Los regantes claman ante la revisión del Plan de la Fresa

La ampliación de los regadíos en el entorno del Parque Natural de Doñana ha avivado una disputa largamente soterrada entre regantes. En un contexto de sequía y pesando sobre la zona la categoría de sobreexplotada, quienes viven de cultivos que observan la legalidad claman contra las intenciones de la Junta de Andalucía, que plantea legalizar 800 hectáreas dedicadas a la fresa -unas 1.400 según los ecologistas-, a la superficie regable del entorno de Doñana que, más allá, están consideradas hasta ahora como ilegales por no tener derechos de riego.

Apenas unas semanas después de ser declarada la situación de sequía en la cuenca del rio Guadalquivir, y pesando todavía la consideración de sobreexplotados los acuíferos de Doñana, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía, ha presentado una propuesta parlamentaria que, con el apoyo de VOX, pretende modificar el plan de regadíos de municipios del norte de la Corona Forestal de Doñana, más conocido como el Plan de la Fresa que se redactó en 2014 con el objetivo de eliminar las ilegalidades, para ampliar la zona dedicada a cultivos de regadío.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) alega que este aval es fruto de los derechos históricos acreditados y que el riego se realizará con “agua superficial” sin afectar a los acuíferos. Completa argumentando que los terrenos agrícolas que contempla el proyecto de ley “se encuentran a 30 kilómetros del Parque”.

Los regantes observan que la coincidencia entre la presentación de esta proposición de ley y el hecho de que Andalucía se esté asomando a un año electoral no es casual. No obstante, subrayan que, ante la merma del agua en la zona, el hecho de tener que repartir el recurso entre más usuarios sólo puede conducir a un conflicto cuyas proporciones son aún difíciles de calibrar.

Más allá, la ampliación de los regadíos chocaría frontalmente con las recomendaciones de la Unesco, que contempla desde 1994 el Parque Nacional de Doñana en su listado de zonas Patrimonio de la Humanidad, y que ha instado a preservarlo, y con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España en junio de 2021 por no proteger debidamente sus humedales.

El presidente Moreno Bonilla ha escogido la vía de tramitación parlamentaria para plantear la propuesta, renunciando así al decreto para que pueda ser “debatida y consensuada”, pero la vicepresidenta Teresa Ribera ha calificado el plan como un “ataque negacionista” que promueve “la ilegalidad y la destrucción del parque” y ha manifestado que no se van a “permitir explotaciones a freseros sin plantaciones legalizadas” porque “no hay agua”

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán ha asegurado que los derechos históricos a lo que alude el Gobierno andaluz no son aplicables a las 1.461 hectáreas para las que se plantea la legalización, y ha lamentado también que la Junta esté generando unas expectativas que entiende irreales, ante la situación de sequía.

Más allá, adelanta Morán que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y a quien corresponde conceder los derechos de riesgo, en ningún caso llegará a hacerlo, aunque la propuesta de la Junta de Andalucía llegue a prosperar en el Parlamento autonómico. Igualmente, el número dos del Ministerio ha criticado que esta proposición haya sido presentada una vez se ha cerrado el plazo de exposición pública de la nueva planificación de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir para el periodo 2022-2027, momento en el que se podía haber planteado esta alegación, aunque ha confirmado también que nunca se hubieran admitido más derechos de riego en la zona.

El presidente de la CHG también entiende que la propuesta del Ejecutivo andaluz carece de base jurídica y busca generar expectativas en el sector agrícola irrealizables. Joaquín Páez señala además que “poner en el disparadero internacional, europeo y nacional a Doñana y los productos agrícolas de su entorno, con mercados tan sensibles en cuanto a la sostenibilidad y trazabilidad ambiental supone tirar por la borda el trabajo y esfuerzo para dotar de credibilidad los productos de la marca Doñana”.

Asimismo, la asociación ecologista WWF ha presentado en Bruselas una denuncia ante lo que considera una “amnistía a los agricultores ilegales”. En una carta remitida a la Comisión Europea, la organización ha compartido su preocupación por el que entienden “claro incumplimiento” de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión sobre extracciones ilegales para cultivo en el Parque y solicita ayuda para garantizar su cumplimiento.