España inicia la carrera hacia la descarbonización de las ciudades

Hace 250 años únicamente tres ciudades del mundo contaban con más de un millón de habitantes: Londres, Pekín y Tokio. Desde entonces, el ritmo de crecimiento se ha acelerado exponencialmente y ya son más de 550 las urbes que superan esta cantidad a nivel global.

Hoy en día, alrededor del 55% de la población mundial vive en ciudades. De hecho, en 2007 la población urbana superó por primera vez a la rural y, según las previsiones, en el año 2050 la cantidad de personas que habita en las grandes metrópolis se habrá duplicado, de forma que casi siete de cada diez personas poblará estos espacios.

Las ciudades producen alrededor del 70% de las emisiones globales de carbono -un 30% en el caso de España-, son responsables de más del 60% del uso de los recursos, generan el 50% de los residuos globales y suponen hasta el 80% del consumo energético mundial. Además, desempeñan un papel cada vez más importante en la lucha contra el cambio climático porque, a medida que crecen, aumenta su exposición al clima y al riesgo de desastres.

Todos estos factores hacen más necesario que nunca reducir las emisiones derivadas de la actividad humana para hacer frente a la emergencia climática. Naciones Unidas considera necesario recortar un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) antes de 2030 hasta eliminarlas por completo en 2050 con el fin de limitar el calentamiento global a 1,5ºC a finales de siglo, lo que implicaría reducir la huella de carbono en 1500 millones de toneladas de CO2 equivalente al año.

Y este ambicioso objetivo pasa por diseñar una estrategia de urbanización adecuada que contribuya al crecimiento sostenible, la eficiencia energética y el incremento de la productividad en los grandes núcleos urbanos impulsando cambios en el actual modelo ambiental y energético que contribuyan a recortar principalmente las emisiones del transporte y también las generadas por el consumo energético en los edificios, los dos sectores que más influyen en la contaminación atmosférica.

Hacia la electrificación del transporte

Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero generadas por el transporte en España superan las 90 megatoneladas de CO2 equivalente, aproximadamente un tercio de la huella de carbono nacional registrada en 2019. El transporte por carretera es el principal responsable al acumular un 93% de las emisiones totales del sector.

Consciente de este hecho, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) decidió dedicar la primera convocatoria para repartir entre los ayuntamientos a cargo de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a impulsar la descarbonización de las ciudades. En concreto, estos primeros 1.000 millones se van a destinar a proyectos destinados a mejorar la calidad del aire, mitigar el ruido mediante el impulso de las Zonas de Bajas emisiones (ZBE), contribuir a la transformación sostenible del transporte público y a digitalizar la movilidad.

El ministerio liderado por Raquel Sánchez también ha impulsado la aprobación de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. Entre otras cosas, la nueva hoja de ruta pretende incrementar la eficacia y eficiencia del sistema de transporte, promoviendo la comodalidad e intermodalidad, reduciendo el consumo de energía y limitando la contaminación atmosférica y acústica para contribuir a la descarbonización a largo plazo de la economía principalmente mediante la progresiva electrificación del transporte.

En esta misma línea, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales adoptarán medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 ya que, según un informe de Anfac correspondiente a 2020, los vehículos eléctricos o híbridos enchufables suponen menos del 0,4% del parque automovilístico español, y los de cero y bajas emisiones tan sólo el 2,2%. En línea con la estrategia europea que prohibirá la venta de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que emitan CO2 a partir de 2035, la normativa española veta la venta de vehículos de gasolina, diésel e híbridos no enchufables en nuestro país en 2040.

Asimismo, obliga a 149 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes a habilitar antes de 2023 Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las que se prohíba la circulación de los vehículos más contaminantes con el objetivo de reducir el tráfico, las emisiones, el ruido y mejorar la calidad del aire.

Eficiencia energética en el sector residencial

Entre el 40% y el 70% del consumo energético para calefacción, agua caliente sanitaria y cocina en España procede de las emisiones directas de los edificios de uso residencial, comercial e institucional (sector RCI) debido al uso de combustibles fósiles (gas natural, propano, butano, gasóleo, carbón), según los expertos de la Fundación Matrix.

Hasta hace tan sólo unos años, la rehabilitación era una actividad marginal dentro del segmento de la construcción. Según datos del Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad de los inmuebles se construyó antes de 1980, cuando no existía una normativa sobre eficiencia energética para las nuevas edificaciones. Aunque a partir de 2017 este tipo de trabajos han ido aumentando paulatinamente, las cifras registradas en España son todavía muy inferiores a las de otros países de nuestro entorno.

Un importante porcentaje del parque de viviendas español debería someterse a una rehabilitación para reducir su consumo energético. Casi el 85% de los edificios españoles están acreditados con etiquetas E, F o G, las más bajas en la calificación que valora la eficiencia en función del gasto energético. Sin embargo, sólo el 0,3% de los inmuebles del país cuenta con la etiqueta A (que se corresponde con el máximo nivel de eficiencia). Se trata de una cifra especialmente significativa, ya que el consumo energético que requieren las viviendas para calentar y enfriar -entre otras cosas- es responsable del 30% de los gases contaminantes que se emiten a la atmósfera, tal y como refleja el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 tiene como objetivo rehabilitar 1.200.000 viviendas durante este periodo, aunque para conseguirlo necesitaría multiplicar por diez el actual volumen, situado en unas 30.000 viviendas al año.

En este aspecto, los fondos europeos Next Generation se han convertido en una herramienta financiera clave para promover esta actividad, ya que de los 2.253 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado han destinado al segmento de la vivienda, 1.650 proceden de subvenciones europeas y se destinarán a la rehabilitación de edificios.

Además, el Gobierno ha aprobado una primera partida del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, que dispondrá de 6.820 millones de euros en los dos próximos años para ejecutar obras de rehabilitación en edificios y viviendas particulares y también para modernizar edificaciones públicas y construir nuevas viviendas sociales.

Se espera que a través de este paquete de medidas el consumo medio de energía primaria no renovable se reduzca en más del 40% evitando la emisión de 650.000 toneladas de CO2 al año.