Contratación pública estratégica
La contratación pública estratégica comprende la contratación ecológica, la contratación socialmente responsable y la contratación de innovación. Tiene por objeto aumentar el valor añadido para contribuir al cumplimiento efectivo de los objetivos de las políticas económica, social y medioambiental, tanto a escala local como regional, nacional y de la UE, así como a una recuperación integradora, reforzando también la resiliencia social. La contratación pública ecológica (CPE) permite a las autoridades públicas adquirir productos, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido, durante su ciclo de vida completo. La contratación pública socialmente responsable (CPSR) tiene en cuenta una o varias consideraciones que promueven objetivos sociales, tales como las oportunidades de empleo, las condiciones de trabajo dignas, el cumplimiento de los derechos sociales y laborales, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. La contratación pública de innovación (CPI) sirve de estímulo a la colaboración de las empresas con centros tecnológicos, universidades, etc., y promueve el empleo de alta cualificación.
Al igual que muchas otras empresas comprometidas con las estrategias europeas, Saint-Gobain PAM participa en la economía circular, generando empleo indirecto que favorece la cohesión social y proporciona importantes retornos a la economía local, al mismo tiempo que reduce nuestra dependencia exterior de recursos energéticos y minerales.
Los Estados miembros que consideran este tipo de contratación en su legislación nacional incluyen criterios precisos sobre la integración de las consideraciones de orden social en el proceso de contratación en forma de especificaciones técnicas, motivos de exclusión, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución del contrato. Ofrecen así mayor seguridad jurídica y una mejor orientación para los poderes adjudicadores en cuanto al gasto público. Pueden considerar información sobre las disposiciones en materia ambiental, laboral, social y de innovación para establecer un vínculo claro con la legislación sobre contratación pública y el objeto del contrato. El cálculo de impactos ambientales mediante declaraciones ambientales, así como de repercusiones sociales y el coste del ciclo de vida aporta objetividad para promover este tipo de contratación. Algunos Estados miembros incluso han ido un paso más allá y han incorporado mecanismos de evaluación adecuados en el Derecho nacional, han elaborado orientaciones o han designado un organismo para ayudar a los poderes adjudicadores a aplicar la CPSR y evaluar las repercusiones sociales de las ofertas. Aproximadamente un tercio de los Estados miembros han establecido una obligación jurídica para los poderes adjudicadores de incluir consideraciones medioambientales en sus procedimientos de contratación, para determinados sectores o grupos de productos, o si el valor del contrato supera los umbrales especificados, y los demás han optado por la inclusión voluntaria. También han incluido orientaciones sobre cómo incorporar los criterios ecológicos en los procedimientos de contratación pública, y algunos explican cómo valorar esos criterios en las fases de evaluación. Además, algunos han fijado objetivos nacionales específicos, por ejemplo, un porcentaje de la contratación pública total que debe ser de innovación para un determinado año. Otros han adoptado una estrategia nacional o un plan de acción y otros han decidido crear centros para aumentar el uso estratégico de la contratación pública y proporcionar conocimientos técnicos, compartir mejores prácticas, impartir formación y prestar apoyo metodológico en proyectos específicos.
El beneficio de este enfoque puede cuantificarse de forma objetiva. En Saint-Gobain PAM estimamos que, por cada euro público invertido en la contratación pública utilizando productos fabricados en España, al menos 0,61€ retornan de forma directa y el resto lo hace como consecuencia de la creación de infraestructuras fiables y de gran calidad; con menores costes de mantenimiento durante su vida útil y mejorando los indicadores de servicio al ciudadano. Prácticas de interés son la elaboración de una recopilación de buenas prácticas sobre contratación pública social y la elaboración de un código de conducta para los proveedores que permita evaluar si los bienes y servicios contratados se suministran de acuerdo con unas condiciones de sostenibilidad y responsabilidad social. La referencia a la legislación sobre los aspectos evaluados en la contratación demuestra la equidad metodológica, la transparencia y representatividad. El Comité técnico de Normalización UNE/CTN 198 elabora estándares que permiten adaptar los principios del desarrollo sostenible al sector de la construcción. Proporcionan medios para cuantificar los aspectos e impactos de las obras de construcción en términos de sostenibilidad en todo su ciclo de vida de forma transparente. Es el caso de la UNE-EN 15804:2012+A1, que ofrece una estructura para garantizar que todas las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) se obtienen, verifican y presentan de una forma armonizada, o la serie de Normas UNE-EN 15643 de evaluación de la sostenibilidad de los edificios y las obras de ingeniería civil, que permite definir los principios generales que deben seguir los procesos de evaluación de la sostenibilidad de las infraestructuras de obra civil, tanto desde un punto de vista general como para cada uno de sus tres pilares: social, ambiental y económico. Este tipo de evaluaciones permiten evidenciar que nuestra industria genera empleo de calidad, promueve la innovación, el ecodiseño y el respeto medioambiental, e incluye actividades consideradas esenciales, como son el abastecimiento del agua y la energía y el suministro de materiales de Saint-Gobain PAM. Según indica el informe de la Comisión, resulta fundamental aplicar de manera más estricta las consideraciones de la contratación pública estratégica a fin de contribuir a una recuperación integradora, promover una transición justa y fortalecer la resiliencia socioeconómica, en consonancia con el Pacto Verde Europeo.
Saint-Gobain PAM dispone de herramientas (PAM Tools) de cálculo de ciclo de vida, ofrece declaraciones ambientales de producto, evaluaciones sociales y de economía circular, teniendo en cuenta normas como las indicadas y las consideraciones del Reglamento UE 305/2011 de productos de construcción para la evaluación del uso sostenible de los recursos y el impacto ambiental de las obras de construcción.