Luis Palomino, secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos (Asegre): “Eliminar residuos mediante depósito en vertedero es necesario en el contexto de la economía circular”
La gestión y tratamiento de residuos peligrosos en vertederos contrapone la opinión de quienes defienden que se trata de una actividad sostenible y necesaria y la de quienes censuran la potencial toxicidad de estas infraestructuras. Luis Palomino, secretario general de Asegre, desgrana la actividad del sector en España.
El polémico traslado de 18.000 toneladas de granalla desde Montenegro hasta el vertedero de Nerva, en Huelva, ha puesto el foco en el flujo internacional de desechos industriales. España tiene entre 10 y 15 vertederos de residuos peligrosos y recibe alrededor de 500.000 toneladas al año de diferentes países, cuatro veces más de lo que exporta. Luis Palomino, secretario general de Asociación de Empresas Gestoras de Residuos, sostiene que son instalaciones seguras y cruciales en la consecución de los objetivos de sostenibilidad. Asegre cuenta con 51 compañías asociadas, que representan más del 70% del volumen del sector en España en todos los tipos de residuos con características de peligrosidad y tratamiento. Estas empresas emplean a, aproximadamente, 2.500 personas y tienen capacidad para tratar 5 millones de toneladas de residuos.
Asegre incide en que los vertederos de residuos peligrosos son necesarios para gestionar de forma segura desechos que no tienen otro tratamiento posible. ¿Suponen entonces muleta para la sostenibilidad?
No todos los residuos se pueden someter a tratamientos de reciclaje o de valorización, y además en estos tratamientos se producen rechazos que se deben eliminar mediante incineración o depósito en vertedero, dependiendo de las características del residuo.
Por ello se debe entender la eliminación mediante depósito en vertedero como un tratamiento complementario y necesario en el contexto de la economía circular, no como competidor con el resto de los tratamientos.
Los vertederos son instalaciones diseñadas para garantizar la calidad ambiental, en las que se aísla del entorno a residuos que no tienen otro tipo de tratamiento.
¿Cuántos vertederos de residuos peligrosos hay en nuestro país y cuáles son las principales vías de gestión para tratarlos?
Existen entre 10 y 15 vertederos de residuos peligrosos que pueden ser de depósito directo, tratamiento previo con estabilización o inertización en función de las características de residuo que se va a tratar.
El sector es capaz de asegurar la trazabilidad del residuo desde el punto de su producción hasta estas instalaciones de modo que cada residuo reciba el tratamiento adecuado a sus características en plantas específicamente diseñadas, autorizadas y operadas para tratar cada tipo de residuo.
¿Existen vertederos ilegales para este tipo de residuos?
En los bordes de la práctica totalidad de las poblaciones españolas encontramos caminos en los que se depositan todo tipo de residuos, y entre ellos residuos peligrosos como envases que han contenido sustancias peligrosas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y, especialmente, materiales de construcción con amianto.
Además, el proyecto de ley de residuos contempla impuestos al depósito en vertedero, por lo que esta tensión para el depósito ilegal de residuos se disparará.
El vertido ilegal supone un riesgo de contaminación del suelo y del agua y, por tanto, un riesgo para la salud. Por ello es fundamental luchar contra estas prácticas.
¿Hay suficientes plantas para tratar los residuos peligrosos que generamos y los que llegan de otros países?
En general la red española de instalaciones de gestión de residuos peligrosos es excedentaria para los residuos producidos en nuestro país, y puede tratar residuos de otros países, aunque es deficitaria para algunos residuos, como los que se tienen que someter a valorización energética e incineración. En cualquier caso, esta red debe entenderse como un conjunto de instalaciones especializadas para tratar los distintos tipos de residuos existentes. Esas instalaciones se han diseñado, autorizado y operan de acuerdo con la legislación europea de emisiones industriales, que incluye las mejores técnicas disponibles. Y en el caso de los vertederos, la correspondiente directiva y legislación de desarrollo que fija las condiciones constructivas, de explotación y aceptación de residuos en el vertedero, el sellado y la vigilancia de 30 años tras la clausura.
Por lo tanto, tenemos capacidad excedentaria y ofrecemos calidad ambiental equiparable a la de cualquier otro país europeo.
¿Qué porcentaje representan los residuos peligrosos dentro del volumen total de residuos industriales en España?
Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) este tipo de residuos representan un 3%. Por tanto, para un total de 40 millones de toneladas, los residuos peligrosos supondrían cerca de 1,2 millones de toneladas.
¿Cómo afectará al sector la aprobación de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados?
Esperamos que afecte positivamente por la introducción de la responsabilidad del productor del residuo.
Es una medida por la que los gestores hemos peleado mucho porque supone que el productor del residuo tendrá que facilitar una información de mayor precisión sobre la composición y características del residuo y compartir la responsabilidad con el gestor tras su entrega. Para ello el productor deberá clasificar el residuo con mayor rigor para que siga la ruta de gestión adecuada a sus características, y el gestor informar sobre la trazabilidad del residuo y el tratamiento al que se somete.
La falta de información sobre las características del residuo viene suponiendo un elevado riesgo para los gestores, que tiene como consecuencias accidentes para los trabajadores e instalaciones.
También conviene recordar el gran esfuerzo que están realizando los gestores para digitalizar la actividad y en concreto los traslados de residuos. Sin embargo, nos estamos encontrado con la aparición de múltiples plataformas autonómicas para esta tramitación, que están fraccionando el mercado y complicando notablemente la actividad.
Asimismo, es necesaria una mayor dotación de medios por parte de las administraciones competentes para este capítulo del control y seguimiento de la gestión de residuos.
La ley permite que las administraciones autonómicas puedan revisar los tipos impositivos al alza, por lo que se prevé que se mantenga la actual falta de armonización y se continuarán trasladando los residuos entre comunidades autónomas en busca de tipos impositivos más reducidos. ¿Qué impacto tendrá esta medida?
El escenario es que en el medio plazo existan desajustes entre los tipos impositivos aplicados por las comunidades autónomas. Lamentablemente es una oportunidad perdida para que la ley, al menos, hubiera planteado una subida armonizada de los tipos impositivos.
¿Qué medidas proponen desde la Asociación para solucionar este problema?
Tal y como está planteada ahora mismo la ley hay poco margen de maniobra. El Partido Popular planteó una enmienda que proponía llevar a cabo una subida armonizada, pero fue rechazada por el Congreso. En este contexto, la única opción sería establecer criterios de ámbito nacional y que las comunidades autónomas los respetasen y los aplicasen.
¿Cómo contribuyen los gestores de residuos a impulsar la economía circular y a los ODS?
Los gestores de residuos son un actor clave en el paradigma de la economía circular considerando que participan en todas las fases que van desde la recogida del residuo, su descontaminación, tratamiento y reintroducción en el ciclo productivo. Los gestores investigan, innovan e invierten continuamente para que las materias recuperadas sean más seguras y semejantes a las materias primas vírgenes. La contribución de los gestores de residuos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se refiere a cuestiones ambientales como es la reducción de la contaminación en el agua y el suelo, y por tanto a la salud, la mejora de la alimentación y de los ecosistemas. También a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a la sostenibilidad de las ciudades y a la producción y consumo responsables, entre otros.
La gestión de los residuos ha evolucionado notablemente en los últimos años y ha logrado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la reutilización y el reciclaje de los residuos. ¿Qué beneficios ambientales se han conseguido gracias a estas prácticas?
La recuperación, el reciclaje y la valorización de residuos reduce el impacto ambiental de las actividades extractivas, del transporte desde los países de origen hasta los de transformación, y de la transformación de esas materias primas, requiriéndose menor cantidad de energía y por tanto reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Así lo ha puesto de manifiesto un reciente estudio de la Federación Europea de Gestores de Residuos (FEAD).
En el caso de los residuos peligrosos podemos citar los aceites minerales, disolventes o sales de fundición de aluminio, entre otras sustancias químicas, además de otros casos más conocidos como el de los metales, principalmente aluminio, cobre o hierro, el vidrio, el papel, o los plásticos, que son fracciones recuperadas de los RAEE, envases y otros tipos de residuos, además de los residuos que, por sus características, no pueden reciclarse y deben someterse a valorización energética. Pero también tiene impactos económicos y estratégicos, como es la creación de empleo y la reducción de la dependencia exterior en materias primas y energía.
¿Qué potencial de crecimiento puede tener la industria medioambiental en este sector durante los próximos años?
La legislación de residuos establece objetivos muy ambiciosos en cuanto a recogida, reciclaje y valorización de residuos, que van a requerir un importante desarrollo del sector. Pero ello también debe venir acompañado de un esfuerzo paralelo de los órganos competentes a la hora de aplicar la legislación de residuos de forma homogénea y disponer de medios para controlar su gestión y vigilancia para luchar contra las malas prácticas, como es el vertido ilegal mencionado anteriormente. También deben ser ágiles para reducir los tiempos de autorización o de otra forma se perderán oportunidades en este sector. Es importante destacar que los futuros tratamientos de valorización deben garantizar la misma calidad ambiental que los actuales, puesto que la protección de la salud y el medio ambiente son prioritarios.
La base principal de la gestión de residuos es minimizar el riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente, no se pueden priorizar determinadas prácticas para fomentar el impulso de la economía circular. También en este ámbito sería importante contar con una serie de criterios homogéneos que regulen determinadas prácticas como la del relleno que contempla la próxima ley de residuo, de modo que se realice de forma ambientalmente segura. En cuanto a la homogeneidad en la legislación, es necesario realizar un esfuerzo para desarrollar una norma única de residuos sanitarios de ámbito español, en lugar de las doce normas autonómicas que regulan de forma dispar esta actividad.