OCDE, a nivel global se está generando el doble de residuos plásticos que hace dos décadas y lo más preocupante es que solo el 9% del total se recicla con éxito. El organismo internacional insiste en que si no se toman medidas, los residuos plásticos mundiales podrían triplicarse para 2060. Además, los plásticos son de las materias que más se encuentran entre los desechos marinos y al ser ingeridos por los animales acaban introduciéndose en la cadena alimentaria humana.

A pesar de que las cifras todavía tienen mucho margen de mejora, se puede decir que España es un referente en reciclaje de plásticos y se posiciona como el segundo país de la Unión Europea en reciclado de envases (por detrás de Alemania) con un índice total de reciclado de envases (domésticos, comerciales e industriales) del 50,7% en 2019 y de un 51,5% en 2020, superando la tasa media europea que coloca en el 46%, según Eurostat.

Los porcentajes de reciclado han ido evolucionando año tras año en nuestro país y los últimos datos presentados por Cicloplast muestran que en 2021 se reciclaron 677.096 toneladas de envases domésticos, un 10% más que el ejercicio anterior, gracias al compromiso de los ciudadanos con el reciclaje de envases y su implicación con la recogida selectiva municipal.

Fiscalidad verde para proteger el planeta.

Mientras algunos expertos cuestionan el impacto de los nuevos impuestos para el medio ambiente, otras voces abogan por incrementar la tributación sostenible para luchar contra el cambio climático y generar nuevas fuentes de ingresos. El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, elaborado por encargo del Ministerio de Hacienda, dedica un capítulo completo a la fiscalidad medioambiental y plantea la creación de nuevos tributos o la modificación de algunos que ya están en vigor para desincentivar los consumos y las actividades más contaminantes.