La Xunta dibuja su Ley para mejorar la gestión del ciclo integral del agua

El Gobierno gallego ha aprobado un proyecto de Ley destinado a mejorar la gestión del ciclo integral del agua, una nueva norma con la que la Xunta pone todos sus recursos al servicio de los ayuntamientos para ayudarles a gestionar este servicio.

El principal objetivo del texto es procurar un uso racional de los recursos hídricos y fomentar el ahorro de agua, así como optimizar el funcionamiento de las redes de saneamiento de la Comunidad, mejorando la depuración de las aguas residuales y previniendo la contaminación.

Este proyecto, que inicia ahora su trámite parlamentario, ofrece a los ayuntamientos que así lo soliciten un modelo de adhesión para que cedan directamente la gestión de sus sistemas de saneamiento, abastecimiento o depuración a la entidad pública Augas de Galicia. En la actualidad, la Xunta gestiona ya 28 depuradoras municipales, una opción que con esta nueva Ley se ofrecerá a todos los consistorios.

Gestión optimizada y coordinada

El Gobierno regional presenta este proyecto de Ley como una herramienta para mejorar la gestión del ciclo integral del agua en el territorio apostando por la integración de los servicios, la profesionalización y especialización técnica de todas las iniciativas y por la optimización de costes.

La línea de coordinación que escribe esta iniciativa descansa sobre el refuerzo del apoyo a los ayuntamientos de la Comunidad. El nuevo modelo regula, para los Concellos, la posibilidad de ceder de forma voluntaria la gestión de los servicios de aguas, de sus plantas depuradoras y de sus sistemas de abastecimiento directamente a la Xunta. De esta forma se persigue, por un lado, construir una relación de igualdad de trato a todas las corporaciones y, por otro, establecer herramientas para ayudarlas en situaciones de necesidad técnica o económica, aunque sean puntuales.

El texto camina en la línea emprendida en 2009; desde entonces, el Gobierno autonómico ha destinado más de 1.100 millones de euros a la ejecución de obras y la mejora de infraestructuras hidráulicas, para apoyar así a las localidades que las gestionan.

Con estas inversiones, los indicadores de calidad de las aguas se han visto mejorados y se han podido observar también las normativas europeas que han ido endureciendo criterios de calidad y sostenibilidad. Por ejemplo, en la actualización, la capacidad de depuración ampara a más de 3,3 millones de habitantes respecto a los apenas dos de 2009 y nueve de cada diez núcleos urbanos cumplen las directivas comunitarias frente al 50% que lo hacían hace poco más de 15 años. Ahora, la Xunta quiere también limitar la infiltración de aguas blancas para paliar vertidos contaminantes y reducir fugas en las redes de abastecimiento, así como mejorar las capacidades de eficiencia energética de todas las instalaciones.

Respetando la autonomía municipal, la Ley no establece ningún nuevo tributo, aunque sí reordena los ya existentes. Para garantizar la viabilidad económica y financiera de la gestión del agua, el texto renombra y modifica la denominación de algunos de ellos, pero sin modificarlos en su contenido para garantizar la capacidad tributaria de cada municipio y que las tarifas locales queden intactas.