Aragón recupera el proyecto para llevar agua a Los Monegros

El Ejecutivo regional y la Comunidad de Regantes Montesnegros impulsarán la tubería de Valdurrios, una obra que permitirá irrigar más de 6.000 hectáreas en la comarca.

Los agricultores de Monegros II llevan más de 30 años esperando a que se ejecuten las obras necesarias para llevar agua hasta esta zona, una de las más áridas de todo Aragón, y poder así ampliar la superficie dedicada al cultivo de regadío. Se trata de una reivindicación histórica contemplada en el Plan General de Transformación, un proyecto que fue declarado de interés general en 1986 para impulsar el desarrollo de la comarca, pero que lleva décadas atascado debido a diferentes trámites administrativos.

En su apuesta por impulsar la modernización del regadío en la región y desbloquear esta situación, el Gobierno autonómico lanzó el año pasado un programa de apoyo para todas aquellas comunidades de regantes dispuestas a aportar financiación. A través de esta iniciativa, la Comunidad de Regantes Montesnegros y el Ejecutivo regional han anunciado que suscribirán un convenio de colaboración para sufragar y ejecutar la tubería de Valdurrios.

Esta obra es fundamental para el avance del Plan de Modernización Integral de Regadío de Aragón (2016-2022), cuyo plazo de ejecución se extenderá hasta 2025, y prevé construir una tubería de más de 20 kilómetros de longitud y un diámetro superior a dos metros que permitirá poner en regadío inicialmente las más de 6.000 hectáreas del Sector VIII correspondientes a la Comunidad de Regantes Montesnegros, en los términos municipales de Bujaraloz (Zaragoza), Peñalba y Fraga (ambos en la provincia de Huesca).

Además, esta actuación pondrá en valor otras obras ya ejecutadas por las diferentes administraciones, como la construcción de la balsa de almacenamiento, caminos, desagües o drenajes enterrados, así como las realizadas en las fincas, que cuentan desde hace tiempo con los hidrantes y las tuberías secundarias. Según el Gobierno de Aragón, también supondrá un “revulsivo en la zona, tanto en generación de economía endógena, como en creación de empleo y oportunidades de futuro en una zona rural con alta despoblación” y “contribuirá a una menor dependencia de importaciones de materias primas”.

La ejecución de la obra se llevará a cabo a través de la empresa pública Tragsa y su presupuesto asciende hasta los 51,6 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Aragón aportará 22 millones en cuatro anualidades hasta 2025.

Un largo contencioso

La paralización de los regadíos de Monegros II data de mediados de los años 90, cuando la organización ecologista SEO BirdLife elevó una queja a las autoridades comunitarias que dio lugar a un acuerdo por el que la superficie que inicialmente estaba previsto regar se redujo en un 30% -dejándola en 27.000 hectáreas- al mismo tiempo que se declaraban 104.000 hectáreas de Zonas de Especial Protección de Aves.

El acuerdo obligó a realizar concentraciones parcelarias y a repartir las propiedades de los agricultores en dos partes para distribuir las cargas ambientales. Las fincas quedaron divididas en una zona regable y otra no regable pero determinados municipios, como Farlete y Monegrillo, quedaron por completo en secano, ya que la superficie inicialmente regable se vio afectada por las nuevas Zonas de Protección. La organización ecologista ha solicitado recientemente que Los Monegros sea declarado Parque Nacional para dotar de protección a este ecosistema estepario que considera amenazado por la agricultura intensiva.

212 millones para impulsar el regadío

Desde el 2016, el Gobierno de Aragón ha comprometido 212 millones de euros en subvenciones para creación y modernización de 46.000 hectáreas de regadío en la Comunidad, que han movilizado una inversión de casi 500 millones de euros por parte de más de 7.000 regantes beneficiarios. Desde el Ejecutivo autonómico señalan, sin embargo, que todavía se necesitan cerca de 600 millones de euros para proyectos pendientes de ejecutar. Así, en los próximos meses lanzará una nueva convocatoria dotada con 21 millones de euros que permitirá reactivar las obras que llevan décadas paralizadas.