Antolín Aldonza, portavoz de la Junta Directiva de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua): “Hoy el precio del agua tiene una notoria influencia política y, por tanto, se puede traducir en votos”

En los próximos seis años, la inversión prevista destinada al agua asciende a más de 24.000 millones de euros, una cantidad que será necesario gastar hasta 2026. Desde la Asociacion Española de Empresas de Tecnologías del Agua, celebran este ciclo inversor y abogan por una inversión sostenible y sostenida en el tiempo

El portavoz de la asociación, Antolín Aldonza, considera preciso ejecutar las actuaciones en ausencia de intereses partidistas y recuerda que es imprescindible llevar a cabo la reforma administrativa que contemplan los Fondos de Next Generation para acortar los plazos de las licitaciones.

La inversión prevista en materia hídrica para los próximos años ¿permitirá recuperar el stock de capital público que no ha parado de caer desde 2008?

Es una cantidad importante a la que hay que sumar los fondos que aporten los PGE en los distintos ejercicios presupuestarios, que en el Miteco para 2022 son de 443,9 millones para gestión e infraestructuras y calidad del agua. El importe de los PGE durante esos seis años, de continuar las mismas dotaciones, ascenderá a unos 3.000 millones, que representan el 0,3% del PIB, lo que hace un total de 27.000 millones, cifra equivalente al 2,7% del PIB.

Según el Análisis de las necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras de ciclo urbano de agua, realizado por AEAS y la cátedra AQUA de Economía del Agua, la inversión anual en renovación para mantener el capital de forma sostenible está situada entre 2.221 millones y 3.858 millones, que implica un desembolso anual equivalente al 0,19% y 0,33% del PIB a precios corrientes.

Si tenemos en cuenta que desde 2009 la inversión en mantenimiento ha sido del orden de la mitad de esos 2.200 millones, el déficit de inversión ha sido de 15.400 millones, pero si consideramos que hasta 2026 se han de invertir en conservación 7.200 millones, el total representa una cifra próxima a los 27.000. Además, hay que pensar en las inversiones en nuevas infraestructuras necesarias para incrementar el stock.

¿La actual crisis de suministros está impactando en el desarrollo de las inversiones que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia?

La falta de suministros afecta a todas las actuaciones en función de los materiales que utilicen y, en consecuencia, a las que contempla el Plan, lo que supone un riesgo cierto de incumplimiento de este, dado el plazo en el que se tienen que ejecutar.

Esta situación se agrava con la subida excepcional de los precios de las materias primas, energía y petróleo que son la causa de que se suspendan obras y de que las licitaciones se queden desiertas. Por eso, el Gobierno ha aprobado medidas excepcionales en materia de revisión de precios pero, a nuestro entender, no soluciona el problema tanto por su temporalidad como por su alcance.

¿Cómo impactará la reforma administrativa que contemplan los Fondos de Next Generation en los plazos de las licitaciones?

Los plazos para invertir los Fondos del Plan de Recuperación no son holgados, especialmente en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso es importante que se cumpla la reforma administrativa que propugnan, en especial en lo que respecta a la reducción de los plazos de las licitaciones, en las que el proceso que media entre el anuncio de la licitación y la adjudicación dura de ocho meses a un año.

Se impone una profunda reforma de la Ley de Contratos del sector Público para agilizar los plazos más allá de lo que lo hace el Plan de Recuperación.

Los intensos periodos de sequía serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático ¿Obliga esto a replantear la planificación existente?

Los nuevos planes hidrológicos de cuenca que entrarán en vigor próximamente lo tienen en cuenta, cosa distinta es que acierten en sus previsiones.

Para alcanzar los objetivos de una planificación objetiva, de base técnico-científica, surgida del convencimiento de la necesidad de satisfacer el interés general, no el de ideologías, ni minorías egoístas, es necesario invertir bien, pues lo contrario lleva al despilfarro. Ese objetivo solo se alcanza cuando resulta adjudicataria de la licitación la mejor oferta técnica acompañada de una oferta económica situada en el entorno del precio del mercado; si no se hace así, el poder adjudicador asume un riesgo innecesario, ya que la experiencia demuestra que la actuación al final sale más cara, tanto si se añade más dinero para que concluya, como si el contrato se acaba resolviendo; incidencias que retrasan la actuación y la encarecen. Existen formas de alcanzar la mejor relación calidad-precio, como dar a la oferta técnica, al menos, el mismo valor que a los criterios de adjudicación objetivos y aplicar para valorar estos criterios herramientas tales como los umbrales de saciedad y los umbrales de temeridad, entre otras.

Las reservas de los embalses se encuentran estos días rondando el 50%, ¿el abastecimiento de agua está garantizado?

Estas últimas lluvias han mejorado las reservas, pero estamos en lo de siempre. España es un país que engloba ámbitos geográficos y climáticos diferentes entre sí, lo que lleva a que las cuencas hidrográficas tengan distintos comportamientos, que también se dan dentro de una misma cuenca, por eso no se puede dar una respuesta global y habrá cuencas con suficientes recursos para garantizar el abastecimiento y otras que no los tendrán.

Desde Asagua han señalado en numerosas ocasiones que uno de los principales problemas del sector es el precio. ¿Se paga poco en España por estos servicios?

En España hay tanta diversidad de precios como de entes locales y esto no debería ser así, por eso seguimos abogando por un regulador único.

Es utópico pensar en un precio único para los consumidores, vivan donde vivan, pero por aquello de la debida solidaridad y de que los precios recojan todos los costes, incluidos los de nueva instalación, no debería haber tanta disparidad de precios, de ahí la necesidad de ese regulador.

Hoy el precio del agua tiene una notoria influencia política y por tanto se traduce o puede traducir en votos, por eso entre otras razones hay esa diversidad. A veces incluye precios espurios, es decir, ajenos al servicio de abastecimiento y saneamiento, lo que no es admisible, pero así están las cosas.

Según el XVI Estudio nacional de suministro de agua potable y saneamiento que hizo AEAS en 2020, el precio medio del agua en España es de 1,9 euros por metro cúbico (€/m3) y está situado en la zona baja del precio vigente en los países europeos, que generalmente supera con creces los 2 €/m3.

Europa ha sancionado a España por incumplir los objetivos en materia de depuración. ¿Qué habría que hacer para evitar que esto se repita?

Cumplir el mandato de la Unión Europea y, en consecuencia, la Agenda 2030 y tener depuradas todas las aguas.

Esto no se puede hacer de hoy para mañana, así que lo primero es construir las infraestructuras cuya carencia o mal funcionamiento ha motivado los procesos por infracción de la Directiva Marco del Agua del año 2000 y la sanción por el procedimiento de infracción que concluyó en julio de 2018.

Las inversiones previstas hasta el año 2026 podrán colocar la depuración de las aguas en un buen nivel, eludiendo así las posibles nuevas sanciones y, lo que es más importante, permitirán mejorar el estado de las masas de agua y, en consecuencia, disfrutar de un medio ambiente adecuado, que sin duda mejorará la calidad de vida de las personas.

¿En qué medida puede el Plan de Recuperación ayudar a impulsar la colaboración público-privada?

En el apartado que habla de inversiones, se puede leer: “El Plan de Recuperación contempla la movilización de inversión pública en el territorio nacional por 140.000 millones de euros hasta 2026 para llegar a impulsar hasta 500.000 millones de inversión privada”. Esta afirmación plantea el interrogante de si esto va a ser posible sin el desarrollo legal de este tipo de colaboración más allá de la cuestión de las concesiones.

La aprobación del Reglamento de la Ley de Desindexación supuso un duro golpe a este tipo de colaboración al limitar la rentabilidad del capital privado al rendimiento medio de la deuda del Estado a 10 años más 200 puntos básicos, cuando el retorno exigido en la actualidad por las inversiones en activos de infraestructuras es del orden del 6% al 7%.

Como no es de razón trabajar para perder dinero, es imprescindible modificar esta norma y desarrollar el marco legal que en el futuro regule esta clase de colaboración.

En un contexto como el actual, ¿qué puede aportar la digitalización del agua?

La necesaria modernización del sector del agua que permitirá tener controlados los recursos totales, el consumo, las pérdidas de agua, su calidad, la obtención de datos para preparar la gestión anticipada de las inundaciones y las sequías y una pronta identificación de los problemas que surjan, sin olvidar que es un cauce efectivo de información a los usuarios.

¿Es suficiente el PERTE aprobado recientemente para modernizar el sector?

El PERTE supone que la digitalización va a irrumpir con fuerza en el mundo del agua; es una condición necesaria para la modernización del sector del agua, pero no suficiente.

Un mundo tan dinámico como el del agua sigue y seguirá demandando mucha innovación, por eso son muy importantes las inversiones en I+D+i a las que España no acaba de dedicar el tan proclamado 2% del PIB.

Implantación de sistemas digitales e innovación son la garantía de un servicio público imprescindible para que la vida de las personas conserve íntegra su dignidad.

Hay muchas administraciones públicas con competencias en agua y esto provoca que algunas se vean solapadas. ¿Sería necesario retomar el diseño del Pacto Nacional por el Agua?

Para nosotros este Pacto no se debió interrumpir. El Plan buscaba, a través de los cuatro ejes en los que se vertebraba, una gestión integrada e integral de los recursos hídricos, convencionales y no convencionales, presididos por el principio ineludible de la debida solidaridad entre las distintas regiones de España; que esto es así lo demuestra la clara referencia al plan Hidrológico Nacional como instrumento que trasciende la gestión de la cuenca, al que se pretendían llevar las cuestiones que implicaran su revisión.

En términos hídricos, España es un todo holístico, una realidad distinta de sus regiones, por eso es importante trascender estas y actuar de forma integrada; se trata de inventariar los recursos que existen y satisfacer las necesidades del conjunto dándoles la debida satisfacción, cuestión resoluble si se actúa con criterios técnicos.

La aprobación del plan hubiera hecho posible, entre otras cosas, la implantación del regulador único y precios del agua sustentados por las mismas bases y, por tanto, su homogeneización y quizás se hubiera podido solventar, si no todo en parte, la cuestión de las competencias solapadas para evitar estériles interferencias.