Cómo evitar el ‘electroshock’ del campo

España es una referencia internacional y un país pionero en materia de modernización de regadíos. De hecho, de los casi 3,8 millones de hectáreas de riego, tenemos casi tres millones de hectáreas ya modernizadas mediante riego por goteo y aspersión.

Desde hace décadas, las comunidades de regantes hemos hecho un esfuerzo en materia de inversión e innovación para seguir avanzando en nuestros sistemas de riego, lo que nos ha permitido ahorrar agua y transformar los cultivos de distintas zonas del país.

Pero el avance de esta modernización se está viendo especialmente afectado por el encarecimiento de los costes eléctricos.

Frente a ello, en nuestra Comunidad de Regantes, Santa María Magdalena, acordamos construir una planta fotovoltaica de 3,5 MWp con la intención principal de minorar el coste energético y sin la cual no sería viable el riego en esta zona.

Sin embargo, desde hace un año, afrontamos unas enormes dificultades para vender los excedentes de energía que estamos produciendo gracias a nuestra planta, lo que está asfixiando económicamente y llevando al límite a muchos de nuestros comuneros.

Las comunidades de regantes jugamos un papel de primer orden en materia de eficiencia y ahorro energético, ámbitos a los que hemos destinado gran parte de nuestros recursos e inversiones y con los que estamos plenamente comprometidos.

Nuestra Comunidad de Regantes, ubicada en la provincia de Jaén, está compuesta por unos 1.250 comuneros y contamos con una superficie aproximada de 6.000 hectáreas. Su gestión es un reto día a día y nos hace enfrentarnos a múltiples desafíos.

En este sentido, la planta fotovoltaica nos ha supuesto un coste de 4,5 millones de euros y ha sido financiada íntegramente por los agricultores que forman parte de nuestra comunidad.

Esta instalación está plenamente operativa tanto para autoconsumo como para la venta de excedentes, pero los comuneros aún no hemos obtenido ninguna retribución por toda la energía conseguida y sufrimos pérdidas que ya superan los dos millones de euros.

Las compañías eléctricas, por su parte, han llegado a vender esta energía a más de 700 euros/MWh y están mostrando una actitud opaca en la gestión, ralentizando los trámites necesarios para comercializar los excedentes y dándonos largas.

De hecho, tanto la distribuidora como el operador del sistema solo atienden nuestras reclamaciones por correo electrónico o a través de la web.

Esta situación tan crítica nos ha llevado al Defensor del Pueblo andaluz para buscar soluciones, donde hemos advertido del posible efecto dominó.

También tememos que esta circunstancia conlleve otro tipo de efectos colaterales, ya que es posible que otras Comunidades de Regantes que barajen la instalación de parques para ahorrar energía puedan abandonar sus proyectos a la vista de todas las dificultades que estamos padeciendo.

Todo el mundo sabe de primera mano cómo el recibo de la luz no ha dejado de incrementarse en los últimos meses.

Pero el encarecimiento resulta especialmente preocupante en el sector del regadío, donde el recibo ha subido más de un 120% en los últimos años.

De ahí, la urgencia de arreglar nuestra situación -a nivel particular- y de aliviar la factura para los regantes -a nivel más general-.

En este contexto, y en línea con las propuestas de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), defendemos una reducción de las tarifas eléctricas.

Pedimos también que se aplique la doble potencia en el sector agrario, tal y como se recoge en la Ley, para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Es necesario, asimismo, un tipo de IVA reducido para suministros de riego, lo que, según los cálculos de Fenacore, podría abaratar nuestra factura en torno a un 30%.

El futuro a corto y medio plazo nos plantea muchas incertidumbres.

Hacemos frente a la subida de la inflación y al fuerte incremento de los costes energéticos y no podemos olvidar nuestro papel clave en la economía de nuestro país.

Los regantes, un colectivo que congrega a más de 700.000 personas y que gestiona más de dos millones de hectáreas, somos una pieza esencial en el engranaje económico y social de este país y necesitamos hacer oír nuestra voz.

¿Hay alguien ahí para evitar el ‘electroshock’ del campo?